La comisión de investigación sobre el PP pedirá mañana habilitar julio para llamar a los extesoreros

Luis Bárcenas inaugurará las comparecencias el próximo 26 de junio

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP tiene previsto pedir este martes que se habilite el mes de julio para poder citar formalmente a los extesoreros del partido para mediados de ese mes, cumpliendo así con el plan que acordaron PSOE, Ciudadanos y Podemos con la oposición de los 'populares'.

Este martes por la noche, al término del Pleno del Congreso, la Mesa de la comisión que preside Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, ha citado a los portavoces para hacer efectiva la solicitud a la Mesa de Ana Pastor para que se les permita seguir trabajando en julio, un mes que la Constitución deja fuera del periodo ordinario de sesiones, por lo que la convocatoria de reuniones requiere permiso.

Cuando se aprobó el plan de trabajo, la comisión acordó citar el 26 de junio al extesorero del PP Luis Bárcenas, que abrirá las comparecencias, y convocar para el 12 de julio en una sola sesión a otros exresponsables de finanzas de ese partido, como Álvaro Lapuerta (predecesor de Bárcenas), que podría renunciar por razones de salud; Carmen Navarro, la actual gerente actual; Rosendo Naseiro (1987-1990) y Ángel Sanchís (1982-1987).

El que fuera responsable de finanzas del PP, imputado en la trama 'Gürtel' y después en la investigación de los llamados 'papeles de Bárcenas', está obligado a acudir al Congreso en la fecha en que ha sido citado, pero puede no declarar dado que está inmerso en un proceso judicial en su contra. Está por determinar qué decisión adoptará al respecto.

En caso afirmativo, y al tratarse de una sesión 'monográfica', las intervenciones de Bárcenas en la comisión no tendrán un tiempo tasado, es decir, que podrá extenderse en sus respuestas lo que considere conveniente, según explicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

LOS EXTESOREROS, LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO

Pero para que los demás extesoreros 'populares' puedan desfilar por el Congreso ante la comisión, se debe solicitar a la Mesa de la Cámara que permita poder convocar sesiones de trabajo en julio. Tras recibir ese aval, el presidente de la comisión, Quevedo ya podría expedir las citaciones.

La reunión de este martes tendrá lugar tan sólo una semana después de que el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos unieron sus fuerzas en la Mesa del Congreso para rechazar el recurso presentado por el PP para paralizar los trabajos de la comisión de investigación hasta que los letrados realizaran un informe jurídico para delimitar el objeto de las pesquisas, así como su ámbito temporal e institucional.

Los tres partidos alegan que el objeto de la investigación quedó claro cuando el Pleno, con el apoyo de todos los grupos --incluido el PP--, aprobó su creación y que no es necesario clarificar nada más ni pedir informe jurídico alguno.

Ante este escenario, los 'populares' deberán resolver ahora si llevan este asunto al Tribunal Constitucional, tal y como llegaron a advertir en caso de que recurso recibiera la negativa del órgano de gobierno de la Cámara.

NO "TODO VALE CONTRA EL PP"

En su recurso, el PP solicitaba a la Mesa del Congreso que delimitase el objeto concreto y específico de la comisión, así como el ámbito temporal e institucional, porque, según alegaban, se estaba aplicando el "todo vale contra el PP".

En concreto, planteaban que la investigación se circunscribiese a la presente legislatura, que arrancó en julio de 2016, con el argumento de que resultaría "ineficaz exigir responsabilidades políticas a personas que actualmente están fuera de la vida política y no ostentan cargo alguno".

Ahora bien, abría la puerta a que las pesquisas se inicieran a 2015, con la entrada en vigor de la ley que tipificó el delito de financiación ilegal, e incluso planteaba que, "subsidiariamente", la investigación pudiera comenzar desde en octubre de 2012, cuando se aprobó la Ley de Financiación de Partidos que fijó las reglas que deben seguir las fuerzas políticas en materia de financiación privada.

Asimismo, los 'populares' pedían en su escrito, rechazada por la Mesa del Congreso y por la oposición en la comisión, que la investigación se ciñiera a la Administración General del Estado, dejando fuera comunidades, ayuntamientos y diputaciones provinciales.