En Comú urge al Gobierno a reforzar las incompatibilidades de jueces en casos que afecten a la banca

Aboga por un sistema disciplinario "imparcial" que "resitúe" la Justicia "al servicio de la ciudadanía y no de los poderosos"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

En Comú Podem ha registrado en el Congreso una iniciativa con la que persigue que el Gobierno impulse una reforma legal para ampliar las incompatibilidades de los jueces en casos que puedan a afectar a las grandes empresas y a las entidades bancarias.

Esta propuesta se ha presentado pocos días después de conocerse la polémica sentencia del Tribunal Supremo, que acabó fallando a favor de la banca en el pago de los impuestos sobre las hipotecas, una decisión que, según el diputado de En Comú, Jaume Moya, ha provocado la imagen "nefasta" de un Poder Judicial "sometido a las injerencias de los poderes empresariales y financieros".

Según apunta, la sentencia de las hipotecas y el papel que ha jugado en ella el magistrado Luis Díez-Picazo, cuyas vinculaciones con la banca "son más que publicas" y cuyo voto fue decisivo en la sentencia final sobre ese caso, han sido "la gota que ha hecho derramar el vaso en un panorama que lanza al barro el prestigio de los tribunales españoles".

Y es que en la iniciativa destaca que el citado juez compaginó entre 2015 y 2017 su labor como magistrados del Tribunal Supremo con la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, una escuela, dice En Comú, de la que es titular la Fundación de la Asociación Española de la Banca, "actor interesado en el referido pleito en torno a este impuesto".

¿QUÉ DICE LA LEY DEL PODER JUDICIAL?

En su texto, En Comú recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece la incompatibilidad de los jueces con todo empleo o cargo retribuido, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción o creación literaria, mientras que el Reglamento de la Carrera Judicial permite la autorización para la docencia en el ámbito privado, la participación en seminarios, cursos y conferencias, la producción y creación literaria, la participación ocasional y programas en cualquier medio de comunicación social.

Esta regulación legal, según apunta Moya, favorece la presencia "habitual" de jueces en diversas actividades públicas de diversa índole que cuentan con el patrocinio de entidades vinculadas a la gran empresa y al mundo financiero.

A ello se suma las cada vez más frecuentes ayudas directas de estas grandes empresas en estudios y publicaciones participadas por dichos representantes del mundo judicial, las organizaciones de seminarios y congresos en lugares "especialmente ostentosos y privilegiados" o la convocatoria de charlas, conferencias, ruedas de prensa y otras actividades públicas "retribuidas por entidades privadas".

Y frente a "la aparente contradicción" de estas acciones con los principios de ética judicial, En Comú denuncia el funcionamiento "irregular, parcial y corporativo" de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encargada de resolver los expedientes disciplinarios incoados por infracciones.

MÁS TRANSPARENCIA

Por todo ello, En Comú insta al Gobierno a promover una modificación de la Ley del Poder Judicial "para definir un régimen de incompatibilidades, de transparencia y de rendición de cuentas y un sistema disciplinario democrático e imparcial que acaben con estas corruptelas y resitúen la Justicia al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los poderosos", resume Moya.

En concreto, plantea limitar la participación de jueces y magistrados en actividades organizadas directa o indirectamente por entidades privadas, y para obligar a que se inhiban del conocimiento de causas judiciales en las que intervenga alguna entidad que, en el pasado, haya organizado cualquier actividad donde éstos hayan intervenido de forma retribuida.

Asimismo, establece un mecanismo de rendición de cuentas por su participación en coloquios, seminarios, cursos y conferencias que incluya, como mínimo, la declaración de retribuciones, dietas y cortesías, así como la identificación de las entidades responsables de la organización y el patrocinio de la misma.

Por último, plantea que el funcionamiento de la Comisión Disciplinaria del CGPJ responda a los criterios de "transparencia, eficacia y doble instancias", y su composición a los criterios de "equidad, democracia, paridad y rotación".