Las conclusiones del PP sobre la comisión sobre Fernández Díaz: Su gestión fue "brillante" y no hubo "policía política"

Asume que se quedará solo en la defensa del exministro y avanza que sólo aceptará que las grabaciones en su despacho fueron "lamentables"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP defiende que la gestión del diputado del PP Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior fue "brillante" y asegura que no hay elementos probatorios de que existiera una "policía política" bajo su mandato.

Éstas son algunas de las conclusiones de los 'populares' sobre la comisión de investigación del Congreso sobre el supuesto uso partidista de Interior en la etapa de Fernández Díaz que serán analizadas junto a las del resto de grupos en la reunión prevista para este jueves.

En ese encuentro, los comisionados tratarán de redactar el dictamen con las conclusiones que han extraído con la documentación a la que han tenido acceso y con los testimonios de los cinco comparecientes que han desfilado por la comisión desde el pasado de abril.

EL PLENO VOTARÁ EL DICTAMEN EN SEPTIEMBRE

El dictamen debe estar aprobado por la comisión antes del próximo 31 de julio, que es cuando caduca su mandato, antes de elevarlo al Pleno del Congreso, que lo votará previsiblemente a la vuelta del verano.

Sin embargo, se da por seguro que los 'populares' se quedarán solos en la defensa de la actuación de Interior, puesto que los grupos de la oposición no sólo consideran "probado" el uso "político" del ministerio en los tiempos de Fernández Díaz, sino que además coinciden en señalar como responsables directos al exministro, que ya fue reprobado por el Congreso, y al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.

Algunos grupos como ERC y el PDeCAT elevan el listón y apuntan también al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como "conocedor obligado" de los hechos que se han analizado en la comisión de investigación.

NO HAY RESPONSABLES POLÍTICOS

No obstante, fuentes 'populares' han explicado a Europa Press que no pueden aceptar esas acusaciones sobre todo porque, tras analizar todas las comparecencias y la abundante documentación remitida a la comisión, no ha quedado acreditada la existencia de una "policía política" y "mucho menos" la "persecución" de partidos políticos. Desde el PP defienden que todas las investigaciones llevadas a cabo por Interior en el mandato anterior fueron "exhaustivas" y "protocolarias".

Lo único que el PP admite de todos los hechos que se han investigado es que las grabaciones que tuvieron lugar en el despacho del exministro con el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso fueron "lamentables".

Ahora bien, recalcan que la resoluciones judiciales sobre estos hechos ya han concluido que esas grabaciones estaban "fragmentadas" y "descontextualizadas" y que, por tanto, no se podían usar como si se hubieran obtenido de una forma "lícita".

Con todo, el PP asegura que no existe responsabilidad política alguna sobre los hechos investigados porque, según argumentan, el otrora ministro, ahora presidente de la Comisión de Peticiones del Congreso, actuó "con respeto a la ley" y llevó a cabo un trabajo que tildan de "brillante". Asimismo, defienden que la labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ese periodo fue "rigurosa".

LA UNANIMIDAD ES "DIFÍCIL"

Teniendo en cuenta sus conclusiones y conociendo algunas de las que el resto de grupos le han hecho llegar, el PP ve "difícil" que haya unanimidad en torno al dictamen que el jueves comenzará a redactar la comisión, aunque no cejarán en su empeño de encontrar algún "punto de encuentro" con el PSOE y Ciudadanos principalmente.

Sin embargo, estos grupos están buscando un acuerdo, aunque sea de mínimos, con el resto de grupos de la oposición para las conclusiones de la investigación, al margen del PP, porque consideran probado que se utilizaron los aparatos del Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con finalidades políticas.

Dado que, como parece probable, no exista un consenso unánime en torno al dictamen de la comisión, uno o varios grupos pueden presentar votos particulares sobre los asuntos que no hayan sido incluidos en el texto consensuado. Esos textos distintos se incluirán en el informe que se eleve al Pleno de la Cámara pero se votarán por separado.