MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La condición de Junts para que las comunidades autónomas puedan disponer de un tercio del límite total del déficit, si el Gobierno quiere su 'sí' a la senda de estabilidad, quitaría unos 12.000 millones de euros en capacidad de gasto a la Administración General del Estado que pasaría a manos de las autonomías, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
En declaraciones a Europa Press, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha explicado que la "contrapropuesta" de Junts aumenta al 0,8% el margen de gasto de las comunidades. En consecuencia, la Administración Central y la Seguridad Social tendrían que repartirse el 1,7% restante.
Para el Gobierno, lo planteado por Junts va demasiado lejos, pero se ha mostrado dispuesto a moverse para alcanzar un acuerdo con la formación independentista que permita sacar adelante la senda de estabilidad, cuya tramitación ha retirado en el Congreso por la falta de apoyos.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez llevó al Congreso un techo de gasto de 199.171 millones para 2025 y una previsión de déficit del 2,5%, con la Administración Central asumiendo la mayor parte, el 2,2%, por encima del 0,2% de la Seguridad Social y el 0,1% concedido a las comunidades autónomas.
Junts sostiene que de los 40.000 millones de euros de gasto, el Gobierno se quedará casi el 90%, más de 35.000 millones de euros. "¿Y qué le toca a Cataluña?", se preguntó a principios de mes su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, para quien el Gobierno "miente" cuando dice que su propuesta beneficia a todas las comunidades.
De la Fuente ha cifrado en "entre 12.000 y 13.000 millones de euros más" lo que las autonomías podrían gastar vía déficit si el Gobierno acepta lo planteado por el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont.
Sobre este asunto, las diferentes federaciones territoriales del PSOE han evitado pronunciarse por el momento y se remiten a la posición del Gobierno y a las negociaciones que continúan abiertas con Junts para aprobar la senda de estabilidad, el paso previo a negociar los Presupuestos Generales del Estado.