El Congreso acaba con el voto rogado que desde 2011 se exige a los electores que viven en el extranjero

La reforma permitirá descargar papeletas, habilitará más centros para votar en urna y dará más tiempo de votación y para el recuento

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la supresión del voto rogado que desde hace más de diez años se exige a los electores residentes en el extranjero y que todavía se va aplicar en las elecciones andaluzas del 19 de junio. En su lugar se ha aprobado una serie de medidas destinadas a facilitar la participación de los votantes del exterior, que se calcula que estarán en vigor después del verano.

En 2011, tras la acumulación de denuncias de irregularidades con el voto de los emigrados, especialmente en comicios gallegos, los principales partidos pactaron un sistema que obliga a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a pedir el voto con antelación para poder ejercer el sufragio.

Ese sistema del voto rogado, acordado por PP, PSOE, PNV y CiU, acabó de un plumazo con las sospechas de fraude, pero también provocó el desplome de la participación electoral desde el extranjero. Con el paso de los años, hasta los impulsores de aquella reforma se fueron arrepintiendo y abogaron por dar marcha atrás.

UNA DÉCADA DE PARTICIPACIÓN EN COTAS MÍNIMAS

Más de una década después, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó la pasada semana por amplia mayoría una reforma que acaba con ese requisito y en su lugar introduce modificaciones para facilitar que los electores del exterior puedan votar en urna en las embajadas y consulados, además de por correo, y para asegurar que sus papeletas lleguen a tiempo para su escrutinio en España.

La reforma viene de una proposición de ley presentada en febrero de 2021 por los dos grupos que sustentan el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, y que estuvo congelada por sucesivas prórrogas hasta el pasado mes de abril. En las últimas semanas, su articulado fue modificado mediante enmiendas pactadas con el PP y otros grupos de la oposición.

En el proceso se desecharon todos los asuntos ajenos al voto rogado y que se habían planteado a esta reforma, como la rebaja de la edad de voto a 16 años o la revisión de la proporcionalidad del sistema electoral. Esas otras propuestas ya se discutirán en la subcomisión creada en el Congreso para explorar la posibilidad de una reforma más amplia de la ley electoral (LOREG).

El dictamen se aprobó sin votos en contra y con el apoyo de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV, mientras que los independentistas de ERC, Bildu y Junts optaron por abstenerse. En la votación de este jueves en el Pleno, ya sólo se ha abstenido el BNG.

El nuevo procedimiento para los inscritos en el CERA permitirá que esos electores puedan descargarse las papeletas de Internet y adelantará el envío tradicional de la documentación electoral, con lo que podrán elegir entre las dos opciones.

EL VOTO TELEMÁTICO, DESCARTADO POR FALTA DE GARANTÍAS

Para facilitar la participación electoral, se ampliarán los centros para votación en urna, no sólo las embajadas sino todos los consulados y los centros oficiales que se habiliten. Y del mismo modo, se ampliarán los horarios y días de votación. Los principales partidos descartaron otras opciones como el voto telemático y el voto por delegación que defendían los independentistas catalanes, ya que consideran que no ofrecen suficientes garantías.

Además, se protegerá el envío de los votos emitidos en el extranjero estableciendo que se hagan llegar a España por valija diplomática. En consecuencia, se amplía dos días el plazo del escrutinio para que las papeletas lleguen a tiempo.

Otros cambios establecen que la Junta Electoral Central deberá hacer un informe de las medias que se vayan tomando y que el CERA se actualizará cada cinco años para tener más localizados a los electores.

El texto aprobado este jueves se remitirá ahora al Senado para completar su tramitación, y dado el alto nivel de consenso, no se esperan nuevos cambios, con lo que se calcula que estará en el BOE a la vuelta del verano y que ya se aplicará en las próximas elecciones generales.