El Congreso acepta modificar los plazos de instrucción para no dejar la corrupción impune

El PSOE y Ciudadanos acusan al Gobierno de tapar las "vergüenzas" del PP y de querer influenciar en el poder judicial

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aceptado este martes replantearse los plazos de instrucción marcados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que pone un tope general de seis meses y de año y medio si se trata de investigaciones expresamente declaradas complejas. Los grupos coinciden en que la revisión de esos límites debe buscar que las causas de corrupción no queden "impunes".

El Congreso ha debatido en la sesión plenaria de este martes la proposición de ley presentada por Unidos Podemos que propone derogar del nuevo artículo 234 de la LeCrim --aprobado por el PP en la anterior legislatura--, que fija los plazos de duración de las investigaciones judiciales. La tramitación de esta iniciativa será aprobada este jueves por la mayoría de los grupos parlamentarios, entre ellos el Grupo Socialista y Ciudadanos que ya tienen registradas propuestas con este mismo objeto.

El dirigente de Podemos Rafael Mayoral ha defendido la iniciativa alegando que derogar lo que denominan "ley Berlusconi" es un "compromiso adquirido con la ciudadanía" y ha pedido consenso al resto de grupos parlamentarios para que la modificación de la ley "llegue a los juzgados cuanto antes" para "desatarle las manos a los jueces y fiscales de nuestro país para que puedan luchar contra la delincuencia económica".

De hecho, ha recalcado que esta reforma tiene que ser aprobada lo antes posible para que los procedimientos judiciales no "acaben en la papelera siendo impunes". Así, ha recordado casos de corrupción cuya instrucción han durado años como 'Gürtel' o 'Nóos' y ha asegurado que con la aplicación de esta ley no se habrían celebrado sus respectivos juicios.

TAPAR LAS "VERGÜENZAS" DEL GOBIERNO

La socialista Ana María Botella ha resaltado que los plazos marcados en la ley responde a la "voluntad del Gobierno de tapar las vergüenzas del PP, acechados por casos de corrupción". Es más, ha señalado que "sin medios no hay justicia" y ha dudado de la efectividad que puede tener que en seis meses se decida abrir juicio oral o archivar una causa.

"Sólo contamos con que la Fiscalía pida la complejidad de la causa", ha indicado, al tiempo que ha incidido en que el Ministerio Público es "imparcial" pero "no está dotado de una total independencia".

En la misma línea, se ha pronunciado la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes que ha enfatizado que el PP consigue que "todo el poder judicial se una rebelándose a las políticas del Gobierno".

Reyes ha afeado que el Gobierno intente controlar de algún modo el poder judicial y ha afirmado que ejemplo de ello son las discrepancias conocidas en las últimas semanas el seno de la Fiscalía Anticorrupción. "Afortunadamente la mayoría de fiscales quieren ser independientes", ha apuntado.

"BIENVENIDOS AL TRABAJO PARLAMENTARIO"

Por otro lado, ha saludado esta iniciativa parlamentaria de la formación 'morada' porque, según ha dicho, es la primera que presentan relacionada con la lucha contra la corrupción. "Bienvenidos al trabajo parlamentario", ha dicho al tiempo que ha asegurado que han desarrollado algo al margen de "autobuses circulando, canutazos y teatrillos varios".

Por su parte, el PDeCAT considera que los plazos marcados por ley son "extremadamente cortos" que conllevan a la "inseguridad jurídica" y a que no se garantice la tutela judicial, según ha dicho la diputada Lourdes Ciuró.

Del mismo modo, la portavoz de Justicia de ERC, Ester Capella, ha asegurado que el artículo en cuestión entra en contradicción con el 24 de la Constitución que dice que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

El diputado del PNV Mikel Legarda ha señalado que la investigación de una causa debe tener un tiempo limitado, pero ha apuntado que tampoco puede durar años debido a las consecuencias que puede tener para los investigados: "Una pena de banquillo no pude tener años de duración, salvo en un estado inquisitorial o policial. Debe tener un tiempo limitado, pero tampoco puede basarse en plazos que no pueden cumplirse", ha dicho.

El portavoz de Justicia de Compromís, Enric Bataller, ha resaltado que el mencionado artículo es un "cúmulo de incoherencias" ya que, a su juicio, para poder declarar una causa compleja se tienen que dar unas circunstancias concretas que "más que excepciones son reglas".

"UN PASO ATRÁS"

Sin embargo, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, proponer un año y medio después la derogación del artículo 324 de la LeCrim supone "un paso atrás en la protección de los derechos fundamentales". Asimismo, se ha opuesto a apoyar esta iniciativa porque, en su opinión, la cámara baja debe dar un "mejor trato" a una de las "normas más antiguas del ordenamiento jurídico".

El PP ha destacado que el Gobierno ha aprobado más de 70 medidas contra la lucha contra la corrupción para conseguir que "quién la hace la pague" y ha recalcado que no existe "injerencia" alguna del Ejecutivo en el Poder Judicial. El diputado Carlos Rojas, miembro de la dirección del Grupo Popular, ha ahondado en la independencia de los tribunales que, según ha dicho, investigan causas relacionadas con "todos los colores y en todos los territorios".

En cuanto a la modificación de los plazos de instrucción, Rojas ha defendido que los tiempos vigentes favorece a la existencia de una "justicia ágil y eficaz". "Cuántas veces hemos escuchado que la justicia lenta no es justicia", ha afirmado.