El Congreso condena las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y Podemos se desmarca porque no quiere sanciones

Los socios de la coalición evitan dividirse sobre el Tratado de Prohibición Nuclear

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes, con el voto a favor de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, una proposición no de ley (PNL) que condena "clara y rotundamente la violación reiterada de los derechos humanos del pueblo nicaragüense por parte del Gobierno de Daniel Ortega".

El texto no ha contado con el apoyo de Unidas Podemos, cuya portavoz, Lucía Muñoz, ha acusado al PP de no querer trabajar por los derechos humanos en la región, sino defender "una agenda reaccionaria" y ha apostado por una "solución dialogada al conflicto político en Nicaragua".

También ha criticado que la única propuesta sean las sanciones y ha preguntado qué harán los 'populares' si las sanciones fracasan, si "volverán a apoyar un golpe de Estado o esperarán instrucciones de la Casa Blanca".

El texto lo presentó el PP pero el que se ha sometido a votación y aprobado es una enmienda del PSOE que pide al Gobierno "exigir a Nicaragua el fin de la represión", la restitución a la ciudadanía de todos sus derechos y la inmediata puesta en libertad de manifestantes y opositores "arbitrariamente encarcelados".

También pide actuar en el ámbito europeo para contribuir a crear condiciones "que garanticen un proceso limpio, justo y transparente" de cara a los comicios previstos a finales de 2021 y para que la UE "mantenga la presión" sobre el Gobierno de Ortega aplicando de forma efectiva las sanciones individuales para responsables de violaciones de derechos humanos".

El debate de la PNL ha provocado un agrio debate entre el portavoz de Vox, Víctor González Coello de Portugal, y el diputado de IU Enrique Santiago, cuando aquel ha acusado a Podemos de "defender a los sátrapas" porque "Monedero recibió fondos" de Nicaragua y el propio Santiago ha sido defensor de Correa.

Coello de Portugal ha dicho que Santiago recibió 5.000 euros por defender a Correa y el diputado de IU le ha respondido que él defendió a Correa sin cobrarle dinero, porque le dio "la gana" y le ha acusado de hacer una "agresión de manual al derecho a la defensa, un derecho humano fundamental".

De paso, ha dicho que el Comité de Ficheros de Interpol ha anulado la orden de busca y captura dictada contra él por Ecuador por ser "una petición política". En otro momento del debate ha sido Gerardo Pisarello, del mismo grupo político, el que ha hecho un llamamiento a pedir la libertad de Julian Assange.

Nicaragua ha sido la única PNL en la que los socios de Gobierno han votado de manera diferente. En cambio, han evitado la brecha sobre el Tratado de Prohibición Nuclear, en una PNL presentada por ERC.

El PSOE rechaza firmar este Tratado, como reclama Podemos, porque considera que minaría el actual régimen de no proliferación, del que sí forman parte las potencias nucleares. La discrepancia se ha salvado con una transaccional en la que se da "la bienvenida a la aprobación del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares de las Naciones Unidas aprobado el 2017 y que próximamente va a entrar en vigor, como esfuerzo para avanzar hacia la paz, la seguridad y el desarme".

Apuesta también por seguir trabajando en las organizaciones internacionales "para contribuir al proceso de desarme nuclear, como viene haciendo mediante su participación en la iniciativa de Estocolmo y en el marco del Tratado de No Proliferación". El texto ha contado, sin embargo, con el rechazo de PP y Vox y la abstención de Ciudadanos.

La Comisión ha encontrado también un amplio consenso, con el único voto en contra de Vox, para apoyar una PNL en la que se pide al Gobierno que estudie "la posibilidad de proponer la inclusión del delito de ecocidio" en el derecho penal español y en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En este debate, eso sí, el portavoz de Unidas Podemos Gerardo Pisarello ha aprovechado para advertir de que el Acuerdo comercial con Mercosur, que el Gobierno trata de impulsar en la UE, amenaza los objetivos de biodiversidad y contra el cambio climático. "Quizá beneficie a Bolsonaro", ha dicho, pero puede suponer una "catástrofe social y ecológica para la clase trabajadora".

La Comisión también ha aprobado una PNL sobre promoción de los derechos de las mujeres en la Acción Exterior Española, especialmente ante la COVID-19, otra relativa a las garantías democráticas en los próximos procesos electorales de América Latina y otra más sobre la protección internacional de las defensoras y defensores de derechos humanos.

También ha aprobado una para pedir al Gobierno impulsar acciones diplomáticas en el seno de la Unión Europea en defensa de las exportaciones españolas tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las negociaciones sobre las relaciones futuras.