El Congreso debate mañana la idea del PP de dejar en suspenso la comisión sobre su financiación

Los 'populares' apelan a los letrados para que sólo se pueda investigar desde 2016, excluyendo así casos como Gürtel o Bárcenas

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y los Portavoces de la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP debatirá este martes la propuesta del partido de Mariano Rajoy de paralizar el inicio de los trabajos hasta determinar, previo informe de los letrados, el periodo temporal y el ámbito institucional que se pretende investigar.

Todos los grupos debían registrar el pasado viernes sus propuestas de plan de trabajo para la comisión, avanzando la documentación que consideran necesaria y los primeros comparecientes que quieren que desfilen por esa comisión. Estas propuestas iban a ser analizadas este martes en ese encuentro de la Mesa y Portavoces para que, al día siguiente, la comisión tomara una decisión.

Sin embargo, el PP, en lugar de plantear cuál sería la hoja de ruta a seguir, registró un escrito pidiendo al presidente de la comisión, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que paralice todos los trámites hasta consultar a los servicios jurídicos de la Cámara y aclarar una serie de cuestiones que considera pendientes de resolver.

Fundamentalmente se refiere al periodo temporal objeto de investigación y al ámbito institucional, cuestiones ambas que, según argumentan, no estaban definidas en la solicitud de creación de la comisión que presentaron en su día el PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos y que aprobó el Pleno del Congreso.

Los 'populares' argumentan que sólo debería investigarse lo ocurrido desde que arrancó la legislatura en julio de 2016, o como máximo desde que en 2015 se tipificó como delito la financiación ilegal, y que desde el Congreso únicamente se puede controlar la actividad de la dirección nacional del partido, no las organizaciones territoriales. Todo ello implicaría excluir los casos Gürtel, Bárcenas y Púnica y las tramas regionales que han afectado al partido en Baleares, Comunidad Valenciana o Madrid.

EL PP DICE QUE LA COMISIÓN ES "ILEGAL"

Este mismo lunes, el PP, por boca de su coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo, ha tachado de "ilegal" que la oposición quiera convertir la citada comisión en una "causa general contra el Partido Popular" e incluso no descarta acudir a los tribunales si no se rectifica esa posición.

Sin embargo, no parece que la idea del PP vaya a tener mucho apoyo por parte de los grupos de la oposición. Ciudadanos ya puso de manifiesto la necesidad de abrir esta comisión de investigación desde que la incluyó en su pacto de investidura en agosto del pasado año, mientra que el PSOE ya ha avanzado este martes que no tiene "ningún sentido" investigar sólo la financiación del PP que afecta al año 2016 cuando el 'caso Bárcenas' comenzó "muchísimo antes".

De hecho, tanto el PSOE como Unidos Podemos quieren que se investigue al PP desde sus orígenes, incluyendo el 'caso Naseiro' y toda la etapa Aznar. Ciudadanos, por su parte, apuesta por fijar en 2003 el inicio pues fue cuando Mariano Rajoy accedió a la Presidencia del partido.

El PP, en cambio, insiste en que todo debe acotarse a la presente legislatura, que arrancó hace menos de un año, pues no ve legítimo que se pidan responsabilidades políticas a quienes ya no ocupan cargos públicos.

Además del límite temporal de la investigación, la comisión intentará el miércoles decidir si las comparecencias seguirán el formato de pregunta-respuesta, sobre el que el PP tiene sus dudas, y se deciden por mayoría o si se reserva a cada grupo un cupo mínimo para que pueda citar a quien quiera. Mientras que el PSOE y Ciudadanos son partidarios de la primera opción, el PP prefiere la segunda vía para asegurarse determinados 'testigos' sin que la mayoría tenga capacidad de veto.

En su relación de cuestiones previas, el PP también quiere que los letrados dejen claro que las convocatorias de los 'testigos' se notifiquen a los afectados con suficiente antelación, con al menos 15 días, lo que de facto supone ralentizar el ritmo de las comparecencias.

EL PSOE QUIERE QUE RAJOY COMPAREZCA EL PRIMERO

En cuanto a los nombres, el PSOE es partidario de que Rajoy, a quien se le ha citado para declarar como testigo en el 'caso Gürtel el próximo 26 de julio, sea el primero en acudir a la comisión, sin descartar que se le pueda volver a citar más adelante. De su lado, tanto Unidos Podemos como Ciudadanos coinciden en que el presidente acuda el último para que pueda responder a todas las dudas que dejen abiertas quienes le precedan.

Además de Rajoy, el PSOE quiere citar a su predecesor en la Presidencia del partido, José María Aznar; a la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a sus antecesores (Ángel Acebes, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos).

También ha incluido en su lista a los ex vicesecretarios generales Rodrigo Rato y Ana Mato y a casi todos sus gerentes y tesoreros, incluidos Rosendo Naseiro y Luis Bárcenas, y los responsables de finanzas del partido en Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, así como exdirigentes del PP en estos territorios.

La relación de comparecientes propuesta por el PSOE se completa con expresidentes autonómicos como Esperanza Aguirre, Ignacio González (en prisión por la 'Operación Lezo'), Jaume Matas, Francisco Camps o Pedro Antonio Sánchez, así como con el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, en prisión preventiva por la trama Púnica, y al que el juez ha fijado una fianza de 400.000 euros para ser puesto en libertad.

UDEF, LA UCO Y EMPRESARIOS

Asimismo, quiere llamar a quienes actuaron como comisionistas o asesores fiscales o participaron en las tramas a investigar --como el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo o Élvaro Pérez 'El Bigotes'-- y a los empresarios, donantes y demás personas investigadas judicialmente.

Los socialistas también demandan que se envíe a la comisión la documentación sobre las actuaciones judiciales en curso que afectan al PP y varios informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía.

Entre la documentación requerida por Unidos Podemos destacan los sumarios de los grandes casos de corrupción que afectan al PP y la que ya se aportó a todas las comisiones de investigación sobre estos asuntos realizadas en distintos parlamentos autonómicos o ayuntamientos.

Además de los máximos exdirigentes del PP, el grupo que capitanea Irene Montero quiere escuchar a responsables policiales de la UDEF y de la UCO, así como a una serie de periodistas y empresarios, entre los que figuran Luis del Rivero (SACYR), Juan Miguel Villar Mir (OHL) y José Mayor Oreja (FCC). A esta lista de empresarios ERC añade también a Florentino Pérez, de ACS, y Juan Roig, de Mercadona.