El Congreso insta al Gobierno a "facilitar el avance de la democracia y el Estado de derecho" en Guinea Ecuatorial

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley (PNL) sobre las relaciones bilaterales con la República de Guinea Ecuatorial, en la que se insta al Gobierno a "facilitar el avance de la democracia y el Estado de derecho" en este país, en el que se celebran elecciones legislativas y municipales el mes de noviembre.

El diputado socialista Antonio Hernando ha expuesto los motivos de la presentación de esta PNL por parte de su Grupo Parlamentario y ha destacado que, pese a la celebración de estos comicios, no puede considerarse a este país africano "una verdadera democracia y un auténtico Estado de derecho" por la "ausencia de garantías".

En este sentido, se ha referido a la "sistemática incertidumbre" de la fecha de las elecciones y al hecho de que muchas de las formaciones políticas de la oposición se encuentren ilegalizadas e, incluso, en el exilio.

Por ello, el Congreso, con la abstención del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, ha solicitado al Ejecutivo que ofrezca al Gobierno de Guinea Ecuatorial su "absoluta colaboración" en "aquellos aspectos técnicos y organizativos" requeridos para la celebración de unas elecciones "con garantías".

Asimismo, se le pide al Gobierno de Mariano Rajoy que impulse en la Unión Europea (UE) un seguimiento sobre la evolución de la situación en el país africano, así como la potenciación de "la cooperación para el desarrollo humano y político con objeto de facilitar el avance de la democracia y el Estado de derecho en dicho país".

CONDENA EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA

Por otro lado, se han ratificado por unanimidad sendas PNL con motivo del "incremento de la violencia contra defensores de derechos humanos en América Latina" y de la membrecía de España como parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el trienio 2018-2020.

La primera de ellas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, reclama al Gobierno el apoyo a los países que quieren "hacer efectiva la obligación de prevenir cualquier ataque contra la vida o integridad física y garantizar a las personas defensoras de los derechos humanos que puedan desarrollar sus legítimas reivindicaciones sin miedo a represalias", además de "promover y reforzar" la protección a estos colectivos.

La segunda, propuesta de Unidos Podemos, exige entre otras cosas aprovechar la presencia española en este Consejo de Derechos Humanos para "garantizar la participación de las Cortes Generales" en la definición de la actividad de España como miembro del mismo; y el establecimiento de una mesa permanente a la que se invite a participar "a las organizaciones más significativas en el ámbito de los derechos humanos" y a los partidos políticos con el objetivo de "promover el diálogo y el consenso" en este ámbito.