El Congreso pone en marcha los trabajos para denunciar al Gobierno por evitar el control

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso tiene previsto arrancar este martes la preparación del texto del conflicto de atribuciones que va a presentar ante el Tribunal Constitucional por la negativa del Gobierno en funciones a someterse a control parlamentario por parte de las Cámaras que surgieron de las elecciones del 20 de diciembre.

En concreto, según han avanzado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa de la Diputación Permanente facultará este martes a los servicios jurídicos del Congreso para redactar ese recurso que servirá para que el Alto Tribunal siente criterio sobre este asunto para el futuro.

El pasado viernes, el Gobierno de Mariano Rajoy se ratificó en su negativa a someterse al control parlamentario, respondiendo así al requerimiento que le había hecho el Congreso. En su escrito, registrado la víspera de que acabase el plazo de respuesta, el Ejecutivo insiste en que "no se puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en que no existe una relación de confianza entre éste y el Congreso"

Según explica, un Gobierno sólo "responde solidariamente" ante el Congreso que le ha dado su confianza mediante la investidura y que, al estar en funciones, carece de capacidad para fijar la orientación política, que precisamente es lo que pretende un Parlamento al controlar a un Ejecutivo.

SÓLO FALTA REDACTARLO

Recibido este escrito, el Congreso tiene ya todos los trámites para poner en marcha el recurso al TC que ya fue aprobado por el Pleno el Congreso, con el voto en contra del PP. El presidente de la Cámara, el socialista Patxi López, puede formalizar el recurso directamente, pues tiene ya el aval del Pleno del Congreso en la votación de hace un mes, y sólo falta facultar a los letrados de la Cámara para su redacción, que es lo que se acordará este martes.

Según el procedimiento que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, una vez que reciba el escrito del Congreso, el tribunal deberá comunicarlo al Gobierno en los diez días siguientes y fijará un mes de plazo para que formule las alegaciones que estime convenientes.

Durante ese mes, podrán comparecer en el procedimiento si consideran que éste afecta de algún modo a sus propuestas atribuciones, los demás órganos legitimados para plantear este tipo de conflictos y podrán pronunciarse "en apoyo del demandante o del demandado".

A lo largo de este proceso, el tribunal podrá requerir aclaraciones a las partes y tendrá que tomar una decisión definitiva durante el mes siguiente o, cómo máximo, 30 días después del plazo que fije para la recepción de las mismas. Es decir, el proceso podría alargarse hasta el verano, pero se supone que deberá haber un pronunciamiento del TC para el primer periodo ordinario de sesiones de las Cortes que surjan de las elecciones del 26 de junio.