Unidas Podemos reivindica que los problemas de la justicia son una "anormalidad democrática"
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados se han mostrado en contra de la proposición no de ley que Vox ha llevado este martes al Pleno para intentar imponer plazos al Tribunal Constitucional (TC) para que resuelva los asuntos, una iniciativa con la que --han advertido-- en realidad busca un "cauce privilegiado" para que la corte de garantías responda a sus recursos contra el estado de alarma.
Con esta proposición no de ley, Vox insta al Gobierno a promover una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para establecer un plazo máximo de tres meses para que resuelva los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, y de dos semanas cuando se trate de recursos de inconstitucionalidad contra la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio y contra cualquiera de sus prórrogas.
La portavoz de Vox Macarena Olona ha sostenido que con estas medidas se pretende dar "un corsé de certidumbre" al TC que elimine la posibilidad de "injerencias políticas" por las cuales, según ha explicado, decide "guardarse en un cajón" unos asuntos y dar salida a otros, entre los que ha destacado que "casualmente" se encuentra el del PP contra el decreto catalán de los alquileres a apenas unos días de los comicios del 14-F.
Así, ha denunciado que el TC no ha resuelto "ni uno solo" de los recursos presentados por Vox y eso, ha enfatizado, a pesar de que algunos versan sobre "los ataques más salvajes al Estado de Derecho", como los que pretenden impugnar un estado de alarma que ha tildado de "estado de excepción encubierto" impuesto por "un Gobierno totalitario dominado por la extrema izquierda".
La intención de Vox, de acuerdo con Olona, es "dar credibilidad al TC" frente al actual marco legislativo, que --ha alertado-- "le permite actuar con absoluta discrecionalidad", avisando de que eso es la "antesala" de la "corrupción política". "Magistrados del TC, líbrense de sus grilletes", ha urgido, con una mención a Francisco Tomás y Valiente, ex presidente del TC asesinado por ETA al que ha querido dedicar esta iniciativa parlamentaria.
La diputada 'popular' Edurne Uriarte ha afeado a la portavoz de Vox esta alusión al jurista, a quien el TC rindió homenaje el lunes coincidiendo con el 25º aniversario de su muerte. "Yo me sumo, por supuesto, a todos los homenajes a Francisco Tomás y Valiente, (...) pero (Olona) lo ha situado en la corrupción política, ¡si le ha llamado corrupto!", ha exclamado.
LA "DIMISIÓN DE UN EDIFICIO"
Además, Olona ha tachado de "auténtica vergüenza" las enmiendas presentadas por Ciudadanos y PP, que proponían crear grupos de trabajo para analizar detenidamente esta reforma del TC. "Nada pueden esperar de ustedes los españoles, porque son parte del problema y, créanme, la dimisión de un edificio no va a engañarles", ha deslizado, en alusión a la decisión del PP de abandonar la sede de Génova.
La respuesta ha llegado por boca del diputado 'naranja' Edmundo Bal, que ha reprochado a Vox la falta de fundamento jurídico de su propuesta, señalando, por ejemplo, que presente como novedad el criterio de relevancia constitucional para tramitar los asuntos que el TC lleva usando años. "Antes hay que leer, estudiar y hacer los deberes, que ustedes no están acostumbrados a trabajar en esta cámara", les ha espetado.
Bal ha criticado igualmente que solo propongan un "recurso acelerado" para los estados de alarma, excepción y sitio, "que son los que le convienen ahora para atacar al Gobierno", y que establezcan derechos de primer y segundo nivel dando prioridad a un confinamiento perimetral sobre una detención ilegal. "Esto es un disparate jurídico", ha sentenciado, ironizando con que a Vox se le haya "olvidado" incluir una cláusula para que el TC "tramite primeros sus recursos y les dé la razón".
El diputado socialista Odón Elorza ha aplaudido las palabras de Bal, por dar "una respuesta técnico-jurídica evidente que desbarata absolutamente la iniciativa de la ultraderecha", que ha calificado como "un despropósito de todo punto de vista" cuyo único objetivo sería "desestabilizar el sistema democrático en España".
Elorza ha coincidido en que "se trata de deslegitimar al TC", con "un discurso absolutamente populista", "y de hacerlo además a costa del resto de partidos de la derecha", a los que ha reprochado que "se dejan". "Su libertad es puro liberticidio", ha dicho a Vox.
"REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA"
En cambio, Uriarte ha considerado "buena y necesaria" una reforma de la LOTC, si bien ha abogado por hacerla "sosegadamente y escuchando a todas las partes, empezando por el propio TC", para recuperar la confianza en el alto tribunal, y ha acusado a Vox de intentar "deslegitimar" al TC por hablar de "corrupción política" y de hacerlo además incurriendo en "contradicciones". A este respecto, ha preguntado a Olona cómo confían "a un gobierno socialcomunista" una reforma de tal calado.
Al hilo de la intervención de la representante del PP, el diputado socialista ha querido apostillar que "cuando se habla de regeneración democrática no se trata de cambiar la fachada o de cambiar la sede", sino de "cambiar el discurso, los comportamientos morales y los liderazgos". "Por tanto, no dé usted lecciones al Gobierno", ha reclamado.
Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago ha hecho hincapié en que el TC, al igual que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está pendiente de renovación, para denunciar después "el permanente secuestro de la derecha de los órganos constitucionales", algo a lo que se ha referido como uno de los problemas de la justicia que provoca desafección en la ciudadanía. "Esto es la anormalidad democrática que tanto les escandaliza", ha remachado.
Santiago ha expresado su "estupor" por la "injerencia" del presidente del Tribunal Superior de Justicia Castilla y León al descalificar al PC, "el partido que más luchó contra la dictadura y por la democracia"; por "la mediación de un juez entre el PP y su ex tesorero para que este calle", en alusión a Enrique López y Luis Bárcenas; y por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel, "por muy de mal gusto que sean sus canciones".
Para el diputado 'morado', "es obvio que la democracia es mejorable", pero "lo que no es cierto es que vivamos en un Estado totalitario, como ha dicho Vox", al que ha acusado de buscar únicamente un "cauce privilegiado" para sus recursos ante el TC. Asimismo, ha querido enviar un mensaje al PP, reivindicando que "la calidad democrática también depende de la renovación en plazo de los órganos constitucionales".
"PEDRADAS" VERBALES
Por su parte, desde el independentismo catalán, el diputado de la CUP Albert Botran se ha opuesto a "dar más poder a los jueces", por considerar que "es la vía moderna del golpe de Estado", y ha echado en cara al PSOE, "que en su momento se comprometió a desjudicializar el conflicto catalán, que no haya dado un solo paso en esa dirección". En la misma línea se ha expresado Joan Nuet, de ERC, que ha descrito a Hasel como "el nuevo preso político del Estado español" y al TC como "cancerbero del régimen constitucional de 1978".
El diputado de Compromís Joan Baldoví, que ha criticado los "retrasos" del TC, ha pedido a PSOE y Unidas Podemos menos tuits para indicarles que "solo vale el indulto o la amnistía" a favor de Hasel. Además, ha cargado contra Vox por sus "pedradas dialécticas" contra la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli y ha planteado qué les parecería a Olona y a Santiago Abascal si les llamara "Don Macareno" o "Doña Santiaga". "Una falta de respecto", ha contestado.