El Congreso retoma la reforma de la 'ley mordaza' sin tener resueltos los escollos entre los socios del Gobierno

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Congreso acoge este miércoles la reunión a puerta cerrada de la ponencia encargada de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como 'ley mordaza', con discrepancias aún evidentes entre los socios del Gobierno en cuestiones como el uso de pelotas de goma como material policial antidisturbios.

Entre la media docena de artículos donde se mantienen las discrepancias destaca el que regula las sanciones vía 'ley mordaza' por las faltas de respeto a los agentes y el que avala los rechazos en frontera de migrantes, un asunto este último que se ha vuelto a poner en primer plano con críticas a la gestión del Ministerio del Interior tras la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio.

Se trata de la tercera reunión en un año de la ponencia para modificar la ley que aprobó en 2015 con su mayoría absoluta el PP. El pasado viernes el portavoz de Interior del PNV, Mikel Legarda, adelantó que veía "avances suficientes" en las negociaciones "discretas" que se han venido celebrando en los últimos meses.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press señalan, no obstante, que persisten las diferencias en asuntos como las pelotas de goma, ya que el PSOE y el Ministerio del Interior se niegan a su eliminación como material policial, como exigen Unidas Podemos, ERC o EH Bildu.

Como alternativa, estos grupos ofrecen que el Defensor del Pueblo supervise en el plazo de medio año la sustitución por un material menos lesivo, como ocurre en Cataluña con los proyectiles de 'foam'.

SIN FECHA PARA IR A COMISIÓN

La previsión es que, aunque este miércoles los grupos parlamentarios logren avanzar en el nuevo articulado, no se fije aún fecha para que el texto alternativo a la 'ley mordaza' se eleve a la Comisión de Interior, paso previo para su aprobación en el Pleno del Congreso. La opinión más común es la que prevé seguir negociando en enero.

La ponencia retomará su trabajo al cumplirse dos años desde que el Pleno del Congreso aceptara a trámite la proposición de Ley del PNV. Tras dos reuniones previas de la ponencia a puerta cerrada, se han celebrado una treintena de reuniones discretas del PSOE con sus socios parlamentarios.

El PP, Vox y Cs se han desmarcado de la reforma. Estas formaciones secundaron la multitudinaria manifestación convocada por los principales sindicatos policiales en Madrid en noviembre de 2021.

En las reuniones discretas de los socios del Ejecutivo sí ha habido avances en artículos como el que rebaja las multas para el consumo o posesión de droga en la calle.

También se ha negociado sobre la veracidad de los policías en las actas sobre propuestas de sanción, reclamándose en adelante que el relato de hechos resulte "coherente, lógico y razonable, salvo prueba en contrario", y hay acuerdo de los socios del Gobierno para modificar el artículo 20, que regula los registros corporales para "reducir al mínimo" los desnudos y evitar que se puedan llevar a cabo en la vía pública.

AUMENTAR LAS GARANTÍAS

La intención de los partidos que gobiernan en coalición es "aumentar las garantías" en las actuaciones policiales, como ocurre con la enmienda al artículo 22 sobre las grabaciones con videocámara en la vía pública. En adelante se pretende que estas grabaciones --por ejemplo en una manifestación que derive en altercados-- se reflejen en atestados, quedando todo el material a disposición judicial si así se requiere.

Los sindicatos policiales se manifestaron en Madrid para expresar sus dudas --aunque algunos han matizado en las últimas semanas su rechazo frontal a la vista del cauce de las negociaciones-- sobre la fórmula elegida para las identificaciones con retenciones de un máximo de dos horas, salvo excepciones justificadas, y la obligación de trasladar al afectado al lugar de origen en el caso de haber cambiado de localidad.

El 19 de enero la ponencia cerró un acuerdo para regular los controles en vía pública para vincularlos a supuestos de alteración grave y efectiva de la seguridad ciudadana o en casos de prevención de delitos graves, limitando el tiempo de duración al mínimo imprescindible.