MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Fiscal, se ha mostrado "sensible" a la preocupación que le han manifestado este miércoles por escrito más de 200 periodistas por los registros e incautación de teléfonos móviles efectuados ayer en la agencia de noticias Europa Press y el Diario de Mallorca, si bien añade que a sus vocales no les corresponde manifestarse "en modo alguno" por referirse dichas quejas al desarrollo de un procedimiento penal, ya que "podrían interferir en el desarrollo de una investigación judicial".
De este modo, el órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado rechaza pronunciarse sobre el escrito remitido por el colectivo de periodistas, que daba cuenta de una carta de queja por lo ocurrido entregada en mano a la fiscal general del Estado, María José Segarra.
La intervención en los medios de comunicación y la incautación de efectos como teléfonos móviles, ordenadores y documentos se produjo por la Policía Municipal por orden de un juez de Instrucción de Mallorca y el visto bueno de la Fiscalía en el marco de la investigación de un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el caso Cursach.
En la citada carta, más de 200 profesionales de medios de comunicación en la que se muestran "sumamente alarmados" por las entradas y registros, que conllevaron la incautación de teléfonos móviles, ordenadores y documentación de los periodistas baleares.
"Se trata de un hecho gravísimo que carece de precedentes y que pone en riesgo real el derecho a la información, por cuanto permitirá acceder a fuentes de información periodísticas que constitucionalmente están protegidas por el artículo 20 de la Carta Magna", explica el comunicado de los periodistas.
"Nos parece una actuación impropia de una Fiscalía defensora de la legalidad que, por encima del único secreto que la Constitución recoge expresamente, que es el relacionado con el derecho a la información, se haya impuesto el interés en conocer quiénes informan a los periodistas sobre un asunto de corrupción", denuncian.
En opinión de los periodistas, "la actuación respaldada por la Fiscalía" de la que Segarra es responsable "sume, además, en la más absoluta indefensión a periodistas que ven lesionados sus derechos constitucionales, sin poder hacerlos valer en una causa en la que no son parte".
