La mayoría cree que la unidad especializada para Delitos contra la Administración Pública colisiona con Anticorrupción
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La mayoría del Consejo Fiscal se ha opuesto este miércoles a la creación de una de las dos unidades especializadas para reforzar la lucha contra la corrupción que propone el Plan de Acción por la Democracia anunciado por el Gobierno, al considerar que supone crear una "estructura paralela" a la Fiscalía Anticorrupción, según informan fuentes fiscales a Europa Press.
El objetivo del cónclave era emitir informe sobre "el proyecto de real decreto por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes". Se trata, en concreto, de 79 plazas que incluyen 6 para las dos nuevas unidades especializadas: una de Delitos Económicos contra la Hacienda Pública y otra de Delitos contra la Administración Pública.
El informe propuesto por la Inspección Fiscal ha valorado positivamente la creación de ambas unidades, pero los 6 vocales electos de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) --7 de los 12 miembros del Consejo Fiscal-- se han mostrado en contra de la unidad especializada de Delitos contra la Administración Pública, según ha avanzado 'El Diario' y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press.
Esos 7 vocales consideran que hay un "solapamiento de competencias" con la Fiscalía Anticorrupción. Así, han planteado que si el objetivo es fortalecer la lucha contra la corrupción lo que debe hacerse es dotar de más medios materiales y humanos a la fiscalía especial que dirige Alejandro Luzón.
Los demás vocales --los dos electos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y las dos vocales natas-- han apoyado la creación de ambas unidades especializadas al entender que cualquier ampliación de la estructura del Ministerio Fiscal es positiva porque supone un refuerzo de sus actuaciones.
Además, a su juicio no hay "ningún solapamiento" con Anticorrupción porque esta fiscalía especial sí tiene funciones jurisdiccionales, referidas a los asuntos de "especial relevancia", mientras que las dos nuevas unidades carecerían de dichas funciones y se dedicarían a una corrupción de menor entidad, aunque "sistémica", como la detectada en corporaciones locales o diputaciones provinciales.
Con todo, las fuentes consultadas avanzan que el Consejo Fiscal emitirá dos informes, el firmado por la mayoría que representan esos 7 vocales y otro en forma de voto particular rubricado por los otros 4 vocales.
MÁS "DISCRECIONALIDAD"
En cambio, en lo tocante a la de Delitos Económicos contra la Hacienda Pública, el consenso ha sido mayoritario porque únicamente se ha opuesto el vocal electo de la APIF, que emitirá voto particular en ese sentido.
En este caso, tanto los representantes de AF como los de UPF y las vocales natas entienden que esta unidad especializada vendría a cubrir un vacío de coordinación, sobre todo en lo referido al delito de fraude fiscal, uno de los más complejos.
No obstante, la mayoría del Consejo Fiscal observa con recelo la creación de unidades especializadas porque cree que favorecen "todavía más" la "discrecionalidad" en el reparto de asuntos. Al hilo, abogan por "objetivar" los criterios de asignación de los mismos.
Cabe recordar que los informes emitidos por el Consejo Fiscal en relación con los proyectos legislativos no son vinculantes, por lo que la fuentes indican que lo previsible es que el Gobierno siga adelante con la creación de ambas unidades.
"PRIORIDAD ABSOLUTA"
Según recoge el Plan de Acción, el objetivo es "avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada" mejorando "la eficacia en la respuesta penal frente a hechos delictivos que socavan el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas, principalmente frente al fraude a la Hacienda Pública y a la corrupción pública".
"Estas dos nuevas unidades de la Fiscalía General del Estado tendrán su reflejo en todo el Estado a través del despliegue territorial del Ministerio Fiscal mediante los fiscales delegados de ambas unidades especializadas", lo que "supondrá una mayor especialización en la investigación y enjuiciamiento de esta lacra criminal, cuyo combate constituye una prioridad absoluta", señala el documento.
El proyecto de real decreto que se ha discutido prevé que cada unidad especializada disponga de un fiscal de sala y dos fiscales adscritos que se ocuparán de coordinar, impulsar actuaciones y unificar criterios en sus respectivas materias.
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