MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado este viernes el Real Decreto sobre Demarcación Registral por el que se ajusta el número de registros a las necesidades actuales del servicio y se mejora la prestación que reciben los ciudadanos, según el Gobierno. Se eliminan 80 de estas sedes y se reorganiza el mapa actual.
La situación actual de la planta registral arroja un total de 1.270 sedes, de los que 1.147 son registros de la propiedad, 123 registros mercantiles y de Bienes muebles. A resultas del Real Decreto se produce una reducción de 80 se des -los registros se sitúan en un total de 1.190- de los que 1.041 serán de la propiedad, 142 mercantiles y 7 de bienes muebles.
El largo plazo transcurrido desde la última revisión de la demarcación registral exigía adecuar las condiciones del servicio que prestan los registradores a las demandas actuales de la sociedad como garantía de control de legalidad y de la seguridad jurídica preventiva de las operaciones que se realizan, según ha justificado Justicia.
Por ello se han adoptado medidas que afectan a la organización del Cuerpo de registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles con la finalidad de ofrecer "una más efectiva y eficiente prestación del servicio público registral en atención a la situación económica actual del país y a las previsiones de evolución".
Todo ello obliga según Justicia a acomodar la plantilla registral a la realidad actual, reordenando territorialmente los registros existentes, creando otros nuevos y, en su caso, agrupando los que se consideran inviables, velando así también por la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios registrales en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional.
CATALUÑA Y ANDALUCÍA
Respecto de Cataluña y Andalucía, el Real Decreto que hoy se aprueba respeta la competencia ejecutiva que estas comunidades autónomas tienen en materia de demarcación registral y que se concreta en la facultad de determinar el número de registros que deberán agruparse y crearse en su propio territorio.
Con este Real Decreto se revisa la demarcación registral demorada en más de cinco años y se ejercita la competencia estatal conforme a la doctrina de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional (TC) y a la consideración de los registradores como Cuerpo único nacional de funcionarios según sentencia 4/2014 del TC.
Se procede asimismo a la amortización de Registros de la Propiedad justificadamente inviables y a la creación de las Oficinas Registrales de Atención al Usuario para satisfacer el servicio público, garantizando con ello que ninguna localidad con registro actualmente establecido quede sin él como consecuencia de la presente demarcación, en consonancia con el criterio mantenido en este punto en la última demarcación notarial aprobada por Real Decreto 140/2015, de 6 de marzo.
Se establece una nueva forma de determinación de plazas a cargo de Registros Mercantiles en consonancia con el resto del sistema registral y las nuevas funciones atribuidas, así como la segregación definitiva de Registros de Bienes Muebles que presentan una carga de trabajo y viabilidad suficientes. Y, en general, se lleva a cabo una reasignación general de recursos humanos.