El Consejo de Ministros da luz verde a un proyecto de Justicia para regular la cooperación jurídica internacional

España podrá corregir errores en solicitudes, aplicar modificaciones o dividirlas entre autoridades

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley a propuesta del Ministerio de Justicia sobre el organismo de la Unión Europea (UE) Eurojust para regular los conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente de la Administración judicial en el exterior.

Con este proyecto de ley se busca adaptar el ordenamiento jurídico de España a la normativa europea, es decir, al reglamento del Parlamento y el Consejo europeos sobre el organismo Eurojust, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal.

Según ha dado a conocer este martes el Ministerio de Justicia, esta iniciativa introduce mejoras en la convocatoria, selección y nombramiento de candidatos que vayan a ocupar los puestos de miembro nacional, adjunto o asistente. Se publicará la convocatoria en el BOE y se creará una comisión que escoja a una terna de candidatos.

Otro de los criterios aplicados por el Ministerio que dirige Pilar Llop es la igualdad de género, al incluir una cláusula para conseguir, dentro, una presencia equilibrada de hombres y mujeres.

Fundado en el año 2002, Eurojust es un organismo con personalidad jurídica propia destinado a mejorar la colaboración entre las autoridades judiciales de los países miembros de la UE, en especial en los casos considerados graves sobre delincuencia organizada.

En su Informe Anual de 2021, Eurojust cifró en más de 10.000 las investigaciones penales transfronterizas y en 818 de ellas estuvo involucrada, bien de manera activa o pasiva, España, el cuarto país con más carga trabajo y el tercero con mayor demanda de asistencia por el resto de delegaciones nacionales.

COMPETENCIAS DE ESPAÑA

La nueva norma recoge las competencias que los miembros nacionales deben tener en los Estados miembros y establece un mínimo común para dar "homogeneidad" a las operaciones conjuntas.

Cada Estado miembro puede dar a su miembro nacional atribuciones adicionales. España podrá corregir errores en la solicitud, aplicar modificaciones o dividirla entre autoridades competentes.

En los casos urgentes, y siempre y cuando no sea posible determinar o contactar con la autoridad competente, el miembro de cada país estará autorizado para operar de forma directa, aunque tendrá que informar de lo que ha hecho "a la mayor brevedad".

"Con este texto avanzamos en la adaptación de nuestra normativa al marco europeo, fomentando un proceso de selección transparente que introduce criterios de igualdad", destaca la ministra Llop.