El Consejo de Transparencia denuncia en el Congreso su "precariedad crónica" en recursos y personal

Desvela que carecen de gabinete jurídico y que han de recurrir a abogados privados cuando pleitean con el Gobierno

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, ha denunciado este miércoles en el Congreso la "precariedad crónica" que, según ha explicado, padece este órgano, una situación que, ha resaltado, no afecta a su imparcialidad, pero sí a su "independencia de actuación", puesto que le impide desarrollar eficazmente todas las funciones que tiene encomendadas.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, Rodríguez Álvarez ha señalado que el Consejo, creado en 2013, en un contexto de crisis económica y austeridad, quedó "a medio hacer" y es urgente "acabar de crearlo", entre otras cosas modificando su estructura orgánica.

Rodríguez Álvarez, propuesto para el cargo por el Gobierno de coalición, ha indicado que el Consejo cuenta con una plantilla de tan sólo 24 personas, incluido él mismo, y con un presupuesto de 2,38 millones que es "manifiestamente insuficiente". Está no sólo a la cola en cuanto a recursos con respecto a otras autoridades independientes, sino que la que le precede cuenta con un presupuesto cuatro veces superior.

DOBLAR EL PRESUPUESTO

Según los cálculos más conservadores, ha apuntado, para poder desarrollar eficazmente su labor, habría que duplicar esa cantidad, puesto que su escasez de recursos le ha impedido poner en marcha algunas de las funciones que tiene encomendadas.

Además, ha pedido que se reforme la estructura orgánica del Consejo, ya que por ejemplo, carece de una secretaría general y es el propio presidente el que se tiene que ocupar "hasta de firmar la compra de sellos".

También ha desvelado que el Consejo carece de un gabinete jurídico propio, lo que juzga "inconcebible" cuando su labor principal es garantizar el ejercicio de un derecho. Según ha explicado, para estas labores, la institución tira de la Abogacía del Estado, con la que ha suscrito un convenio, pero cuando tiene que pleitear con el Gobierno o cualquier organismo de la administración hay conflicto de intereses y debe recurrir a abogados y procuradores profesionales.

VINCULARLO CON EL CONGRESO EN VEZ DEL GOBIERNO

El presidente del Consejo ha dicho que con su estatuto de autoridad independiente vinculada al Ministerio de Política Territorial, este organismo puede cumplir sus fines si se le dota de recursos, pero se ha abierto a la posibilidad de "dar un paso más" y que, en lugar de estar vinculado a un ministerio, se le vincule al Parlamento, como ocurre en otros países y en algunas comunidades autónomas.

A su juicio, eso "supondría un avance" y, además, sería congruente con el hecho de que, aunque es el Gobierno el que propone el candidato a presidente del Consejo, su nombramiento debe ser refrendado por mayoría absoluta de la comisión correspondiente del Congreso y es ante esta Cámara ante la que rinde cuentas.

En su opinión, el Parlamento es quien debe refrendar, por mayoría cualificada --preferentemente absoluta, pero no se un sólo partido-- el nombramiento de los responsables de autoridades independientes y organismos reguladores, previo examen de los mismos ante la Cámara que le elija.

Es decir, está conforme con el procedimiento para el nombramiento del cargo que él ocupa, si bien ha sugerido la conveniencia de corregir la Ley de Transparencia para que su cese no dependa sólo del Gobierno, sino que tenga que pasar también por el Congreso.

Rodríguez Álvarez también ha defendido la independencia de la Comisión de Transparencia compuesta por el presidente del Consejo y siete vocales, seis de los cuales nombrados por organismos ajenos al Gobierno, entre ellos Congreso y Senado, y uno por el ministerio de Política Territorial.

INDEPENDIENTE PESE A SU VÍNCULO CON EL PSOE

A su juicio, podría pensarse en incluir a representantes de la sociedad civil, pero sin perder de vista que un elevado número de vocales puede dificultar el funcionamiento de la comisión.

A preguntas de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que le han recordado sus cargos en el Ministerio de Justicia con el anterior Gobierno socialista, Rodríguez Álvarez, ha defendido que su colaboración con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no le impidió "ejercer con absoluta independencia" durante cuatro años como presidente de la Agencia Española de Protección de Datos.

Además, ha subrayado que este tipo de instituciones "funcionan con una estricta sujeción al derecho" y que, en todo caso, existen "garantías suficientes" para que desde las mismas no se favorezca a un partido o a otro.

CESE DE ZAMBRANO

También se ha defendido de las críticas que el 'popular' Jaime de Olano ha dedicado al Consejo de Transparencia y ha vuelto a defender el cese de la anterior subdirectora general de Reclamaciones Esperanza Zambrano, a la que sustituyó tras ser nombrado presidente.

"Fue una decisión de política de personal completamente ajustada a derecho que no tiene nada de excepcional", ha comentado, subrayando que los responsables de las instituciones tienen que poder conformar sus equipos porque lo contrario sería "contraproducente" y un "sinsentido".

Además, ha negado que la sucesora de Zambrano, Carmen Montero, fuera "mano derecha" de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, como había afirmado Olano, al que ha recordado que fue nombrada directora general técnica del Ministerio de Presidencia en marzo de 2017, aún con el Gobierno de Mariano Rajoy.