El TC admite a trámite el recurso de amparo de Junqueras contra la decisión del Supremo de no amnistiarlo

También estudiará la petición del líder independentista de que se le suspenda cautelarmente la pena de inhabilitación

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este martes admitir a trámite los recursos de amparo presentados por el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva y Dolors Bassa contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no aplicarles la ley de amnistía, al tiempo que ha decidido abrir pieza separada para estudiar su petición de que se les levante cautelarmente la pena de inhabilitación que se les impuso por el 'procés'.

Según ha informado el TC, el Pleno ha dado entrada a las peticiones de amparo al considerar que "concurre una especial trascendencia constitucional porque los asuntos suscitados trascienden del caso concreto", ya que podrían tener "unas consecuencias políticas generales". Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisan que el recurso de Bassa se ha admitido por unanimidad y los de Junqueras y Romeva, por mayoría --con solo un voto en contra por cuestiones procesales--.

Al mismo tiempo, la corte de garantías ha abierto una pieza separada para analizar la petición por parte de Junqueras y los dos ex consejeros de suspender, como medida cautelar, la pena de inhabilitación, única que sigue vigente y que, en el caso del líder de ERC, le impide aspirar a cargos públicos hasta 2031, mientras que las inhabilitaciones de Romeva y Bassa llegan hasta 2030.

De momento, los magistrados han dado traslado a la Fiscalía y los recurrentes para que hagan alegaciones. Si finalmente el TC acordara cautelarmente dejar en suspenso la pena de inhabilitación, quedarían rehabilitados para aspirar a cargo público hasta que el Constitucional se pronunciara sobre el fondo de sus recursos de amparo, según fuentes jurídicas. No obstante, las mismas subrayan que es "frecuente" que se pidan tales medidas cautelares pero "rarísimo" que se concedan.

PRIMEROS AMPAROS POR LA AMNISTÍA

Se trata de los primeros recursos de amparo relativos a la amnistía que admite a trámite el TC, después de dar entrada a los 16 recursos de inconstitucionalidad --del PP y los gobiernos y asambleas de las comunidades autónomas donde gobierna, más el del Ejecutivo socialista de Emiliano García Page-- y a tres de las cuatro cuestiones de inconstitucionalidad planteadas --una por el TS y tres por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ), pendiente por cuestiones formales--.

Junqueras, Romeva y Bassa recurrieron en amparo dos resoluciones del Supremo: la del 1 de julio, por la que se les denegó la aplicación de la amnistía; y la del 30 de septiembre, en la que el tribunal confirmó su decisión al rechazar sus súplicas.

Los tres dirigentes condenados por el 'procés' acudieron a la corte de garantías al considerar que la decisión del Supremo vulneró sus derechos fundamentales. Fue el pasado julio cuando los magistrados que juzgaron el proceso independentista catalán en el TS rechazaron amnistiar la malversación a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O al considerar que sí obtuvieron un beneficio personal y que sí afectaron los intereses financieros de la Unión Europea.

La negativa del Supremo afectó directamente a Junqueras, Romeva y Bassa, dado que los tres habían sido condenados por malversación. La decisión del alto tribunal de no aplicarles la ley mantuvo las condenas de inhabilitación que se les impusieron.

Esta medida --que también acordó el instructor del 'procés' Pablo Llarena-- alcanzó al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros huidos y procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, quienes siguen con órdenes nacionales de detención vigentes en su contra.

Cabe recordar que el Supremo también acudió al Constitucional por la ley de amnistía con una cuestión de inconstitucionalidad, pero respecto al delito de desórdenes públicos. Los magistrados indicaron que actuaban porque tenían la "absoluta convicción" de que la norma vulnera "al menos" el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica.