Correa pide rebajar su pena por reconocer hechos, mientras que el PP y Mato solicitan la libre absolución

La mayoría de los acusados también quieren ser absueltos e insisten en que el procedimiento es nulo

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha recordado este miércoles al tribunal de la Audiencia Nacional que durante su declaración reconoció alguno de los hechos que se le imputan por liderar las actividades que la red corrupta cometió entre 1999 y 2005 y ha solicitado que se le imponga una pena menor a la que interesan las acusaciones. No obstante, la mayoría de las defensas de los otros 36 acusados en esta causa, así como el PP y la exministra de Sanidad Ana Mato han pedido la libre absolución.

La sesión de este miércoles (la número 113) ha sido el turno de las defensas de los 37 acusados para anunciar sus conclusiones definitivas, dos días después de que lo hiciesen las acusaciones, entre ellas la Fiscalía. Precisamente, Anticorrupción elevó a definitivas su escrito de conclusiones provisionales, haciendo leves modificaciones y manteniendo la solicitud de penas para casi todos ellos.

Para el extesorero del PP Luis Bárcenas rebajó tres años, así como seis años y medio al exmiembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva del PP de Madrid Alberto López Viejo al suprimir de su acusación los delitos fiscales.

Correa sigue enfrentándose a 125 años y un mes de prisión, pese a que en su declaración reconociese algunos de los hechos delictivos de la trama Gürtel e hiciese revelaciones que llevaron al juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata a reabrir la investigación sobre una presunta caja 'b' del PP.

La defensa del empresario ha pedido al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, encargado de enjuiciar esta causa, que se tenga en cuenta esta voluntad de cooperación y recuerda que ha reparado el daño al pagar la responsabilidad civil. Por ello, ha reclamado que se le apliquen atenuantes al respecto y se le imponga las penas mínimas correspondientes a cada delito.

Por otro lado, el PP y la exmujer del que fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda --también acusado--, Ana Mato, acusados de ser partícipes a título lucrativo, han elevado a definitivas su escrito provisional de conclusiones en el que solicitan que se les exima de cualquier responsabilidad y les libre de pagar la fianza de 245.492 euros y 28.467 euros, respectivamente. Tanto el partido como la exministra han defendido que no se han lucrado de la red corrupta con sus actividades ni regalos.

LA CAUSA ES "ILEGAL"

La formación política recalcó en cuestiones previas, a las que se remitió cuando se negó a declarar ante el tribunal a través de un representante legal, que no*ha tenido "participación alguna" en los hechos cometidos por los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. "No debería ser el PP el que ocupara esta posición, sino los grupos municipales", señaló su abogado Jesús Santos, al mismo tiempo que pidió la nulidad completa del procedimiento alegando a que el origen de esta causa es "ilegal".

La nulidad de la causa es lo que han alegado la mayoría de los acusados para pedir su libre absolución, recordando lo que expusieron ya en la primera fase de la vista oral --que comenzó el 4 de octubre de 2016--. Según afirmaron la casi totalidad de ellos, este procedimiento penal no es válido porque la cadena de custodia del pendrive incautado al presunto contable de Gürtel, José Luis Izquierdo, se ha vulnerado; al igual que no se ha podido acreditar la autenticidad de las grabaciones aportadas por el denunciante José Luis Peñas, que destapó el caso de corrupción.

Entre los que han pedido la absolución ha sido el extesorero del PP Luis Bárcenas, que inicialmente se enfrentaba a 42 años y medio de prisión; pero finalmente las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás rebajaron su solicitud a 39 años y seis meses al eliminar de la causa el delito contra la Hacienda Pública relativo al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2009.

Por último, los tres acusados que reconocieron los hechos, los empresarios Jacobo Gordon y Alfonso García-Pozuelo y el exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández, han aceptado, de conformidad, las penas solicitadas por el Ministerio Público. Precisamente son: cinco meses de prisión para Gordon; dos años para García-Pozuelo; y once meses de cárcel para Fernández.