Corrochano y Béjar descargan la responsabilidad de contratar a Villarejo en la alta dirección del BBVA

Archivo - El que fuera jefe de seguridad de BBVA Julio Corrochano (d), acude a declarar por la macrocausa Tándem,
Archivo - El que fuera jefe de seguridad de BBVA Julio Corrochano (d), acude a declarar por la macrocausa Tándem, - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo
Publicado: miércoles, 29 marzo 2023 16:49

Ponen el foco en el papel de Francisco González en la elección de CENYT y sostienen que Ángel Cano la homologó como proveedor

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El que fuera jefe de Seguridad del BBVA Julio Corrochano y el ex director de Riesgos de BBVA y expresidente de DCN (Dstrito Castellana Chamartín) Antonio Bejar han presentado escritos en la causa en la que se investigan los contratos de la entidad con la empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo en los que descargan la responsabilidad de fichar al Grupo CENYT en la alta dirección del BBVA y en el expresidente Francisco González. Coinciden en que en todo momento sus superiores tuvieron conocimiento, y Corrochano pone el foco en el papel que jugó el exCEO Ángel Cano, su inmediato jefe en los años de los primeros trabajos del comisario para el banco.

La defensa de Béjar, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, apunta que tras analizar la documentación obrante en la causa, las declaraciones en sede judicial, los mails encontrados en sus buzones corporativos y las anotaciones en las agendas corporativas, es claro que él "no conocía a Villarejo cuando su empresa --CENYT-- fue contratada y menos aún su condición de policía en activo pues éste la ocultó siempre".

Indica que en su trabajo de localización de bienes de deudores, ninguno de los informes entregados por el comisario contenía información que no procediera "de actos de investigación lícitos y obtenidos de fuentes abiertas". Y que el trabajo de CENYT, a diferencia de lo que ocurrió con el realizado por Kroll --otra de las agencias contratadas--, "fue de utilidad para el BBVA y le permitió recuperar una significativa cantidad de dinero".

Además, Béjar apunta en su escrito que la remuneración que se pactó y pagó a CENYT por esos trabajos "estaba por debajo de lo que era habitual" y las facturas por variables "se negociaron a la baja por el área de recuperaciones en beneficio del banco".

La representación legal de Béjar carga contra el 'forensic' elaborado por la consultora de PWC y subraya que, al contrario de lo que sostiene, "la iniciativa de contratar a CENYT en 2008 y 2009 no partió de Béjar", y "no era Béjar quien conocía a CENYT a efectos de su contratación en 2010, ni la iniciativa partió de él ni de su área".

PROVEEDORA DESDE 2004

Recuerda que cuando él conoció a CENYT, ya era proveedora del banco desde 2004 y que el origen de contratar ella desde Riesgos surge a raíz de que Francisco González le nombrara director de Riesgos y Recuperaciones en julio de 2008. Explica que el presidente "quería información de primera mano y participar en los procesos de decisión" de su departamento "dada la potencial afectación para el banco", y añade que hasta entonces Francisco González "ya venía recibiendo información a través de los altos directivos involucrados en la gestión de la crisis" económica.

En concreto, dice, en la reunión de nombramiento el presidente le trasladó que le preocupaba "la actitud de algunos empresarios inmobiliarios muy relevantes" con deudas fallidas con el banco que superaban los 1.000 millones. Para González, recuerda Béjar, esa actitud era "incompatible (...) con el tren de vida de dichos empresarios y con la intención de endosar las pérdidas a sus acreedores mientras ellos conservaban la mayor parte posible de sus bienes".

Béjar indica que tuvo en agosto de 2008 otra reunión con González y en ella le ordenó "la contratación de una empresa para la localización de dichos bienes, según él controlada por Corrochano, y que ya había trabajado a satisfacción del banco en el pasado". "Nuestro mandante, que nada sabía de dicha empresa, recibió del presidente la instrucción de contactar con Julio Corrochano, al que no conocía personalmente", añade.

Tras esa reunión, Béjar recuerda otra de noviembre de 2009 "en la que el presidente ordenó la contratación de CENYT" y que, "en lo sucesivo, no le entregase más documentación escrita, limitándose la información debía trasladarle a informes orales".

A lo largo del escrito, de forma reiterada, la defensa de Béjar deja constancia de que no sólo informaba a González de avances en recuperación sino que transmitía lo hablado con el presidente a la alta dirección del banco implicada en la gestión de la crisis. En concreto cita nombres como el de Eduardo Arbizu, José Ignacio Goirigolzarri, Juan Asúa o José Sevilla.

Incide además en que González tenía especial interés en contratar a la empresa de Villarejo en contra de lo que parecían preferir otros altos directivos, y señala que Béjar, poco menos que estaba en medio de esa discusión, hasta que finalmente tras el fracaso de Kroll en las pesquisas se decantaron por CENYT.

Béjar indica además que "eran los servicios jurídicos --del banco--, siguiendo órdenes del presidente, quienes dirigían la estrategia" para la recuperación de activos y que "el hecho de que la finalidad de las averiguaciones --de CENYT-- fuese la búsqueda de bienes de morosos justificaba la presencia de Béjar en el proyecto, pero las decisiones no las tomaba él".

CORROCHANO: "UN TRABAJADOR DE LA EMPRESA"

Por su parte, la defensa de Corrochano ha presentado esta semana un informe pericial en el que deja constancia de que su cargo de director del departamento de Seguridad Corporativa no era un contrato de alta dirección, por lo que no era directivo sino trabajador de la empresa.

Indica asimismo que, dadas las funciones de Corrochano, su intervención en los siete contratos con CENYT entre 2004 y 2017 "estuvo siempre dentro del ámbito de las competencias y funciones que le fueron asignadas por el banco y se ampararon jurídicamente en el poder específico que BBVA le había otorgado".

Y subraya que "es imposible que la contratación y homologación de CENYT como proveedor (...) fuese decisión autónoma de Julio Corrochano, sino que de forma absolutamente necesaria tuvieron que ser conocidas y ordenadas por la dirección del banco". Indica el informe pericial que la contratación de los primeros servicios fueron ordenados por Francisco González, y que de las reuniones en las que éste "instruyó a Corrochano para la primera contratación de los servicios de una empresa especializada fue conocedor en todo momento Ángel Cano, que era jefe directo del director de Seguridad y responsable en la época de las áreas de compras de BBVA --luego acabaría siendo nombrado consejero delegado de la entidad--.

De hecho, incide en que Cano --también investigado en la causa-- era el responsable de homologar a los proveedores "cuando no era posible aplicar el procedimiento general de compras y contrataciones de servicios". Y añade que Corrochano nunca habría podido dar de alta a CENYT como proveedor homologado, y que los contratos con Villarejo siempre fueron elaborados y revisados por los servicios jurídicos.

Además, la pericial deja constancia de que entre 2010 y 2015 los trabajos de Villarejo para el banco fueron a favor del departamento de Riesgos y que desde 2007 no prestó servicios para Seguridad. Suma que la entidad está "fuertemente jerarquizada y con una cultura de información vertical hacia los mandos superiores directos cuando un responsable era llamado directamente por el presidente". Y añade que Corrochano informó a sus superiores, insistiendo en que toda acción del jefe de Seguridad requería la autorización de Cano.

El informe añade que tras revisar los documentos aportados a la causa, el pago de las facturas de CENYT "siguió un proceso normal en el que no se detectan prácticas irregulares o contrarias a la normativa interna". Además, señala que no se han encontrado ingresos en las cuentas de Corrochano cuya procedencia pudiera suponerse ligada a la relación de BBVA con CENYT, tampoco en cuentas de su esposa. En definitiva, concluye que los contratos eran autorizados por la entidad, que los servicios se ajustaban a las necesidades, que fueron facturados y realizados, y que su contenido era legal.

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