Las Cortes de Aragón aprueban la Ley de Lenguas Propias para iniciar la dignificación del aragonés y el catalán

ZARAGOZA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó, con el voto en contra del PP y del Partido Aragonés (PAR), la proposición de Ley de Lenguas Propias de la Comunidad Autónoma, presentada por el PSOE, que negoció principalmente con Chunta Aragonesista (CHA), aunque también con IU.

La Ley reconoce la existencia del aragonés y el catalán en Aragón, y se basa en los principios de voluntariedad, zonificación y, expresamente, la no co-oficialidad. Sólo el castellano es lengua oficial en Aragón. Esta ley entrará en vigor un mes después de su publicación.

Durante el debate parlamentario, el socialista Carlos Álvarez, también ponente de la Ley, expresó que el PSOE rehusa cualquier "confrontación" e insistió en que las bases de la Ley son la voluntariedad, la territorialidad y, expresamente, la no co-oficialidad. Álvarez defendió la creación de sendas autoridades lingüísticas y subrayó que "científicamente" está comprobado que las hablas locales de la Franja forman parte del catalán, "la palabra maldita".

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA), Chesús Bernal, señaló que CHA podía impedir la aprobación de la Ley o tratar de mejorar la proposición de Ley, tomando esta última posición, lo cual ha permitido hacer posible "que se reconozca la pluralidad lingüística de Aragón" y el hecho de que "el aragonés y el catalán son las otras dos lenguas de Aragón", de lo que deriva la promoción y difusión de ambas lenguas.

Según Bernal, lo que define la oficialidad de una lengua es el reconocimiento a todos los ciudadanos de su derecho a comunicarse con las Administraciones públicas en la lengua que elija, lo cual sí reconoce esta Ley. Así, el aragonés y el catalán podrán ser utilizados en las Administraciones locales, se impartirán clases de aragonés y catalán en los centros educativos con alumnos hablantes de ambas lenguas y se promocionará la Historia y la cultura aragonesas en toda la Comunidad Autónoma, "gracias a Chunta Aragonesista".

El dirigente de Chunta recordó que, asimismo, se crearán sendas autoridades lingüísticas del aragonés y el catalán, y se establecerán relaciones estables desde el Gobierno autónomo con las asociaciones que, históricamente, han promocionado ambas lenguas. Además, el plazo de entrada en vigor de la Ley se reduce de tres meses a uno y se acortan los plazos para el inicio de la impartición de las clases normalizadas de aragonés y catalán.

VOLUNTARIEDAD

El diputado de IU, Adolfo Barrena, señaló que, durante el último mandato del PP al frente del Gobierno de Aragón, las Cortes aprobaron diversa normativa que reconocía el aragonés y el catalán, como la Ley de Patrimonio Cultural. Barrena defendió el informe elaborado por las Cortes autónomas en 1998. El parlamentario de IU dijo que esta Ley "deja demasiadas cosas al albur de la voluntariedad" para que "alguien las interprete", lo cual "es el resultado de los avatares que vivimos".

En contra, el popular Miguel Navarro criticó la decisión de acortar los plazos para aprobar la Ley y proclamó que "la mayoría de los aragoneses pueden pensar que esta Ley no les afecta para nada", lo cual no es cierto, ya que "de forma encubierta" la Ley establece que "como una mancha de aceite" se extienda "el uso del catalán en Aragón".

Navarro recordó que el PSOE intentó negociar, sin resultado, la proposición de Ley con el PAR y, al no poder hacerlo, cayó "en brazos" de CHA. El portavoz del PP en la Comisión de Cultura aseveró que la iniciativa no contenta "a nadie" y opinó que es "un fracaso" el hecho de que "una Ley tan trascendental" sea aprobada sin consenso. Navarro auguró a esta Ley una vida de 18 meses, el tiempo que queda hasta el final de la legislatura.

Miguel Navarro negó que el aragonés y el catalán sean lenguas propias, originales e históricas de Aragón y opinó que "estamos traspasando la línea roja del Estatuto", que encomienda al Parlamento aragonés la regulación de la protección de las "lenguas y modalidades" de Aragón sin mencionarlas expresamente.

El diputado del PP dijo que la existencia de zonas de recepción de hablantes de aragonés y catalán es "un invento" y preguntó dónde está el límite. También criticó el artículo de esta Ley según el cual la toponimia oficial será la de uso histórico, no necesariamente la castellana que ahora usan preferentemente las Administraciones públicas.

La diputada del PAR María Herrero pidió "una Ley de todos, moderada, de consenso" y subrayó que la posición del PAR "es claramente contraria" a la nueva Ley. A esto añadió que el coste económico de su aplicación será importante. Herrero opinó que "esta Ley fractura la sociedad y, de hecho, ya ha creado tensiones".

LENGUAS PROPIAS

La Ley de Lenguas Propias reconoce la existencia del aragonés y el catalán, aunque precisa que sólo el castellano es lengua oficial en Aragón, mientras que las otras dos son "lenguas propias, originales e históricas" de Aragón. Los aragoneses tienen derecho a conocer ambas lenguas; usarlas en su relación con las Administraciones Publicas; estudiarlas; utilizarlas en la vida económica y social. La Ley recalca que "nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua".

Esta Ley establece, sin concretar, la existencia de una zona de utilización histórica predominante del aragonés "junto al castellano" en el norte de la Comunidad Autónoma; una zona de uso predominante del catalán "junto al castellano" en el este de Aragón y una zona mixta en el área nororiental. También reconoce la existencia de una zona de uso exclusivo del aragonés con modalidades y variedades locales.

La nueva norma señala que se creará un Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, un órgano colegiado que asesorará a las instituciones públicas e impulsará la creación de la Academia de la Lengua Aragonesa y una Academia Aragonesa del Catalán, que serán las autoridades lingüísticas de ambas lenguas en Aragón, al igual que lo es la Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia respecto del euskera o la RAE respecto del castellano. Las modalidades y hablas locales del aragonés y el catalán serán protegidas.

El Gobierno de Aragón apoyará a las asociaciones que, históricamente, han defendido y promocionado el aragonés y el catalán. El derecho a la Enseñanza reglada del aragonés y el catalán se circunscribe a las zonas de uso habitual y siempre será voluntario. No se recoge la utilización del aragonés y el catalán como lenguas vehiculares en la Enseñanza reglada.

Las Administraciones públicas favorecerán la comunicación oficial con los ciudadanos en aragonés y catalán. Se reformará el Reglamento de las Cortes autónomas para regular el uso de ambas en la institución parlamentaria. El Justicia de Aragón defenderá los derechos lingüísticos de todos los aragoneses. Los documentos notariales podrán redactarse en cualquiera de las tres lenguas. La toponimia será la de uso histórico, en cualquiera de las tres lenguas, pero será única. Cada ayuntamiento decidirá en qué lengua rotula las vías públicas.