Las Cortes suspenden el procedimiento para la adjudicación de su agencia de viajes, por 8,1 millones hasta 2018

Queda suspendido hasta que se resuelva el recurso, pero se mantiene el plazo del 1 de agosto para la presentación de ofertas

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes han suspendido temporalmente el procedimiento que abrieron el pasado mes de junio para la adjudicación de la gestión de los viajes de diputados y senadores, que tiene un valor total estimado de 8,1 millones de euros (IVA incluido) hasta 2018, incluidas dos posibles prórrogas. El motivo de la suspensión es el recurso especial que una de las empresas interesadas ha presentado contra los pliegos de cláusulas administrativas particulares que se aprobaron en su momento.

Según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el concurso queda suspendido hasta que el Tribunal de Recursos Contractuales de las Cortes se pronuncie sobre el recurso presentado. No obstante, se mantiene el 1 de agosto como fecha tope para que los interesados puedan presentar sus propuestas. Una vez que se resuelva el recurso y, en función del fallo, se podrá acordar un nuevo plazo para presentar ofertas al que se dará la publicidad oportuna.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que la cláusula recurrida se refiere a un asunto menor, pero que la Mesa del Congreso ha querido dar al procedimiento "las máximas garantías" y por eso han optado por suspender la adjudicación hasta que se resuelva esta impugnación.

Además, tras la convocatoria del concurso la Cámara ha facilitado a un licitador el volumen de facturación de la agencia de viajes en el ejercicio 2013 y ha informado al resto de empresas interesadas de que pueden acceder a la misma información si lo desean, en aras a respetar "el principio de libre concurrencia y a la presentación más adecuada de las ofertas".

ANTES MARSANS, AHORA EL CORTE INGLÉS

En la actualidad es Viajes El Corte Inglés la compañía que presta este servicio a las dos Cámaras. Esta empresa se hizo en primer lugar con la adjudicación en el Senado y, en la primavera de 2010, pasó a gestionar temporalmente también los viajes del Congreso después de que la Cámara Baja anulara el contrato que tenía con Viajes Marsans.

Marsans era propiedad del entonces presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que fue condenado a más de dos años de cárcel por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas, además de haber sido considerado culpable en la jurisdicción mercantil de la quiebra dolosa de Marsans. Está pendiente de juicio por vaciar patrimonialmente su emporio turístico.

El Congreso rescindió el contrato con la agencia después de que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo retirara a Marsans la licencia para la venta de billetes tras tener conocimiento de que una cadena hotelera había demandado a la agencia por impago de las estancias en sus alojamientos. Esa demanda conllevaba que los gastos que el Congreso debía abonar a la agencia desde una determinada fecha se quedaban en el juzgado, por lo que la Cámara optó por anular el contrato y acelerar la convocatoria de un nuevo concurso.

Hasta que éste se resolvió, en 2011, El Corte Inglés se ocupó temporalmente de la agencia del Congreso y después ya se le adjudicó formalmente. Ese contrato con el Congreso y las Cortes, que estará vigente hasta el 28 de enero de 2015, se adjudicó por un importe total de 6.349.001,84 euros.

El nuevo contrato ahora en licitación durará, en principio hasta 2016, y se podrá prorrogar un máximo de dos años más. Su presupuesto base, a efectos meramente indicativos, según los pliegos aprobados por la Mesa del Congreso y recogidos por Europa Press, es de 3.323.441 euros (impuestos excluidos) para 2015 y 2016.

El valor estimado, incluidas las posibles prórrogas y modificaciones, asciende a 7.444.129,32 euros. A este contrato se el aplicará el tipo de IVA que le corresponda en atención a cada tipo de servicio facturado, que se ha calculado en el 10 por ciento por ser el tipo aplicable a la mayoría de los servicios, con lo que el montante total, incluyendo las posibles prórrogas y modificaciones asciende a 8,1 millones hasta 2018.