Cree que, "si hoy no se ve "nada parecido a la Vía Nanclares, es porque no hay ninguna voluntad política para conseguir ese arrepentimiento"
SAN SEBASTIÁN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha exigido al Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco "hechos y no palabras" en la gestión de la política penitenciaria de los presos de ETA. Así, ha asegurado que necesitan "pruebas fácticas de sus promesas de mayor transparencia e información" porque "la decepción con la gestión que está haciendo esta Consejería respecto de los terceros grados a los presos de ETA es total".
En un comunicado, Covite ha criticado que, al menos hasta ahora, "se ha continuado con la política de concesión de terceros grados fraudulentos a etarras que no están arrepentidos, exactamente igual que hizo el PNV con más de 60 terceros grados a etarras que están en la órbita de la izquierda abertzale, que les prohíbe arrepentirse".
No obstante, ha puntualizado que no han encontrado "ninguna prueba" de que Andoni Otegi, recluso que obtuvo el tercer grado este pasado lunes, esté actualmente vinculado a la izquierda abertzale. "No figura en las listas de Etxerat, de la asociación de familiares de presos de ETA, ni es exhibido como un héroe en los entornos y en los actos públicos de la izquierda abertzale", ha señalado.
En ese sentido, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha precisado que "en su ficha se nos proporciona una información que es indicativa de que puede estar sinceramente arrepentido, cosa que no ocurre con la gran mayoría de etarras que han sido agraciados con un tercer grado".
De este modo, ha destacado que, con el resto de presos de ETA, "ha bastado una carta manuscrita en la que supuestamente expresan arrepentimiento y piden perdón a las víctimas para que les concedan inmediatamente el tercer grado, que son los que les facilitan la excarcelación".
"Esas cartas nunca trascienden al ámbito público ni a las familias de sus víctimas y los hechos siempre terminan desmintiendo las palabras. Enseguida comprobamos que esos presos de ETA siguen vinculados a la izquierda abertzale, que les prohíbe arrepentirse", ha criticado Ordóñez.
Así, se ha referido al caso de la presa Alicia Lucía Sáez de la Cuesta, que consiguió un tercer grado el pasado lunes, quien "sí aparece en las listas de Etxerat y su foto es exhibida junto al resto de los etarras de Vitoria en el Garraxi Taberna de la capital alavesa, un bar fuertemente vinculado a Sortu".
Por otra parte, desde Covite han querido incidir en que "no es necesario ningún cambio legislativo para exigir el arrepentimiento a los presos de ETA para progresar en grado, tal como han empezado a deslizar desde la Consejería de Justicia y Derechos Humanos".
"La ley es muy clara: exige signos inequívocos de arrepentimiento para progresar en grado. Lo que nunca va a decir la ley es por qué medios se tiene que demostrar ese arrepentimiento. ¿Dónde está escrito que la ley exija una carta manuscrita para acreditar el arrepentimiento?, en ningún sitio", ha hecho hincapié la presidenta de Covite.
Ordóñez ha insistido en que "una carta manuscrita que nunca se hace pública, mientras siguen vinculados a Sortu, que les prohíbe expresamente el arrepentimiento, será siempre una burla a este requisito legal". En este sentido, lo considera "un insulto a las víctimas que se nos pidan actos de fe en esas cartas".
VÍA NANCLARES
Covite ha puesto como ejemplo lo sucedido con la Vía Nanclares, en la que "fueron los propios presos de ETA que estaban sinceramente arrepentidos quienes quisieron hacerlo público". "Con esta misma legislación se hizo la Vía Nanclares y vimos las manifestaciones públicas de algunos presos de ETA que impugnaron lo que fueron la organización terrorista y la izquierda abertzale, quienes los expulsaron inmediatamente de su redil", han asegurado.
A su juicio, "si hoy no vemos nada parecido a la Vía Nanclares, es porque no hay ninguna voluntad política para conseguir ese arrepentimiento de los presos de ETA".
En este sentido, Covite han hecho referencia a la polémica generada por el concierto de Fermín Muguruza en la prisión de Martutene el pasado sábado cantando la canción 'Sarri Sarri', que hace referencia a la fuga de la prisión de los miembros de ETA Kepa Pikabea y Joseba Sarrionandia.
"Desde el Gobierno vasco han afirmado que van a pedir algo que no se pedía antes, y es que toda propuesta cultural venga con un compromiso de respeto de valores, de contribuir a la reinserción y de no ofender a las víctimas. ¿Dónde viene eso en la ley? En ningún sitio. Es perfectamente legal el concierto de Muguruza, aunque haya sido inmoral. Es cuestión de voluntad política exigir que no se ofenda a las víctimas. Pues lo mismo ocurre con el requisito del arrepentimiento para progresar en grado, es cuestión de voluntad política que se quiera cumplir con él o burlarlo", ha finalizado Ordóñez.