MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha informado a la Comisión Europea del "desacato y aliento a la desobediencia judicial" del Gobierno de Cataluña, después de que el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, solicitara información al respecto.
Así lo ha hecho tras la reunión que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acompañada de Pagazaurtundúa y el eurodiputado Luis Garicano, mantuvieron el lunes con Reynders, que giró sobre la situación y la calidad del Estado de Derecho en España, de cara al informe sobre el tema que el comisario publicará el 13 de julio.
La eurodiputada 'naranja' ha remitido un informe en el que ha recogido decisiones, declaraciones, actos y comunicados emitidos por miembros del Gobierno de Cataluña "orientados a evitar la ejecución de sentencias que reconocen vulneraciones de derechos fundamentales e impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceder a la justicia".
Además, según un comunicado, recoge las acciones del Ejecutivo catalán para "obstaculizar la plena ocupación de la planta judicial catalana para favorecer el sometimiento de los jueces al Gobierno regional, que ha dado lugar a un aumento de traslados y menor demanda", ha denunciado.
Pagazaurtundúa considera que este conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial ha generado un "problema estructural" y pone en riesgo el Estado de Derecho en España. "En su empeño, el Gobierno utiliza las herramientas de las que dispone, incluido el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, para desautorizar a los tribunales", lamentan desde la formación 'naranja'.
Ciudadanos ha puesto de ejemplo la educación y ha afirmado que, "lamentablemente, el Gobierno nacional no hace uso de los medios de los que dispone para abordar este conflicto". La también vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo ha explicado que la Alta Inspección Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, es el órgano que debe "verificar" y ratificar el cumplimiento de las sentencias judiciales en materia de educación.
Su labor consiste en revisar decretos y órdenes que emiten los departamentos de Educación autonómicos para ver si se ajustan a las leyes orgánicas. No obstante, según ha denunciado, en Cataluña sólo hay dos altos inspectores para más de 5.500 centros educativos.
INGENIERÍA JURÍDICA
Añaden, además, que el Gobierno catalán ha hecho uso de la ingeniería jurídica para justificar la no ejecución de la sentencia del 25 por ciento de las clases en el sistema educativo en castellano. Mencionan específicamente el Decreto Ley 6/2022 para no cumplir el fallo, emitido por el Tribunal Supremo.
"El incumplimiento de la sentencia del 25 por ciento se ha vertebrado a través de un decreto del Gobierno regional, ratificado por el parlamento con el apoyo de los partidos separatistas que llegaron a manifestar que 'los tribunales volverán a atacar la escuela catalana, pero se encontrarán con un gobierno independentista dispuesto a plantar cara'", ha hecho hincapié el partido.
"Que un Gobierno inste a la desobediencia y el desacato de sentencias y utilice todo tipo de ingeniería jurídica para impedir su ejecución, es inaceptable y un problema estructural que el Informe anual sobre el Estado de Derecho debe abordar", ha sentenciado Pagazaurtundúa.
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