CSI-F emplaza al Gobierno a un amplio acuerdo sobre reforma local

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CSI-F, Miguel Borra, ha pedido al Gobierno que atienda las propuestas que plantea su sindicato en relación con la reforma de las administraciones locales, sobre todo después del "demoledor" informe emitido por el Consejo de Estado, que advierte de que la potestad para eliminar mancomunidades y entidades locales menores corresponde a las comunidades autónomas y no al Estado.

En declaraciones a los medios antes de reunirse con el Grupo Popular del Congreso, Borra ha señalado que la opinión del órgano consultivo del Gobierno hace "más relevante todavía" que se haga un "análisis muy serio del proyecto de ley que se va a presentar a las Cortes" y que se trabaje intensamente para concitar un "amplio acuerdo" institucional y político entorno a esta reforma, avisando que, de no hacerlo, la reforma podría tener una "contestación muy importante".

"El Consejo de Estado ha sido demoledor. Plantea dudas sobre la constitucionalidad del proyecto, sobre dos de sus medidas estrellas: el coste estándar y la cesión de competencias a las diputaciones, algo que nosotros ya habíamos transmitido porque teníamos dudas de que se pudiera llevar a cabo", ha añadido.

REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL

A renglón seguido, ha defendido que "hay sitio donde recortar el gasto" en materia de administración local sin que "los trabajadores públicos de los ayuntamientos vuelvan a ser los paganos de la situación" y ha expresado su convicción de que algunos de sus planteamientos serán aceptados por el Ejecutivo como, por ejemplo, la creación de un foro de negociación para la Administración Local.

Otras de sus propuestas "las tienen que aceptar sí o sí" porque son "demandas sociales", como por ejemplo la creación de un registro central de personal donde conste el nombre, preparación, sueldo y materia sobre la que asesoran de todo el personal de libre designación de la administración local.

A este respecto, el presidente de CSI-F también ha señalado que el número de asesores que permite el proyecto de ley (6.489 personas), aun suponiendo "una importante reducción", se sigue "antojando excesivo", y ha defendido que los empleados públicos municipales no deben "ver mermadas sus condiciones laborales".

SERVICIOS PÚBLICOS

Con respecto a los servicios públicos, que según Borra deben mantener su nivel de calidad, el sindicato de funcionarios pide un catálogo de los servicios que no deben ser externalizables para que "no dependa del político de turno que se sigan prestando de manera directa o a través" de una contrata.

En este sentido, ha señalado que el propio informe de la Comisión de la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) sobre el anteproyecto de ley habla de "analizar qué servicios están externalizados en estos momentos y pueden volver a ser ejercidos por empleados públicos" así como de "funciones que tienen que realizar obligatoriamente funcionarios y otros trabajos que puede desarrollar personal laboral externo a la administración".