CSIF informa de que ya está recibiendo consultas por parte de funcionarios catalanes respecto al censo del 1-O

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

CSIF ya está recibiendo consultas por parte de funcionarios de algunos ayuntamientos catalanes que les plantean dudas ante las consecuencias que pueden derivarse de la elaboración del censo para el referéndum del 1 de octubre por parte de la Generalitat.

Así lo ha informado el sindicato en un comunicado, al mismo tiempo que el presidente de la central sindical en Cataluña, Joan Escamilla, en declaraciones en Antena 3, ha expresado su "preocupación" ante los nuevos pasos dados por la Generalitat, que este martes presentó el proyecto de ley para regular la celebración del referéndum del 1 de octubre, y las consecuencias que esta norma puede tener sobre el colectivo de empleados públicos.

Escanilla ha advertido de que el texto "aún tiene que publicarse y tramitarse" y por tanto "aún no se puede valorar el detalle". No obstante, ante las "amenazas" de sanciones a funcionarios por parte de la Generalitat, ha lamentado que se sitúe a los empleados públicos ante la imagen de un "choque de trenes".

El sindicato considera que "los empleados públicos están para servir a la sociedad y no para entrar en debates políticos". Así pues, el presidente del CSIF en Cataluña confía en que llegado el momento, los Mossos d'Esquadra actúen conforme a la Constitución y al Estatuto de Cataluña.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

El protocolo elaborado por el sindicato recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.

En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar constancia de su parecer a su superior sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. Los servicios jurídicos de CSIF se van a reforzar y se pondrá en marcha una línea de consulta para atender las dudas.

Por último, en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, el protocolo recuerda el derecho e incluso la obligación del funcionario a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, de estimarse que pueda incurrirse en una situación ilícita, desde el punto de vista penal, se recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales.