Defensa aún debe 23.500 millones de los programas de armamento lanzados en los años 90

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa tiene aún una cuenta pendiente de 23.500 millones de euros de los programas especiales de armamento (PEAS) que fueron lanzados en los años 90 para la modernización de las Fuerzas Armadas. El calendario de pagos prevé que los pagos no finalicen hasta el año 2031.

El Departamento dirigido por Margarita Robles detalla la programación de los programas especiales de armamento en una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, al diputado de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado, portavoz de defensa del partido morado en el Congreso.

Los programas especiales de armamento fueron lanzados en los años 90 y Defensa tuvo que aprobar un nuevo calendario de pagos en el año 2017 para hacer frente a las deudas pendientes. Según esta tabla de programación, el Ministerio tenía pendiente un total de 23.594 millones de euros en octubre del pasado año.

El Gobierno detalla que los pagos se iniciaron en el año 1994 y está previsto que finalicen en 2033, aunque está previsto que el último desembolso, de 300 millones de euros, se realice en 2031. El importe total de la inversión era de 34.143 millones, de los que ya se han abonado 10.500 millones, un 31 por ciento del total.

PENDIENTE EL 69%

El calendario de pagos del 69 por ciento pendiente detalla el desembolso de 2.164 millones en 2018, 1.873 millones en 2019 y 1.945 millones en 2020. Los siguientes años el calendario es el siguiente: 2.000 millones en 2021, 1.809 millones en 2022, 1.854 millones en 2023, 1.913 millones en 2024, 1.855 millones en 2025, 1.768 millones en 2026, 1.716 millones en 2027, 1.781 millones en 2028, 1.545 millones en 2029, 1.047 millones en 2030 y 300 millones en 2031.

Entre los principales programas de armamento se encuentra el carro de combate blindado Pizarro, los submarinos S80, buques de acción marítima, el caza Eurofighter o ela vión de transporte militar A400M.

El método de pago de estos programas fue objeto de controversia hasta que el Tribunal Constitucional dictaminó que el Gobierno debía incluir sus partidas en los Presupuestos Generales del Estado en vez de recurrir a créditos extraordinarios, como había hecho hasta el año 2016.