La defensa del etarra Oier Goitia se opone a las comparecencias mensuales solicitadas por Fiscalía

Es uno de los investigados por su posible participación en el asesinato del juez Querol en octubre de 2000

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La representación legal del exmiembro de la banda terrorista ETA Oier Goitia --investigado por el atentado que acabó con la vida del juez Francisco Querol-- ha impugnado el recurso presentado por la Fiscalía, que pide a la Audiencia Nacional que deba comparecer mensualmente ante el Juzgado, porque entiende que las limitaciones impuestas sobre su persona por el juez Santiago Pedraz son "suficientes y proporcionadas".

En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Goitia apunta que esas restricciones impuestas consisten en aportar un domicilio donde reside y un número de teléfono en el que estar localizable de forma inmediata.

E incide en que son suficientes dado el arraigo familiar y laboral del etarra y teniendo en cuenta que los indicios que le relacionan con ese atentado son "realmente débiles" y que son hechos que "ocurrieron hace más de veinte años" por lo que se debe analizar "la posible prescripción de los mismos en el momento procesal adecuado".

La Fiscalía sostuvo en su recurso que eran pertinentes las comparecencias semanales, así como otras medidas no acordadas por Pedraz, tales como la prohibición de salida del territorio del Estado y la retirada de su pasaporte.

Al respecto, la defensa señala que la libertad provisional no implica obligatoriamente que deban acordarse personaciones periódicas del investigado en los juzgados, dado que es una decisión que corresponde al juez.

"Si existen, por las circunstancias concretas, medidas menos restrictivas que puedan asegurar igualmente los fines del proceso, como en este caso considera el Juzgado que lo son el señalamiento del domicilio y teléfono para la inmediata localización, con obligación de comunicar cualquier cambio en los mismos, serán estas medidas las que habrán de adoptarse, como hace el auto recurrido (...), eludiendo otras más gravosas o más restrictivas del derecho fundamental a la libertad", asevera.

Rebate además la postura del fiscal que señalaba que esas comparecencias periódicas eran obligatorias según jurisprudencia del Tribunal Supremo y abunda en que, estudiadas las sentencias previas citadas por el Ministerio Público, "ni esa jurisprudencia ni ninguna otra avala un posible automatismo o carácter preceptivo de la medida".

Al hilo, la defensa recalca que si esto es así con las comparecencias ante el juzgado, ocurre igual con la prohibición de salida del territorio y la obligación de entrega del pasaporte, "que el propio artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)establece como potestativas y que el Ministerio Fiscal pretende como igualmente preceptivas".

El recurso de apelación del Ministerio Público, las adhesiones de las acusaciones populares al mismo y la impuganación de la defensa de Asier Goitia serán estudiadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, tal y como recuerda una diligencia de ordenación, recogida por Europa Press, de la letrada de la Administración de Justicia fechada el pasado 11 de mayo.

UN PISO EN SALAMANCA

Cabe recordar que Goitia, en libertad desde 2020 tras cumplir condena, fue uno de los miembros de ETA que compareció ante Pedraz en marzo de este año por el atentado que acabó con la vida de Querol. A preguntas de la Fiscalía, el exmiembro de ETA explicó que en la época en la que se produjo el atentado él estudiaba en Barcelona y se encargaba, por orden de otro miembro de la banda, José Luis Rubenach, de mantener un piso en Salamanca para que pareciera ocupado.

El etarra, de 45 años, estuvo integrado en el comando 'Buru-Ahuste', que actuó en Madrid durante los años 2000 y 2001. Fue detenido el 23 de mayo de 2005, gracias a la colaboración de la Policía Nacional y la Policía Judicial francesa, en el interior de una vivienda de la localidad gala de Romans-sur-Isre.

Se encargaba del aprovisionamiento y adquisición de material electrónico, armas y documentaciones falsas en otros países, siendo de gran utilidad en las relaciones internacionales que podía mantener ETA. También estaba encargado de crear una infraestructura en Francia mediante el alquiler de pisos o locales, necesaria para el ocultamiento de sus militantes.