MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) - Las defensas de los 18 acusados en la causa por el 'procés' independentista en el Tribunal Supremo han defendido este miércoles durante la vista del artículo de previo pronunciamiento -- trámite que sirve de prólogo al juicio que comenzará previsiblemente en enero-- que los hechos que se imputan a los políticos catalanes como constitutivos de rebelión ocurrieron en Cataluña y que por tanto la competencia para juzgar los hechos corresponde al Tribunal Superior de Justicia en Cataluña (TSJC). Acusan además a la Fiscalía de hacer una "confección artificial" de lo ocurrido en las concentraciones del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía de la Generalitat, el referéndum ilegal del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) para forzar un juicio en Madrid. Este ha sido el argumento principal de las defensas durante el trámite de cuestiones formales celebrado durante una vista en la que no han estado presentes los encausados, para los que se piden penas de cárcel por delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos. El abogado Jordi Pina, que defiende al expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y a los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull, ha subrayado que los hechos que se pretenden juzgar en el Supremo se concentran en el 20 de septiembre del pasado año y la celebración del referéndum del 1 de octubre, ambos ocurridos exclusivamente en Cataluña. El letrado ha reconocido que el escrito de la Fiscalía habla de que la preparación del referéndum requería acciones que se celebraron fuera del territorio catalán, como fueron la actividad del Diplocat, la creación de un registro de votantes en el exterior, la gestión de locales para votar fuera, la intervención de un 'lobby' estadounidense, y la creación páginas web alojadas en otros países, así como la participación observadores internacionales. No obstante, Pina ha subrayado que ninguna de estas actividades conforman los elementos típicos de la rebelión --un alzamiento violento o tumultuario--, sino que son simples actos preparatorios que no pueden integrarse en este tipo delictivo. "Lo lógico es que nos centráramos en los delitos que tienen pena mayor, como el de rebelión, y si no integran estos hechos el tipo, la competencia no puede ser del Tribunal Supremo", ha afirmado Pina, que ha extendido esta mismas carencias al delito de malversación que se atribuye a sus defendidos. En este segundo caso, ha puesto de manifiesto que no hay en los escritos de acusación "la más mínima referencia" a que los acusados hayan participado en ninguno de los hechos relativos al Diplocat o a los registros en el exterior, que se atribuyen además a otras personas que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. En el escrito, los acusados no aparecen tampoco ni como inductores ni autores de comisión por omisión de esa malversación, ha apuntado Pina, que ha incidido que en todo caso los acuerdos para realizar dichos trabajos también se adoptaron dentro del territorio de Cataluña". También ha comparado esta causa con el juicio por la consulta del 9-N que se celebró en el TSJC, donde se aportaron como prueba fotografías de votos en el exterior "y allí a nadie se le ocurrió que la competencia fuera del Supremo". Con estos argumentos ha coincidido Van Den Eynde, el abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, quien en un discurso algo más abstracto que el de Pina ha manifestado que el acto que se ha celebrado este miércoles "es una vista sobre un modelo de crisis" y ha incidido en que la mayor parte de la Instrucción en el Supremo ha consistido en un volcado de la realizada por el Juzgado número 13. "El proceso no ha seguido las reglas del proceso debido", ha dicho. "Se ha producido una confección artificial del procedimiento que tiene que ver con derechos fundamentales", ha indicado Van Den Eynde, ya que la consecuencia es que los acusados ven vulnerados su derecho a una doble instancia, pues la condena en el Supremo no podrá ser revisada en una instancia superior. "No se recoge ningún hecho extraterritorial, no se ha investigado ningún acto internacional", ha subrayado. LOS ACUSADOS QUIEREN HABLAR EN CATALAN En otro orden de cosas, Pina y otros abogados han anunciado que solicitarán que el juicio, de celebrarse finalmente en el Supremo, permita a los acusados expresarse en catalán y que para ello solicitará que se facilite "traducción simultánea, no consecutiva" durante la celebración de la vista. En parecidos términos se ha pronunciado Marina Roig, la abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quien ha comenzado su intervención aludiendo al discurso que dio el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, en el acto de apertura del año judicial en septiembre de 2017, pocas semanas antes del referéndum ilegal. Según ha recordado Roig, Lesmes habló de la "indisoluble unidad de España", tal y como establece el Artículo 2 de la Constitución, pero ella ha puesto por delante el Artículo 1 al considerar que "los derechos fundamentales están muy por encima de la unidad de España y no pueden ser sacrificados por mucho que los poderes del Estado tengan un sentimiento patriótico mal entendido". "Este proceso es la judicialización de un problema político", ha apuntado. Además, la letrada ha recriminado que durante la instrucción no se solicitó ninguna comisión rogatoria. También ha criticado que la Fiscalía haya utilizado en su escrito de acusación entrevistas y artículos publicados en prensa internacional para argumentar la dimensión internacional del 'procés'. Judith Gené, defensora del exconsejero de Interior Joaquim Forn, ha incidido en que "no puede ser" que el pago de 50.000 euros en una sucursal del BBVA en Bruselas y que "la actividad de las delegaciones en el exterior" sean circunstancias que el tribunal tenga en cuenta para "arrastrar" la causa al Supremo. Olga Arderiu, la legrada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, ha reprochado a las acusaciones que atribuyan a Forcadell el delito de rebelión cuando su actuación "fue exactamente la misma que el resto de miembros de la Mesa", los cuales están acusados de desobediencia, delito que tiene una condena prevista de inhabilitación y no de cárcel Tras Roig han intervenido el resto de letrados de las defensas, que han incidido en argumentos similiares y son Mariano Bergés (abogado de Dolors Bassa), Josep Riva (de Carles Mundó), Carlos López (de Mireia Boya), Juan Segarra (Santi Vila) Raimond Tomás (de Anna Simó) y Enrique Leiva ( de Joan Josep Nuet). Este último ha evidenciado que su defendido, parlamentario de Catalunya Si que es Pot, es una "rara avis" en este proceso porque su formación no tiene postulados independentistas, y ha denunciado que se le introdujera en la causa por un par de votaciones favorables a llevar al Pleno del Parlament determinadas resoluciones y se dejara fuera otras "netamente contrarias a tesis independentistas". Tras esta intervención la Sala ha realizado un receso de 15 minutos.
