Las defensas piden la nulidad de la actuación del exjuez Alba en el procedimiento contra Ramírez y De Armas

La Fiscalía entiende que no se dan las circunstancias para una nulidad

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La defensa del empresario y actual presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y la del empresario Héctor de Armas, han pedido la nulidad de la actuación del exmagistrado Salvador Alba desde noviembre de 2015 en el procedimiento que investiga un supuesto fraude de 36,66 millones de euros por parte de Seguridad Integral Canaria (SIC), ya que consideran que llegó al mismo con un fin "desviado".

Se trata de una solicitud que será resuelta por el tribunal cuando se emita la sentencia y ante la cual las acusaciones se han mostrado en contra por considerar que no se dan las circunstancias para una nulidad.

Así se ha puesto de manifiesto este martes durante la primera jornada de la vista oral que la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas está celebrando contra Ramírez y el que fuera administrador de la desaparecida SIC, Héctor de Armas, por un supuesto delito contra la Seguridad Social.

La defensa del empresario ha destacado que la causa está contaminada por la actuación de Salvador Alba, exjuez que actualmente se encuentra en prisión condenado por prevaricación judicial y falsedad en documento público.

Aquí, ha señalado que a Ramírez no se le notificó formalmente que pasaba a ser imputado por siete nuevos delitos comprendidos entre los años 2010 a 2013 contra la Hacienda Pública y de 2009 a 2012 contra la Seguridad Social, ya que opinó que Alba accedió al procedimiento el 3 de noviembre de 2015 con un fin "desviado" y llamó a declarar el mismo día a los acusados "sin haber mirado un papel" y sin explicar los motivos de la citación.

De igual modo, la defensa del empresario añadió que el juez no les detalló los motivos de la llamada a declarar y que cuando de Armas lo hizo se le preguntó por los contratos publicitarios que, según la parte, no tiene relación con el procedimiento, previsiblemente buscando encontrar que la anterior instructora y actualmente delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, incumplió con el deber de abstención.

Con todo ha asegurado que finalmente Alba decidió ampliar los años de los supuestos delitos, aumentando hasta en siete los que se le acusa a Ramírez, sin que éste fuera notificado con todas las garantías judiciales necesarias.

Por otro lado, ha denunciado en las cuestiones previas un "arbitrario" proceder de la investigación de la Seguridad Social, además de una imputación "tardía" de algunos de los delitos cuando la instrucción había concluido.

Además la defensa de Héctor de Armas ha presentado los informes médicos de su defendido y se adhirió a lo expuesto por la otra defensa en materia de nulidad por la indefensión de los acusados.

LAS ACUSACIONES: LA IMPUTACIÓN ES GENÉRICA

Por su parte, la Fiscalía ha argumentado que no hay una notificación de la ampliación de los años que se investigaban porque desde un primer momento estaban sobre la mesa todos los ejercicios, ya que "la imputación es genérica".

La denuncia inicial partió del sindicato USO en marzo de 2013 y en la misma se exponía que en los años 2008 y 2009 se estaban pagando horas extras expuestas como si fueran dietas, agregando el ministerio fiscal que existían numerosos indicios de que esa dinámica se podría haber mantenido en los años 2010, 2011 y 2012 porque existen elementos de que así podría haber sido al menos hasta 2013.

Por ello, se decidió judicializar el asunto para evitar que los supuestos hechos de 2008 prescribieran, dijo la representante de la Fiscalía para criticar que las defensas hayan "jugado" a la confusión diciendo que se ampliaron los años investigados sin datos.

En cuanto a la petición de nulidad de la actuación de Alba por parte de las defensas, observó que no se dan las circunstancias para proceder a la misma, recordando que se trata de una solicitud que las defensas han hecho en varias ocasiones y que en todas han sido rechazadas.

Finalmente ha pedido que se desestimen las cuestiones previas de las defensas porque todas las diligencias se hicieron en plazo y no se dan las condiciones para una nulidad.

En la misma línea se han pronunciado el resto de acusaciones, entre ellos la representación de la Abogacía del Estado, de la Seguridad Social y la acusación particular.

PETICIONES DE LA FISCALÍA

El empresario se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 21 años y seis meses de prisión, así como a multa de hasta 105 millones de euros por cinco supuestos delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social.

Por su parte, el ministerio fiscal también solicita una pena de 14 años de prisión y multa de 79,3 millones de euros para el que fuera administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, por tres presuntos delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.

El fraude correspondería a los años de 2009 a 2013 para el caso de Ramírez y en el de Armas entre 2011 y 2017.

TESTIMONIOS DE EXTRABAJADORES

Una vez resueltas las cuestiones previas, acudieron a declarar varios extrabajadores de SIC, como Claudio F., quien resaltó el "trato nefasto" de la empresa y que las horas extra trabajadas no tenían "limite".

Apuntó que lo único claro es que la hora extra se cobraba a 5 euros y que el salario que percibió era entre 800 y 900 euros mensuales aunque aseguró que muchos de los conceptos como dietas no las solían cobrar. También señaló que las horas extras no eran una opción y que se tenían que hacer por obligación, trabajando una media de 12 horas diarias.

Otro de los trabajadores, Jesús M., declaró que, pese a no recordar la cantidad de su nómina, trabajaba 12 horas diarias (4 de ellas extraordinarias), ya que "eso era lo que había" en todas las empresas en las que trabajó como vigilante.

Asimismo, Santiago Q., empleado de 2005 a 2017, comentó que trabajaba 8 horas diarias por unos 1.200 euros mensuales, desarrollando su labor en diferentes destinos de cualquier parte de Gran Canaria y siendo trasladado al lugar o por un trabajador de la empresa o en transporte público, y percibiendo también dietas. Explicó que en ocasiones, si tenía que cubrir un servicio durante 2 o 3 horas, le pagaban en concepto de una dieta.

Por otra parte, el también extrabajador durante 15 años, José Antonio R., incidió en que hacía entre 200 y 300 horas mensuales y que las horas extra se cobraban a parte, pero que "siempre faltaba dinero" en este concepto que, dijo, aparecía como dietas o kilometraje.

En la misma línea se refirió José Manuel B., que en la línea del resto de exempleados, indicó que trabajaba más de 40 horas semanales y que se lo incluían como dietas y transporte.