Defensor del Pueblo pide atender sus recomendaciones sobre bebés robados cuando se normalice la actividad parlamentaria

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno y a los grupos políticos que atiendan sus recomendaciones para atender la problemática de los bebés robados cuando se normalice la actividad parlamentaria, que ha venido sufriendo interrupciones desde hace tiempo por la parálisis de 2019 a causa de las dos convocatorias de elecciones generales y este año por la pandemia de coronavirus.

Según consta en el Informe Anual de Gestión del Defensor del Pueblo, estas circunstancias han impedido el desarrollo de los trabajos parlamentario de la proposición de ley sobre los bebés robados, una tramitación para la que esta institución formuló una serie de recomendaciones que "confía que sean atendidas cuando se vuelva a una actividad parlamentaria normal".

Estas sugerencias fueron planteadas en julio de 2018, según la institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, y entre ellas figura la creación de un banco de ADN nacional y que la realización de estas pruebas genéticas sea gratuita para las víctimas de tráfico de bebés robados.

También solicitó que se conceda el derecho de justicia gratuita automático para las víctimas en los procedimientos judiciales que se inicien o se hayan iniciado como consecuencia de las denuncias presentadas.

De igual modo, pidió que se reorganice la oficina creada en el Ministerio de Justicia para los afectados al objeto de que, además de mantener las actuales funciones de servicio de información y recogida de datos, ofrezca un servicio de orientación jurídica para las víctimas y refuerce sus prestaciones.

Según su Informe Anual, a lo largo de 2019 el Defensor del Pueblo siguió recibiendo informes de las actuaciones que se encontraban en trámite, "pero, lamentablemente, la actividad ministerial se ha visto muy condicionada por los procesos electorales" que tuvieron lugar durante todo ese año.

Partiendo de estas premisas, la institución confía en que "todas las administraciones públicas competentes hagan un esfuerzo para adoptar las medidas necesarias que conduzcan a esclarecer los hechos que se investigan". "El Defensor del Pueblo reitera su compromiso con los afectados y considera que los poderes públicos tienen pendiente dar una respuesta eficaz a todas las víctimas de sustracción de recién nacidos", apunta.