Archivo - Los opositores venezolanos Leopoldo López y Rolando Figueroa durante una reunión en Madrid.
Archivo - Los opositores venezolanos Leopoldo López y Rolando Figueroa durante una reunión en Madrid. - ROLANDO FIGUEROA - Archivo
Publicado: martes, 31 mayo 2022 12:00

La 'número dos' de Gabilondo ya pidió frenar la extradición de uno de ellos hasta que hubiera una resolución judicial firme

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, ha preguntado al Ministerio del Interior si va a conceder asilo en España a dos opositores venezolanos, Rolando Figueroa y Ernesto Quintero, después de que el Congreso de los Diputados aprobara la semana pasada una iniciativa del Partido Popular para suspender sendas extradiciones y brindarles protección.

Jiménez-Becerril ha solicitado a la directora general de Política Interior, Carmen López, dependiente del Ministerio del Interior, que informe de las medidas que se van a tomar para "dar cumplimiento" a la moción parlamentaria aprobada en el Congreso el pasado jueves.

"Es decir, para otorgar asilo, de acuerdo con lo aprobado en el Congreso de los Diputados, tanto al Sr. Quintero Méndez como a usted", asegura Jiménez-Becerril en un escrito de este mismo martes dirigido al opositor Rolando Figueroa y recogido por Europa Press.

La Cámara Baja sacó adelante la propuesta del PP con los votos a favor de Vox y Ciudadanos, el rechazo del PSOE y BNG y la abstención de Unidas Podemos o Esquerra Republicana. Se debatía suspender las extradiciones y dar el asilo a ambos por razones humanitarias al estar "perseguidos en su país por causa de su compromiso político".

Jiménez-Becerril ya pidió en abril "paralizar" la extradición del opositor Figueroa, que está reclamado por Venezuela por un presunto delito de estafa --algo que él atribuye a una persecución política--, hasta que haya una resolución judicial firme sobre la decisión del Ministerio de Interior de denegarle el asilo.

EL CASO DE FIGUEROA

Venezuela pidió la extradición de Figueroa en 2018 por haber supuestamente estafado a una mujer que había contratado varios tratamientos médicos con una empresa sanitaria. La presunta víctima habría pagado más de 200.000 dólares sin recibir tratamiento alguno. En una entrevista con Europa Press, Figueroa se declaró "totalmente inocente", asegurando que solo era un asesor legal de la empresa que habría consumado la estafa: "Mi delito ha sido pensar distinto".

La extradición quedó aprobada en julio de 2020 pero, por problemas logísticos a causa de la pandemia, no llegó a realizarse. Un año después se reactivó, aunque volvió a suspenderse después de que Figueroa formulara una segunda petición de asilo a España.

En agosto de 2021, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) decretó la libertad provisional de Figueroa, que estaba detenido en una prisión de A Coruña a la espera de una resolución sobre su segunda petición de asilo o de su entrega a Venezuela.

El 12 de abril, Interior volvió a negarle el asilo por las mismas razones, es decir, al entender que era un militante de base cuya labor de oposición no era lo suficientemente destacada como para ser víctima de persecución por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

EL CASO DE QUINTERO

Sobre Quintero, la Audiencia Nacional acordó este mes de febrero seguir adelante con su extradición por un presunto delito de estafa, al considerar que la última petición de asilo que ha formulado en España es un intento de "burlar" su viaje a Caracas. La entrega se paralizó de manera temporal porque dio positivo en coronavirus.

Quintero fue detenido en Madrid el 10 de febrero de 2021, después de que tanto el Gobierno como la AN autorizaran su extradición a petición de las autoridades venezolanas, que le acusan de ser miembro de la cúpula directiva de una agencia de cambio de divisas que habría estafado 40 millones de dólares. El opositor, por su parte, afirma que era un mero empleado y que nada tiene que ver con los delitos que se hubieran podido cometer en suelo de Venezuela.

La entrega de Quintero, según su defensa, "no tiene sentido" porque la AN ha denegado otras reclamaciones de Venezuela aduciendo que no había garantías del cumplimiento de los derechos humanos.

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