Urquijo dice que si ETA entrega las armas no lo van a criticar, pero cree que no "son necesarios actos propagandísticos"
BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno central en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha solicitado ante el juzgado de lo contencioso-administrativo la nulidad del decreto publicado este pasado miércoles en el Boletín Oficial de Gipuzkoa por el que se aprueba la desanexión del barrio de Igeldo de San Sebastián.
En una entrevista concedida a la cadena Cope, recogida por Europa Press, Urquijo ha dicho que desde la Delegación del Gobierno han seguido el proceso de desanexión de Igeldo "con preocupación" porque, "en las últimas semanas, la Diputación foral de Gipuzkoa, como parece que viene siendo costumbre, ha optado por saltarse la legalidad".
En el caso de Igeldo, ha indicado, "comenzaron en el mes de noviembre con la celebración de la consulta sobre la segregación", contra la que previamente la Delegación interpuso un recurso contencioso-administrativo porque "incumplía el trámite que establece la Ley de Bases de Régimen Local, que exige autorización del Gobierno" para su celebración.
Con la publicación en el Boletín Oficial de Gipukoa este pasado miércoles del decreto que aprueba la segregación de Igeldo, la Diputación "se empecina en este camino desafío a la justicia y a la ley".
"Como ese decreto toma como base precisamente la celebración de la consulta, se ha dictado en fraude de ley y hemos solicitado del juzgado en el que está interpuesto el recurso contra la consulta la ampliación del objeto de manera que la misma nulidad que entendemos que se ha producido en relación con la consulta la pueda decretar en relación con el propio decreto, porque entendemos que está contaminado de nulidad", ha explicado.
Urquijo ha advertido de que "el responsable de la situación en la que queden los vecinos de Igeldo es quien ha tomado unas decisiones equivocadas y no exentas de demagogia, que es la Diputación foral de Gipuzkoa y su diputado general como máximo responsable" porque "ahora se va a dar una situación de cierta inseguridad".
Según ha indicado, "aunque ya está publicado el decreto de segregación, hasta que la sala se pronuncie sobre el recurso que pusimos en su momento en noviembre, al que se sumará probablemente el que hoy acuerden poner en marcha el Ayuntamiento de San Sebastián", va a existir "un plazo de tiempo en el que esa segregación va a estar cogida con alfileres".
"Luego puede ser que el tribunal la ratifique o que nos dé la razón a quienes hemos impugnado este decreto, pero no es la situación más agradable para los vecinos de Igeldo", ha dicho, para insistir en que "no es responsabilidad de quienes reclamamos la acción de la justicia, sino de quien ha pretendido tomar decisiones obviando lo que dicen las leyes".
Urquijo ha reiterado que la responsable de la situación es la Diputación de Gipuzkoa "cuando convoca una consulta sin tener en cuenta los requisitos de la Ley de Bases de Régimen Local, que requiere autorización del Gobierno, y luego, además, fundamenta el decreto de segregación precisamente en el resultado de esa consulta que es absolutamente ilegal".
El delegado del Gobierno ha criticado que la Diputación foral de Gipuzkoa y su equipo de Gobierno de Bildu, "parece que tienen a gala el ignorar las leyes cuando no son de su gusto", lo que, a su juicio, "dice muy poco del talante democrático de quien gobierna la Diputación, porque las leyes están para cumplirlas todos, gusten más o menos".
'TXILLARDEGI'
En cuanto al anuncio del Gobierno municipal de Bildu en San Sebastián de que va a apoyar la iniciativa popular para denominar a la Biblioteca Central 'Txillardegi', apodo con el que era conocido el escritor y lingüista donostiarra José Luis Álvarez Enparantza, uno de los fundadores de ETA, Urquijo ha recordado que, en su momento, la Delegación del Gobierno comunicó este asunto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por entender que suponía "una clara vulneración de las leyes de víctimas, tanto de la vasca como de la nacional".
En su opinión, "el nombrar a una biblioteca con el nombre de uno de los fundadores de ETA" es "un acto de humillación a las víctimas". "Desgraciadamente, a pesar de lo que dicen públicamente las personas de Sortu, Bildu o Amaiur, de su respeto por las víctimas del terrorismo, luego los hechos confirman que no es así, que tienen un doble rasero, que tienen la parte estrecha del embudo para las víctimas del terrorismo y la ancha para quienes han estado jaleando, aplaudiendo e, incluso practicando, la violencia", ha censurado.
TERRORISMO
En materia de terrorismo, Urquijo ha considerado que "estamos mejor que hace un año, porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han estado y continúan trabajando, a pesar de que por parte de alguna otra administración se considere que estamos haciendo lo que no tenemos que hacer".
En ese sentido, ha dicho que "hay que seguir trabajando hasta conseguir poner al último terrorista con casos pendientes ante la justicia". "Mas que reclamar gestos, como están reclamando desde algunas instituciones y partidos en el sentido de pedir a ETA un desarme, lo que hay que hacer es seguir trabajando con diligencia para achicar espacios de impunidad a la propia banda terrorista", ha manifestado, para añadir la necesidad de "trabajar sin desmayo y arropar a las Fuerzas de Seguridad en ese trabajo, porque ha sido lo que ha provocado el final de la violencia".
Por otro lado, se ha referido a la posibilidad de una entrega de armas por parte de ETA antes de que finalice el año y ha dicho que, "si se produce, tampoco lo vamos a criticar, pero lo que necesitamos no son actos propagandísticos ni contribuir a hacer publicidad a ETA". Según ha precisado, "lo que estamos demandando el conjunto de la sociedad es el anuncio definitivo por parte de la banda que no puede ser otro que su disolución".
Urquijo ha considerado que "ni la sociedad española, ni la vasca, debemos absolutamente nada a ETA" y, por lo tanto, el Gobierno "no tiene que hacer ningún tipo de gesto ni tampoco esperarlo, ni tiene que modificar su política penitenciaria, ni nada por el estilo". "A ETA no se le debe nada, lo que le reclama la sociedad es su disolución incondicional inmediata y la única decisión acertada ha sido siempre la aplicación de la ley y del estado de derecho", ha asegurado.
En cuanto a la manifestación que a favor de los presos de ETA se celebrará el próximo 11 de enero en Bilbao y a la petición de víctimas de que se impida, Urquijo ha señalado que "quien tiene la responsabilidad de prohibir esa manifestación, si considera que hay razones suficientes porque pueden derivarse incidentes de su celebración, es el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco".
Urquijo ha asegurado que la Delegación del Gobierno es "muy respetuosa con las competencias de cada cual" y ha dicho imaginar que esa manifestación "habrá sido comunicada y, en todo caso, es el departamento de Seguridad el que tiene la facultad o bien para prohibirlo o modificar el día de celebración o recorrido".
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