El delegado del Govern en Suiza no declara ante la juez de Barcelona que investiga el 1-O

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Generalitat en Suiza, Manuel Manonelles, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que le investiga por presunta malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia en relación al 1-O, según fuentes jurídicas.

La magistrada Alejandra Gil le investiga por un expediente de contratación suscrito el 31 de agosto de 2017 con The Hague Center mediante dicha delegación para sufragar supuestos gastos de observadores internacionales el 1-O.

La tarde de este miércoles estaba citado como investigado por estos mismos hechos el exsecretario general de la Conselleria de Exteriores de la Generalitat y ahora director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, Aleix Villatoro, ya procesado en la causa, que también se ha acogido a su derecho a no declarar.

La juez Alejandra Gil les ha citado junto a la directora de Servicios de la Conselleria de Acción Exterior, Marta Garsaball --que tampoco ha declarado--, y la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, para que dieran explicaciones en relación a un expediente de contratación mediante la delegación en Ginebra de la Generalitat.

La única que ha declarado ha sido Rosa Vidal, que se ha desvinculado de dicho contrato asegurando que ni siquiera lo vio, y que ha explicado que el control de la Intervención de la Generalitat de estas delegaciones se hacía a posteriori, al año siguiente, y que ella en 2018 yo no lo realizaba.

Estas citaciones las acordó la juez el 23 de junio a solicitud de la Fiscalía, que también pidió comisionar a la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil para que se personara en varios departamentos de la Generalitat en busca de expedientes.

ENTRADAS EN LA GENERALITAT

Así, el 9 de julio la Guardia Civil se personó en la Conselleria de Presidencia, la de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, así como a la Intervención General y en el Gabinete Jurídico Central.

En concreto, reclamó expedientes administrativos como el de la contratación del evolutivo de la aplicación del registro de catalanes en el exterior, o el de la contratación del evolutivo de la aplicación 'Connecta't al voluntariat', varios expedientes sobre publicidad, anuncios, y la adjudicación de la campaña 'Civisme'.

También solicitó el expediente administrativo de ampliación del contrato marco de servicios postales con Unipost y los proyectos para la nave anexa al CTTI como centro de recuento de votos del 1-O, entre otros.

Estas diligencias se acordaron tras recibir el informe definitivo de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativo al destino de los recursos asignados a las políticas de acción exterior de las comunidades autónomas 2011-2017.

Según las datos que contiene este informe, Manonelles y Villatoro presuntamente cometieron delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia.

La juez considera en su auto que Garsaball, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas cuyo titular era la Delegación del Govern de la Generalitat, pudo cometer falsedad documental, y en el caso de la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, le atribuye un presunto delito de malversación.