La denuncia independentista sobre Pegasus se solapa con las causas judiciales sobre Tsunami, Voloh y CDR

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La denuncia de los partidos independentistas por presunto espionaje con el programa iraelí Pegasus coincide en el tiempo con varias causas judiciales que siguen tramitando los tribunales acerca de los promotores de la plataforma Tsunami Democrátic, los Comités de Defensa de la República (CDR) y el 'caso Voloh' de desvío de fondos, en este último con presuntas conexiones con la Rusia de Vladimir Putin.

Se trata de procedimientos abiertos tras investigaciones policiales a raíz del referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 y que llevó a la condena del Tribunal Supremo (TS) de los líderes de las asociaciones civiles ANC y Omnium Cultural, así como de los dirigentes al frente del Govern excepto los fugados, entre ellos el expresident Carles Puigdemont.

En sede judicial, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, investiga bajo secreto a Tsunami Democratic para determinar cuál fue su papel en los graves disturbios que siguieron a las condenas por el 'proces' en el otoño de 2019, así como quiénes estaban detrás de la plataforma independentista y cuáles fueron sus fuentes de financiación.

Una de las cuestiones sobre las que se puso la lupa en su momento fue que Tsunami Democrátic utilizó una aplicación móvil para sus acciones de protestas, entre ellas el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, el corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana.

COMPRAVENTA DE GAS RUSO PARA FINANCIAR EL 1-O

García Castellón sumó a esa causa secreta parte de 'Voloh', otro caso donde el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, a cargo de Joaquín Aguirre, investiga el presunto desvío de fondos públicos para financiar el proceso independentista.

Esta misma semana, el juez de 'Voloh' ha citado como investigado al empresario ruso Alexander Dimitrenko, que participó en una compraventa de gas entre Rusia y China que supuestamente sirvió para financiar el referéndum del 1-O, según adelantó 'El Periódico de Cataluña' y confirmó Europa Press en fuentes judiciales.

Dimitrenko habría viajado dos veces a Moscú junto al director de la oficina de expresidente de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, supuestamente para buscar apoyos al proceso independentista. El empresario, al que el Gobierno le ha denegado la nacionalidad española por su vinculación con los servicios de Inteligencia rusos, está citado el 31 de mayo en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que investiga el presunto desvío de fondos.

Con el rechazo inicial de la Fiscalía, los jueces avalaron que la Guardia Civil analizara el móvil de Alay por su vínculo con Dimitrenko, de quienes los magistrados destacan que, tras la operación de compraventa de gas, fue nombrado embajador de la Cámara de Barcelona "con la colaboración" del entonces presidente de la corporación, Joan Canadell, --ahora diputado de Junts en el Parlament-- y creen que se reunieron con el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró.

También en base a las conversaciones intervenidas, el auto de la Audiencia de Barcelona recogía que Alay aludía a que habían recibido 295.000 euros como pago de garantía por la compraventa. El juez del 'caso Voloh' también investiga un presunto delito urbanístico, de tráfico de influencias y de prevaricación, que tiene como principal investigado al exconseller de ERC Xavier Vendrell.

UNA DENUNCIA REITERADA

En paralelo a estas investigaciones judiciales y otras que buscan responsabilidades en los desórdenes públicos de grupos afines a la independencia de Cataluña, el entorno independentista ha intensificado sus denuncias en las instituciones europeas y algunos medios internacionales asegurando que se enfrentaban a una persecución general por motivos políticos, al igual que hicieron cuando el TS juzgó y condenó por sedición y malversación a los impulsores del 1-O.

Uno de los argumentos más utilizados ha sido el del supuesto uso ilegal de los medios utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en su caso, también por el CNI.

En este sentido apunta la investigación de Citizen Lab publicada en 'The New Yorker' que revela la infectación masiva de más de 60 dispositivos móviles de políticos y activistas independentistas, lo que ha obligado al Gobierno a reaccionar reactivando la constitución de la comisión en el Congreso sobre gastos reservados, rebajando la mayoría para incluir a cuatro grupos independentistas.

Junto a las peticiones de dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que subrayó que el Estado tenía la obligación de defenderse de las amenazas contra su integridad, el Ejecutivo ha defendido que la actuación del CNI se lleva a cabo siempre bajo tutela judicial, al igual que ocurre con las de la Policía y la Guardia Civil. Desde el Ministerio del Interior se ha puntualizo, no obstante, que no utilizan el programa Pegasus.

DETENCIÓN DE PUIGDEMONT EN ALEMANIA Y CDR

Tras la detención en 2018 en Alemania de Puigdemont, por ejemplo, el independentismo ya criticó la supuesta mala praxis del Estado por la colocación de una baliza de seguimiento en su coche.

Más recientemente, algunos de los procesados por el juez García Castellón por pertenencia a organización terrorista, como presuntos miembros de una facción radical de los denominados Comité de Defensa de la República (CDR), han reclamado tener acceso a las órdenes judiciales por las que se autorizaron las escuchas telefónicas y los seguimientos, además de a los audios originales, no solo las transcripciones.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les dio la razón al entender que se trata de una petición "legítima" por cuanto el instructor "hace continua referencia a las intervenciones telefónicas, la instalación de dispositivos de escuchas y balizas de seguimiento" en el auto con el que les situó a un paso del banquillo de los acusados.