Directivos del Banco Popular niegan haber tenido conocimiento de la financiación a clientes en la ampliación de capital

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los dos ex directivos del Banco Popular, que han declarado en calidad de investigados ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, han negado tener conocimiento o haber participado en la decisión de que la propia entidad ofreciera financiación a sus clientes para que compraran acciones en la ampliación de capital de 2016.

Estas dos comparecencias tenían lugar en el marco de la causa abierta en la que se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta de la entidad bancaria a mediados de 2017. De hecho, el caso estudia dos fases del proceso, por un lado las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y por otro las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

El primero en declarar este martes ha sido Carlos Fernández, quien en 2016 era el jefe de admisión de riesgo crediticio dentro de la Dirección General de Riesgos del Banco Popular. Calama decidió escucharle como investigado porque como responsable de Riesgos de la entidad, no podría no haber velado por que se llevara a cabo algún tipo de medida para controlar que no se financiara a clientes para esa ampliación.

Hoy, Fernández, según varias fuentes jurídicas presentes en la declaración, consultadas por Europa Press, ha negado la mayor señalando que no hubo tal financiación, y que lo que sí hubo fueron créditos a clientes pero relativos a otros fines que además se cursaban en su departamento realizando las comprobaciones habituales. Así, a pesar de los intentos del magistrado de que le indicara quién controlaba si esos créditos iban a la compra de acciones, el exdirectivo se ha mantenido en que nunca le hablaron de tal asunto y que nunca lo escuchó.

En esa misma línea se ha movido el segundo de los interrogados, José Ángel Amor, ex directivo que pertenecía a la Dirección Comercial de la entidad. Éste fue el responsable de un correo electrónico relacionado con esa financiación de acciones. Pero este martes ha aclarado ante el juez que ese mail lo envió a modo de propuesta y lo único que interesaba era que se le dieran ciertos beneficios a los clientes que acudieran a la ampliación de capital.

Esos beneficios los habría encuadrado en bonificaciones en tipos de interés y descuentos, pero ha recordado que no tenía nada que ver con financiar la compra de acciones y que además su propuesta comercial fue rechazada de plano por el exdirector de Negocio de Clientes José Ramón Alonso Lobo y por el director de la Dirección de Riesgos José María Sagardoy --también imputados--.

LA OPERACIÓN CON EL FONDO THESAN CAPITAL

Por otro lado, Carlos Fernández también ha declarado en relación a las operaciones de financiación indirecta arbitradas por el Banco Popular y que contaron con la intermediación de 'Thesan Capital SL', una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis. Esa financiación iba destinada a sociedades españolas con una frágil situación económica y que eran clientes del Banco Popular y se canalizaba a través de sociedades que operaban en Luxemburgo, con la mediación de 'Thesan'.

Fernández ha reconocido que participó como ponente en la Comisión de Admisión de Riesgos relativa a Thesan, y que estudió el plan de negocio. Ha indicado además que se hizo con Luxemburgo porque era la manera más rápida de crear sociedades.

Este martes estaba programada la declaración como investigado de una tercera persona, el directivo que estuvo destinado en la Dirección de Banca Minorista del Popular Antonio Pujol, pero se ha aplazado. Este miércoles será el turno del que fuera director de Departamento de Auditoría del Banco Popular, Jesús Arellano Escobar.

Este es uno de los cinco directivos que el juez Calama imputó en su auto de noviembre, cuando además avisó que sobre él extendería la investigación a otros ámbitos, como su conocimiento de la presunta sobrevaloración de las tasaciones de los activos inmobiliarios y su impacto en la provisión de la cartera de créditos del Banco.