Directivos de Bankia niegan en el juicio a Rato que éste les diera orden para contratar con determinados proveedores

Fiscalía sostiene que cobró comisiones indebidamente por contratar a las empresas Publicis y Zenith

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Directivos de Bankia han señalado este martes en el juicio que se sigue contra el exministro de Economía y expresidente de esa entidad Rodrigo Rato por el presunto incremento ilícito de su patrimonio que "nunca" recibieron instrucción por su parte para que se contratara con agencias de publicidad concretas para lanzar la marca de la entidad o para su salida a Bolsa.

La vista de este martes, que ha sufrido varios parones por diferentes problemas técnicos, se ha centrado en testigos que tenían que ver con la rama de la instrucción que investigó indicios racionales de que Rato habría cobrado indebidamente comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con las empresas Publicis y Zenith relativos a la fusión y salida a Bolsa de la entidad.

Según el escrito de Fiscalía, esas comisiones se habrían canalizado desde una sociedad interpuesta --Albisa-- propiedad de otro de los acusados, Alberto Portuondo, quien además había sido contratado como asesor en Bankia.

Pero a pesar de los esfuerzos por mostrar diferentes contratos y documentos por parte de la fiscal Elena Lorente, a los tres testigos les ha costado recordar lo ocurrido o tratado en la entidad hace más de una década y, en cualquier caso, dos de ellos han negado tajantemente que Rato tratara de imponerles decisiones de contratación en sus ámbitos competenciales.

"Rato nunca me dio indicación alguna sobre con quién debían firmarse los contratos", ha señalado Miguel Crespo, quien fuera secretario general del Consejo de Administración y que participó por tanto en varios de los comités con capacidad decisoria sobre determinadas partidas.

Así, y a pesar de que ha explicado que formó parte del Comité de Dirección de BFA Bankia, no recordaba que se hubiera tratado en el mismo ningún acuerdo o inversión a realizar en publicidad y comunicación, y tampoco ninguna discusión a propuesta que fuera elevada a ese órgano supervisor al respecto. Y al hilo, ha matizado que si firmó alguna propuesta de gasto que le llegaba de departamentos inferiores fue solo por seguimiento y porque entraba en sus funciones.

Por su parte, el que fuera director general de Medios de la entidad Pedro Enrique Vázquez, ha explicado que por organigrama, la propuesta de contratar a esas agencias de publicidad venía del Área de Comunicación, pero que por cuatía de los contratos debía contar con el visado tanto del Comité de Medios como del Consejo de Administración o la Comisión Ejecutiva.

Y ha explicado a preguntas de la fiscal que a su juicio era "normal", tal y como dijo en instrucción, que en un contrato de la envergadura del de Publicis y Zenith "entrara el primer ejecutivo" de la entidad, por Rato. "Es razonable, dicho esto, no me consta que en caso de Bankia la decisión la tomara el primer ejecutivo", ha apostillado para añadir que lo que sí está claro es que "la propuesta la hizo la Dirección de Comunicación".

CONTROVERSIA EN LA CONTRATACIÓN

Además, ha aclarado que le consta que en el caso de la contratación de esas dos empresas, que iban en un solo paquete porque pertenecían al mismo grupo empresarial, hubo disenso en el seno de la compañía. "Me consta que hubo controversia pero eso siempre ocurre con los concursos, hubo controversia y lo veía positivo", ha señalado.

Con todo, ha enfatizado que no le constó y nadie le advirtió de irregularidad o instrucción concreta por parte de Presidencia: "No, y no lo hubiera consentido", ha explicado.

Al tercer y último de los testigos de este martes la fiscal le ha preguntado por determinados contratos de Caja Madrid-Bankia con empresas de Alberto Portuondo. Federico Navarro, quien fuera director de Recursos Humanos en la entidad ha señalado que no recordaba esos acuerdos pero que en instrucción facilitó todos los contratos que guardaba. "No eran relevantes", ha señalado comparándolos con otros documentos que firmó en esa época atendiendo a su cargo.

Cabe recordar que Rodrigo Rato está acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio. Anticorrupción solicita para él una pena de aproximadamente 70 años de cárcel por defraudar más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio.