Directora CNI defiende en la Eurocámara la legalidad de su espionaje y evita responder a la comisión Pegasus

El abogado de Junqueras acusa al centro y un experto español cuestiona a Citizen Lab

BRUSELAS, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, ha evitado este martes responder a las preguntas de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el espionaje con el software Pegasus, alegando que el centro solo puede dar cuenta en sede parlamentaria ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

"El CNI es la única institución que tiene una comisión parlamentaria específica para dar cuenta de sus actividades y solamente ante ella puedo hacerlo. Por coherencia y obligación legal solo puedo responder insistiendo en que la ley reguladora del CNI recoge que las actividades, medios, instalaciones, personal, fuentes de información y datos constituyen información clasificada", ha asegurado Casteleiro tras las preguntas de los eurodiputados de la comisión de la Eurocámara que investiga el uso de Pegasus por gobiernos europeos.

Frente a las cuestiones planteadas entre otros por Carles Puigdemont, Junts, Diana Riba y Jordi Solé, ERC, supuestas víctimas de ciberespionaje según destapó el centro Citizen Lab, la responsable del CNI se ha abierto a atender a sus preguntas por escrito. Al terminar la sesión, el presidente de la comisión, el 'popular' neerlandés Jeron Lenaers ha calificado como "no satisfactorio", no haber tenido respuestas de las autoridades españolas y ha pedido que por escrito pueda ofrecer los detalles sobre los casos que estudia la Eurocámara.

Anteriormente, Casteleiro se ha limitado a señalar que "todas las acciones" del CNI están regidas "por el principio de legalidad" y afirmar que el control parlamentario con la comisión de Secretos Oficiales, además de que el espionaje se realice con autorización judicial, hace que el procedimiento en España sea "uno de los más garantistas y protectores".

El expresidente de la Generalitat le ha pedido a la directora del CNI que aclare si el centro cuenta con Pegasus y cuándo se ha utilizado, además de si el presidente del Gobierno era conocedor del espionaje a su entorno. En este sentido, Puigdemont ha señalado que las herramientas de espionaje son "desproporcionadas y sin límites" y chocan con las propias normas aludidas por Casteleiro.

Diana Riba y Jordi Solé han pedido a la responsable de la inteligencia que confirme si el CNI infectó sus teléfonos una vez contaban ya con la condición de eurodiputados y ha pedido aclarar qué procedimientos puede seguir un ciudadano para saber qué acciones realizan los servicios de espionaje con sus datos.

SESIÓN DE PEGASUS CENTRADA EN ESPAÑA

Este martes, la comisión de investigación sobre Pegasus ha celebrado una sesión monográfica sobre la situación en España, una cita con autoridades y expertos que han analizado el supuesto uso de este programa espía en España, donde la Eurocámara estudia tanto la revelación del supuesto espionaje a 65 dirigentes independentistas destapado por 'Citizen Lab' como el ataque al dispositivo móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles.

El abogado Andreu van den Eynde, presunta víctima de espionaje y abogado del líder de ERC, Oriol Junqueras, ha apuntado al CNI como responsable del ataque con Pegasus, tras recordar que se destituyó a la directora de los Servicios de Inteligencia Paz Esteban tras el escándalo y confirmarse el seguimiento a 18 dirigentes independentistas. "Las fuerzas del orden dicen que no tienen Pegasus, habrá que preguntarle al CNI", ha argumentado.

Según ha denunciado Van den Eynde, en España "no hay ley que permita usar Pegasus salvo en casos muy concretos de investigaciones informáticas bajo orden judicial, con una supervisión específica, alcance concreto y cumpliendo los estándares de Derechos Humanos"

"Ninguna ley permite usar el ciberespionaje contra abogado, no hay normas sobre cómo se usa programa contra ciudadanos", ha afirmado el letrado, quien ha denunciado que las autoridades de España no estén prestando ayuda a las víctimas y que la investigación sobre el espionaje a miembros del Gobierno en la Audiencia Nacional vaya "a toda velocidad" y en cambio otros tribunales "no hayan movido un dedo" en el caso del ciberespionaje a dirigentes catalanes.

En la sesión ha participado también el profesor y experto en ciberseguridad, Gregorio Martín, quien ha cuestionado el trabajo del centro Citizen Lab por cuestiones metodológicas como que no haya revisión independiente de los casos. "Realmente no estamos científicamente en condiciones de decir que el teléfono ha sido infectado por los nuevos sistemas de espionaje, desgraciadamente, solo dicen que lo pueden hacer el equipo de 'catalán gate'. Solo ellos", ha subrayado.

ESPIONAJE A SÁNCHEZ Y MINISTROS

Sobre el caso que afecta al dispositivo móvil de Sánchez y dos ministros, el periodista de investigación Ignacio Cembrero, supuesta víctima también del programa Pegasus por parte de Marruecos, ha asegurado que las explicaciones del Ejecutivo "no son creíbles" y ha señalado que la exministra de Exteriores Arancha González Laya ya apuntó a un espionaje de su teléfono en 2021, en plena crisis con Marruecos por el incidente fronterizo en Ceuta.

A su juicio, el anuncio del Gobierno sobre el espionaje a miembros del Gobierno, incluido Sánchez, se hizo para contrarrestar el efecto del caso al espionaje a los independentistas. "El anuncio en mayo de este año es para atenuar el impacto del 'catalan gate'", ha afirmado. El periodista ha lamentado que las autoridades españolas no hayan denunciado a la empresa NSO ni hayan reclamado explicaciones a Israel, cuyo gobierno debe autorizar la venta del software a terceros países, ni en su caso a Rabat por el supuesto espionaje. "No se entiende que no haya denunciado, ni haya hecho ninguna queja contra Marruecos", ha afirmado.