Discurso del debate de investidura de Felipe González de 1993

MADRID, 1 Mar. (EDIZIONES) -

Señor Presidente, señoras y señores Diputados, comparezco hoy ante la Cámara, en cumplimiento del mandato constitucional, para solicitar de SS.SS. el voto favorable a la investidura.
Las elecciones del pasado 6 de junio permitieron a los españoles manifestar sus preferencias políticas y, al mismo tiempo, su voluntad de otorgar una confianza mayoritaria a nuestro proyecto de progreso, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta de los escaños de la Cámara. A este mandato debemos atenernos.
Los ciudadanos han renovado su confianza en la fuerza política que represento, al tiempo que nos han pedido que vayamos más lejos, que hagamos las cosas de otra manera y que, sabiendo recoger el fruto de los esfuerzos anteriores, marquemos una orientación que nos permita afrontar el futuro con éxito.
Los españoles nos están pidiendo más diálogo con la sociedad y con las otras fuerzas políticas; nos demandan, en definitiva, un cambio sobre el cambio. La propia ausencia de una mayoría absoluta es la más clara constatación de una nueva realidad política que exige a todos, y en particular a quien obtenga el mandato de la Cámara para gobernar, un nuevo enfoque político.
Pasado el proceso electoral, he expresado la necesidad de formar un gobierno con respaldo mayoritario en el Parlamento.
Estoy convencido de que los acuerdos estables con otras fuerzas políticas son un requisito necesario para esta nueva etapa política con objeto de superar los retos que la misma plantea. Vengo, pues a solicitar su apoyo para la formación de un gobierno que tiene una clara vocación de diálogo y compromiso, abierto a la colaboración de las fuerzas políticas que puedan encontrar en el programa suficientes coincidencias con los suyos propios como para votar favorablemente en esta sesión.
En el curso de las conversaciones mantenidas hemos encontrado bases suficientes para un posible compromiso de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco y para compromisos programáticos concretos con Convergència y Unió, que irán desarrollándose en el inmediato futuro, sin cerrar la posibilidad por nuestra parte de una colaboración gubernamental cuando se juzgue oportuno. El gobierno que se forme tras estas conversaciones, señorías, se compromete, desde el comienzo, a mantener abierto el diálogo con las otras fuerzas políticas que lo deseen, e intentará asumir las propuestas que sean coherentes con la orientación progresista que inspirará su acción.
Antes de entrar a definir los ejes de la acción gubernamental quisiera trasladar a SS.SS. algunas consideraciones sobre la situación por la que atraviesa nuestro país y sobre los retos a los que nos enfrentamos. Pese a las dificultades presentes, deseo trasladar también nuestra esperanza sobre las posibilidades del futuro, un futuro fruto del esfuerzo de modernización emprendido por nuestra sociedad desde 1977. A partir de ese análisis señalaré las prioridades de la legislatura y les trasmitiré el talante con el que pretendo dirigir la acción de gobierno en los próximos cuatro años, si obtengo el respaldo de la Cámara.
Considero, señorías, que es necesario abrir esta nueva etapa con un compromiso sólido de renovación política y con una reafirmación de los valores de progreso que orientan nuestra acción. Estos valores de tolerancia, de solidaridad, de austeridad, de esfuerzo personal, de respeto a la legalidad y a la paz son, a mi juicio, ampliamente compartidos por la mayoría de los ciudadanos. Tolerancia entendida como expresión del talante democrático, del respeto a las posiciones de los demás, sin tentaciones excluyentes; solidaridad asumida como el impulso que hace que ciudadanos e instituciones no se desentiendan de la suerte de los menos favorecidos; austeridad como principio de conducta personal y como instrumento para luchar contra la crisis, ahorrando recursos para destinarlos a la inversión productiva generadora de empleo; esfuerzo personal para enfrentar los retos que se nos presentan como ciudadanos y que exigen una justa compensación a aquellos que los realizan; respeto a la legalidad y compromiso por la paz que excluya las actitudes que vulneran o que sortean los cauces establecidos para todos por igual y que rechazan con firmeza las actitudes de los violentos.
En este punto quiero testimoniar mi solidaridad con las víctimas que hace días se produjeron en Madrid y con las que hoy en San Sebastián están sufriendo el embate de esa violencia.
Insisto en estos valores porque toda política debe asentarse en convicciones. No puede convertirse en mera administración de los asuntos públicos, sino que debe marcar las pautas de la acción colectiva y reflejar las aspiraciones de la sociedad, su empeño en vencer los obstáculos, en superar los desafíos y en aprovechar las oportunidades que se le ofrecen.

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Durante los años ochenta hicimos frente a una aguda crisis económica y supimos superarla. Hemos conocido así períodos de estancamiento económico y de expansión acelerada. Hemos pasado del prolongado aislamiento internacional a la incorporación plena en la construcción europea, con un protagonismo destacado. Hemos afianzado el edificio constitucional y desarrollado su ordenamiento democrático. Hemos puesto en pie las bases de un sistema de protección social que otras naciones han logrado en ciclos históricos más prolongados.
Hoy, sin embargo, hemos de hablar, sobre todo, de las dificultades que caracterizan el momento presente, dificultades concretas que venimos padeciendo en los últimos tiempos, dificultades para competir que sienten directamente aquellos que están perdiendo su puesto de trabajo, dificultades para contener los precios que sienten también directamente los pensionistas o los empresarios abiertos a la competencia que ven peligrar sus empresas en mercados cada vez más agresivos.
Cuando hablo de dificultades, señorías, me refiero también a la incertidumbre frente al futuro de los jóvenes o a los problemas que se relacionan con la inseguridad ciudadana, con la droga o con la marginación. Estos son los problemas a cuya solución se dirigirá la acción del Gobierno que hoy les presento y cuyos objetivos básicos son crear empleo y fortalecer nuestra democracia.
Los problemas de nuestra democracia deben resolverse profundizando en la democracia. Su solución depende exclusivamente de nosotros. Abordaremos reformas institucionales concretas con mejoras en nuestros mecanismos de participación y control. Los problemas de nuestra economía no pueden separarse, en cambio, del contexto europeo e internacional desfavorable que vivimos, aunque presenten características particulares que podemos y debemos corregir.
El crecimiento del paro en los últimos doce meses ha encendido la luz de alerta y hay que actuar con la mayor celeridad y profundidad.
Y a partir de estas consideraciones, señorías, la oferta programática que presento se vertebra en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero, la superación de la crisis económica y el impulso económico; el segundo, el impulso democrático; el tercero, el desarrollo autonómico; el cuarto, la política exterior y el impulso hacia la unión europea.
Cualquier reflexión sobre las líneas de futuro de la política económica del Gobierno debe partir, a mi juicio, de dos premisas. Una, que la situación económica es difícil, y difícil para todos, para la pequeña y para la gran empresa, para la agricultura y para el comercio, para los trabajadores y empleados industriales y también para los de servicios; los unos ven caer fuertemente sus beneficios o plantearse el cierre de su actividad y los otros ven comprometido, cuando no extinguido, su puesto de trabajo.
Otra, que en período de grandes dificultades se impone la corresponsabilidad y el esfuerzo solidario de todos, porque a todos afecta la situación. Sólo el empeño y la responsabilidad comunes, con el apoyo de los ciudadanos, de las fuerzas políticas y de los agentes sociales y económicos, sólo con ese empeño podremos encarar con acierto la salida de la profunda crisis actual.
La situación económica en el momento presente, a nivel nacional e internacional, se caracteriza, en primer lugar, por una importante contracción de la actividad económica, más acusada y localizada, como es habitual, en la inversión que en el consumo privado y público. En segundo lugar, esta caída de la actividad se ha traducido en un proceso de rápida destrucción de puestos de trabajo y en la agudización de determinados desequilibrios macroeconómicos, especialmente el déficit del sector público, agravado por la menor recaudación inducida por la crisis y el mayor gasto, producto de los compromisos y coberturas sociales. En tercer lugar, la caída en la actividad económica y la consiguiente disminución de la rentabilidad empresarial se han visto agravadas por las incertidumbres políticas y económicas en el plano internacional, que incluyen desde las dificultades que están encontrando Estados Unidos o Japón para afianzar sus procesos de recuperación hasta las incógnitas derivadas de los procesos de cambio en los países de la Europa del Este, o las presiones proteccionistas concretadas en los constantes ataques y dificultades en la Ronda Uruguay, o las propias dificultades para reencontrar la senda del dinamismo que presidía el proceso de construcción europea. Finalmente, nos encontramos frente a una serie de problemas, de insuficiencias de carácter estructural, que están dificultando el relanzamiento de la actividad económica, como pueden ser el bajo nivel de ahorro, la diferencia entre la inflación del sector industrial y el de servicios, la rigidez del mercado de trabajo o la falta de competitividad de nuestro aparato productivo.
Este diagnóstico no es exclusivamente español, es válido para la práctica totalidad de los países europeos. Es más, la interrelación alcanzada por las economías europeas es de tal magnitud que resulta impensable una salida duradera autónoma, máxime en el estadio actual de globalización de la economía mundial. En consecuencia, nuestro objetivo en el momento presente debe centrarse en la corrección de los desequilibrios y en la aprobación de las reformas estructurales que nuestra economía precisa, de tal forma que nos situemos en las mejores condiciones posibles para beneficiarnos de la futura fase cíclica de crecimiento europeo y mundial.
Por todo ello, los objetivos básicos que deben presidir la política económica española en los próximos años quedarían resumidos y sintetizados en dos, que a su vez son las dos caras de una misma moneda: la creación de empleo y la mejora de la competitividad de nuestro sistema productivo.
Así como en la primera legislatura nos tuvimos que enfrentar a la salida de una crisis que duraba casi un decenio y en la segunda y en la tercera sentamos las bases y consolidamos el período de crecimiento económico

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más largo e intenso de la democracia, en el momento presente, al inicio de esta V legislatura, pensamos que el objetivo básico que debe presidir todas nuestras actuaciones es la mejora de la calidad de nuestro sistema económico, el incremento de su competitividad frente a los países con los que se ve obligado a disputar los mercados. Sin lugar a dudas, este es un requisito imprescindible para la creación duradera de empleo.
A la consecución de estos objetivos estarán orientadas todas las políticas gubernamentales, tanto la propia política macroeconómica como las diferentes políticas sectoriales: la política industrial, la educativa y de formación y, por supuesto, la política laboral y de empleo. Las medidas que, consecuentemente, se adoptarán pueden agruparse en tres grandes bloques. Por un lado, aquellas destinadas a mejorar la competividad, a favorecer la recuperación económica y a corregir los desequilibrios básicos de nuestra economía. Por otro, las encaminadas a conseguir las reformas estructurales que la economía española precisa, siempre desde la perspectiva de homologación a los modelos y sistemas económicos de los países comunitarios. Finalmente, un tercer bloque recogerá los grandes planes de actuación, algunos de ellos ya diseñados en la legislatura anterior, que configuran una clara decisión de mejorar nuestras infraestructuras y nuestro entorno.
Centrándonos en el primer bloque de medidas, las destinadas a mejorar la competitividad y a promover la recuperación económica, cabría establecer tres áreas en las que el Gobierno actuará de una manera preferente: la consolidación fiscal, las medidas de recuperación y el pacto social.
La primera de ellas, como he indicado, consistirá en un programa de consolidación fiscal. El aumento del desempleo y la reducción de los ingresos públicos, provocados ambos por la fuerte recesión económica, configuran un panorama de déficit muy superior al previsto para 1993 y 1994, donde estaremos cerca de alcanzar el cinco por ciento del producto bruto en el déficit de la Administración del Estado. Consideramos necesario no incrementar el nivel de presión fiscal actualmente vigente.
Por ello, la contención del déficit tendrá que articularse a través del control del gasto, buscando un paulatino reequilibrio presupuestario que reduzca la presión sobre los mercados de capitales a la hora de captar ahorro interno y facilite la bajada de los tipos. Con el presupuesto para 1994 el Gobierno dará a conocer a la Cámara el conjunto de medidas normativas que garanticen la consolidación fiscal en la línea que he expuesto.
En segundo lugar, el Gobierno adoptará un amplio paquete de medidas que persiguen la recuperación económica y, de manera especial, la incentivación de la inversión y el ahorro. Entre otras, cabría señalar aquí la reducción prudente y concertada de los tipos de interés, en la medida en que el mercado y los ajustes internos lo vayan posibilitando; el apoyo financiero y fiscal específico para la pequeña y la mediana empresa, la reforma del Impuesto de Actividades Económicas, la continuidad en el apoyo a la exportación e internacionalización de las empresas españolas y el mantenimiento del esfuerzo fiscal en la inversión, tanto en capital físico como humano. El Gobierno impulsará el diálogo social sobre la competitividad industrial con el fin de alcanzar el mayor consenso en torno al Libro Blanco de la industria y a acentuar el carácter activo de la política industrial, cuyo objetivo es ayudar a las empresas en sus esfuerzos para mejorar su propio potencial, fortaleciendo los principales factores de los que depende su competitividad, como la innovación tecnológica, la calidad y la seguridad industrial, la adaptación medioambiental de la industria, los servicios de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la cooperación empresarial.
En tercer lugar, impulsaremos la creación de empleo a través del pacto social al que me voy a referir posteriormente con detenimiento.
La segunda área de iniciativas integraría todas aquellas, muchas de carácter estructural, que quieren conseguir una sociedad más competitiva a la vez que más flexible y transparente, reformas cuyo desarrollo y efectos previsiblemente se harán sentir a medio y a largo plazo. En este campo se deben incluir la mejora de la eficacia de la Agencia Tributaria y el diseño de un plan de lucha contra el fraude fiscal, o la Ley de Arrendamientos Urbanos, la liberalización del sector de servicios en áreas como el transporte y las telecomunicaciones, buscando reducir su actual tendencia inflacionista; o la reforma del Impuesto de Sociedades, que actualice y adecue a las necesidades empresariales presentes la legislación fiscal en este campo en materias como la doble imposición, los ajustes contables o las amortizaciones.
Por último, una tercera área constituida por las iniciativas en materia de infraestructuras y de medio ambiente, que España precisa para completar su desarrollo y conseguir la articulación espacial necesaria en la que fundamentar su crecimiento e incorporación a Europa en condiciones de igualdad competitiva.
En este apartado se incluyen, señorías, entre otros, la aprobación y puesta en marcha del plan director de infraestructuras, en el que se diseña un conjunto integral de actuaciones básicas en el área de las infraestructuras para un horizonte de quince años, y el plan de reforestación, que asume como objetivo la actuación en los próximos cuatro años sobre un millón de hectáreas, o el plan hidrológico nacional, que dibuja un esquema de intervención a largo plazo, asegurando el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles.
El conjunto de las políticas desarrolladas en estas tres áreas de actuación será congruente con un proyecto que tiene como una de sus señas fundamentales de identidad el mantenimiento de la cohesión social y territorial, buscando siempre la protección de los sectores que tienen una menor capacidad de defensa frente

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a los desajustes cíclicos de la economía o simplemente frente a la libre actuación de las fuerzas del mercado.
Esta dimensión solidaria de nuestra política debe ponerse especialmente de manifiesto en los momentos actuales de dificultad económica y exige como contrapunto inexcusable una tarea eficaz para eliminar el fraude en las prestaciones. Pero los contenidos sociales de nuestras políticas no sólo responden a las señas de identidad de un proyecto de progreso.
Estamos convencidos de que la mejora de la educación, de la sanidad y, en general, las políticas que persiguen la igualdad de oportunidades son requisitos no sólo convenientes sino necesarios para el desarrollo de nuestra economía y de nuestra sociedad. Por ello avanzaremos en estas políticas en la medida de nuestras posibilidades y, en el necesario clima de austeridad en que debemos actuar, dirigiremos los recursos disponibles hacia aquellos que más los necesiten, garantizando que sirvan efectivamente a los objetivos a los que están destinados, y pediremos así los esfuerzos de solidaridad en relación a las capacidades y a las posibilidades de todos.
Este mismo esfuerzo de solidaridad es el que explica nuestra voluntad de llegar a un acuerdo con los interlocutores sociales para definir la estrategia que pensamos desarrollar en los próximos años con el objetivo de crear empleo. Es lo que hemos llamado durante la campaña el pacto por el empleo.
En lo fundamental, nuestra crisis no es diferente a la que padecen otros países de nuestro entorno. En algunos de ellos, la responsabilidad de los agentes sociales está posibilitando la adopción de estrategias económicas que facilitan la redistribución de los costes de la salida de la crisis.
Si queremos mantener los logros sociales alcanzados en nuestro país en el pasado decenio, resulta obligado un nuevo esfuerzo colectivo que acepte la adopción de medidas imprescindibles para afrontar y superar el actual período de recesión y de destrucción de empleo.
Estamos firmemente convencidos de que un acuerdo con los interlocutores sociales aumentaría nuestras posibilidades de desarrollo económico y social y aprovecharía al máximo las potencialidades que ofrece la estrategia que proponemos. El pacto social que estamos ofreciendo a los interlocutores sociales no es sólo un pacto de rentas, es un pacto global que se plantea como objetivo fundamental la creación de empleo.
Este pacto social deberá contemplar la distribución de los esfuerzos y de los sacrificios, así como de los compromisos que se asuman dentro de una estrategia de recuperación económica, de forma equitativa entre todos los sectores económicos y sociales de la sociedad, tanto en su vertiente de política de rentas como de definición global de la estrategia económica y de compromiso en las reformas estructurales que de ellas se derive, y específicamente la del mercado laboral. Una política de rentas eficaz y solidaria tiene que tener en cuenta los objetivos de competitividad de nuestra economía. En este sentido promoveremos, en el marco del diálogo social, la adopción de medidas que, siendo compatibles con el principio de autonomía en la determinación de los salarios y de los beneficios, garanticen la coordinación de las distintas rentas con el esfuerzo de recuperación económica, de corrección de nuestros desequilibrios básicos y, en definitiva, con la creación de empleo.
Paralelamente, nos proponemos realizar la reforma del mercado de trabajo que, promovida ya en la anterior legislatura, está siendo debatida en este momento en el Consejo Económico y Social. Esta reforma pretende ser global y equilibrada, sustentada en un acuerdo con los interlocutores sociales sobre cuestiones que nos parecen básicas. La primera de ellas es la adaptación de los servicios públicos de empleo, ya iniciada, con la transferencia de la gestión de las prestaciones por desempleo del Inem al Instituto Nacional de la Seguridad Social para conseguir que el Instituto Nacional de Empleo se centre en la función de intermediación que desarrolla en el mercado de trabajo.
La segunda pretende la modificación de las actuales modalidades de contratación laboral, con el fin de lograr un equilibrio en el sistema de relaciones laborales que se base, sobre todo, en el restablecimiento progresivo del principio de causalidad en relación con la contratación laboral, en el fomento de la estabilidad en el empleo y en la introducción de mayores facilidades a la movilidad interna de las empresas, tanto de carácter funcional como geográfico. Consciente de las dificultades que ello plantea, el Gobierno estará dispuesto a concertar con los agentes sociales una política de vivienda que otorgue prioridad de acceso a ella a los trabajadores que se desplacen de residencia por motivos laborales.
La tercera está vinculada a la políticas activas de empleo, políticas orientadas, sobre todo, a favorecer la creación de puestos de trabajo para aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral, particularmente los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración. También se orientarán a la ordenación, al uso más flexible y al reparto del tiempo de trabajo para crear más oportunidades de empleo y, a este efecto, se fomentará la utilización de los contratos a tiempo parcial y de relevo y se recuperará el contrato de aprendizaje.
La cuarta cuestión básica se refiere a la política de formación profesional. Como recordarán SS.SS., durante la anterior legislatura se ha aprobado el Programa Nacional de Formación Profesional para el período 1993-1996, dotado con 500.000 millones de pesetas, y se ha llegado a un acuerdo con los interlocutores sociales sobre formación continua para los trabajadores ocupados, que también tendrá un importe de 200.000 millones de pesetas. En los próximos años pretendemos dar un fuerte impulso a la política de formación profesional dentro de una estrategia general de competitividad, de lucha contra el desempleo y de promoción social y profesional de los trabajadores. Este impulso tendrá como soporte un importante esfuerzo financiero, como he dicho.

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Finalmente, creemos que es necesario avanzar hacia un modelo de relaciones laborales más participativas y cooperativas. El pacto social para el empleo es un buen instrumento para ello al permitir profundizar en el desarrollo de la democracia industrial, extendiendo derechos de información y consulta de los trabajadores e introduciendo nuevas formas de participación y de colaboración en la empresa, contemplando al mismo tiempo la consiguiente corresponsabilización.
Se trata, en definitiva, señorías, de intentar sustituir un modelo de relaciones laborales de conflicto por un modelo de corresponsabilidad adecuado a las circunstancias del presente.
En este esquema se inserta una regulación del ejercicio del derecho de huelga que corresponsabilice a los sindicatos, sobre todo cuando afecte a los servicios esenciales para la comunidad. Por nuestra parte cumpliremos el compromiso electoral presentando el texto de la ley que decayó en la anterior legislatura.
En esta misma dirección cabe contemplar el propósito de regular la participación institucional de los interlocutores sociales y apoyar los órganos paritarios de conciliación, mediación y arbitraje que ellos mismos establezcan de común acuerdo.
Estas son en síntesis, señoras y señores Diputados, las líneas de actuación en materia económico-social que me propongo aplicar para facilitar la recuperación económica, mejorando nuestra competitividad, realizando las reformas estructurales necesarias, priorizando la educación y la formación profesional y dotándonos de mejores infraestructuras. Si consiguiéramos alcanzar un acuerdo razonale con los agentes sociales en las materias que les afectan, tengo plena confianza en el potencial de nuestra economía y en la energía de nuestras empresas para dar un nuevo salto hacia adelante en el camino de la prosperidad económica y social.
En segundo lugar, me gustaría hablarles del impulso democrático.
Las pasadas elecciones, señorías, han venido a desmentir en parte el supuesto alejamiento entre los ciudadanos y la política. La elevada participación en las urnas y el alto grado de interés que despertó la campaña electoral, inmersa en una grave crisis económica y en un clima de imputaciones generalizadas de corrupción, son una buena prueba de este interés ciudadano. Sin embargo, la necesidad de dar un nuevo impulso a la democracia nace de una reflexión sobre el momento histórico que nos tocar vivir. Se trata de una reflexión no específicamente española puesto que constituye una preocupación difundida ampliamente en la mayor parte de las democracias europeas. Estamos presenciando en Europa un cierto proceso de desafección de los ciudadanos respecto de las políticas tradicionales, los partidos políticos y sus representantes. Incluso me atrevería a decir que asistimos a una cierta pérdida de aprecio hacia elementos esenciales del funcionamiento de la democracia. Todo ello se traduce en una crítica general y sin matices de los partidos, de las instituciones y de todos los ámbitos de la vida pública.
Sin dramatizar este distanciamiento, hemos de ser conscientes de la necesidad de revalorizar la vida de los partidos y de las instituciones. Se trata de convertir al Parlamento en el centro real del debate democrático, de dotar de mayores poderes al Consejo General del Poder Judicial, para hacer que la justicia sea más eficaz, de aumentar la eficacia, la agilidad, la transparencia de la Administración y hacerla más próxima al ciudadano. Analizaré, señor Presidente, cada uno de estos objetivos con algún detalle.
He insistido durante la campaña electoral en la necesidad de una ley de partidos políticos, una legislación que nos ayude a superar la desconfianza sobre la actuación y la financiación de los partidos. Los aspectos que debería regular esta ley son, por una parte, los derechos y deberes básicos de los afiliados a los partidos, en cumplimiento del mandato constitucional de funcionamiento democrático, y, por otra, las fuentes de financiación de los partidos, políticos que deben limitarse, a nuestro juicio, a la financiación pública y a la privada que provenga exclusivamente de personas físicas, aunque esta última pueda llevar aparejada la posibilidad de desgravación fiscal. Es preciso también regular en esta ley la contabilidad de los partidos para hacerla más transparente, con el inexcusable corolario de reformar la Ley del Tribunal de Cuentas, en orden a reforzar sus posibilidades de control.
Durante el período de campaña he ofrecido la creación de una comisión de encuesta a nivel parlamentario, sobre la financiación de los partidos. Mantengo ante esta tribuna esa oferta a los grupos políticos de la Cámara.
En cuanto al Parlamento, debemos culminar la reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado, muy avanzadas ya en la anterior legislatura, con el objetivo de recuperar las funciones más genuinas de las Cámaras, es decir, la de legislar y, sobre todo, la de conocer y aproximarse a los problemas concretos a través del debate parlamentario.
La presencia permanente del Ejecutivo y de su propio Presidente ha de facilitar una mejor labor de control sobre sus actuaciones, todo ello orientado a fomentar el interés de los ciudadanos por las cuestiones políticas que se debaten aquí. Pretendemos que la reforma del Reglamento del Senado abra el camino hacia su definitiva configuración como Cámara territorial más allá de su papel actual como Cámara de segunda lectura. En ese camino no descartamos promover una reforma de aquellos aspectos de la Constitución que pudieran dificultar ese objetivo, siempre que fuera preciso y existiera el consenso parlamentario suficiente.
Parece necesario revisar también el sistema de provisión de los miembros de los órganos constitucionales, tales como el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo. A mi juicio, la elección de esos componentes debe seguir siendo competencia del Parlamento, pero debemos arbitrar mecanismos de funcionamiento que eviten el reparto de cuotas entre partidos y los bloqueos que se vienen

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produciendo como consecuencia de la falta de acuerdo.
(Rumores.) En relación con la justicia creo que es legítimo señalar la enorme transformación realizada en estos años. Se han multiplicado los medios personales y materiales, lo que ha requerido doblar la participación del gasto en justicia en relación con nuestro producto interior bruto.
A partir de lo ya realizado hay que dar un impulso definitivo que permita a la justicia lograr el aprecio de la ciudadanía que merece y necesita esa función del Estado. Para ello hay que dirigir el esfuerzo prioritariamente hacia la calidad, lo que exige una mejora constante de la formación de jueces y magistrados. Una mayor especialización debe tener también incidencia sobre la mejora de la calidad en la actividad jurisdiccional. Hay que preservar y profundizar en la independencia del poder judicial y, en paralelo, perfeccionar también los mecanismos por los que se pueden exigir responsabilidades, para lo cual es preciso una reforma que permita ejercer sus poderes al Consejo del Poder Judicial, todo ello de acuerdo con lo que el propio Consejo viene demandando en sus informes. Por hacer referencia a aspectos más concretos señalaré que la reforma procesal ha de ser aprobada con prontitud, prestando especial atención al orden civil y contencioso-administrativo que sufren las consecuencias del aumento de la litigiosidad.
Señor Presidente, señorías, la competitividad depende no sólo de la productividad del sector privado de la economía sino también de la calidad y buen funcionamiento de sus administraciones públicas. Ello remite a la exigencia de modernización de la Administración en una triple faceta: logrando una eficiencia elevada que mejore la relación entre los costes y los beneficios de su funcionamiento, mejorando la calidad y la eficacia de los servicios que se prestan a los ciudadanos y flexibilizando las rigideces de su funcionamiento, aumentando la transparencia, haciéndose más accesible e incorporando tanto en las normas jurídicas que la regulan como en la práctica diaria una cultura de servicio a los usuarios. Se trata, señorías, de conseguir estructuras administrativas reducidas y eficaces volcadas sobre las demandas de la sociedad.
Por eso, es propósito del Gobierno continuar en términos generales con la política de congelación del empleo público.
El complemento de esta política será un aumento de la movilidad y versatilidad del personal al servicio de las administraciones. Pero una reflexión sobre el impulso democrático en un país tan descentralizado como el nuestro quedaría incompleta si no contemplase las necesarias adecuaciones a esta nueva etapa política del propio Estado de las autonomías. Nuestro país, señorías, ha recorrido en pocos años un largo camino, el que media entre un Estado autoritario y centralista y un Estado democrático y fuertemente descentralizado. Este recorrido ha sido posible gracias al alto nivel de acuerdo político que presidió tanto la Constitución como la aprobación de los diversos estatutos de autonomía y, a partir de una y otros, presidió también las diversas etapas de la construcción del Estado autonómico.
En otros momentos he expresado ante esta Cámara la necesidad de articular una política autonómica que sea capaz de responder a la homogeneidad y a la diferencia, a los problemas que son comunes y compartidos por todas las comunidades autónomas y a los que tienen su origen en los indiscutibles hechos diferenciales que se derivan de peculiaridades geográficas, culturales, lingüísticas o del propio contenido estatutario de cada comunidad.
La Constitución garantiza la igualdad básica de todos los ciudadanos españoles en la totalidad del territorio, previene contra toda discriminación injusta y, a la vez, ampara diferencias organizativas y competenciales entre comunidades autónomas, dentro del marco que es común a todas ellas. Pues bien, en esta España plural y diversa, o, si lo prefieren, en la organización política que es el Estado que nos hemos dado los españoles, resulta tan indispensable como posible asegurar la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades de los habitantes de todos ellos y la integración en un proyecto compartido de responsabilidad de aquellas visiones legítimas y diferenciadas sobre el Estado de las autonomías, que nuestra Constitución ampara y los ciudadanos han venido avalando con sus votos.
Por todo ello, quiero expresar a SS.SS. la necesidad de seguir manteniendo el espíritu de acuerdo que ha hecho posible la construcción del Estado autonómico, espíritu que me propongo solicitar para todas aquellas cuestiones que, por afectar a la estructura territorial del Estado y a la distribución del poder político, hacen conveniente una especial aproximación de posiciones.
Igualmente deseo pedir a los grupos de la Cámara su contribución al avance decidido de la cooperación en el Estado de las autonomías, objetivo para cuya consecución el Gobierno impulsará los acuerdos ya alcanzados y desarrollará las fórmulas previstas en la reciente legislación administrativa para la cooperación entre las instituciones.
En los últimos diez años la participación de la Administración general del Estado en el gasto de las administraciones públicas ha caído en más de 20 puntos porcentuales en beneficio de las comunidades autónomas, preferentemente, y en una proporción menor de las corporaciones locales. Este proceso de descentralización política, administrativa y económica no ha concluido. A lo largo de los próximos años ha de completarse lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transferencias a las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, mediante el traspaso de los medios personales y materiales necesarios. Esto significará, señorías, el traspaso de unas 200.000 personas de la Administración central del Estado a estas comunidades y alrededor de un billón de pesetas de 1992, que incrementarán sus presupuestos y reducirán el del Estado. Asimismo, la ampliación de

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competencias se plasmar en la reforma de los estatutos de estas diez comunidades.
Para las comunidades autónomas del artículo 151 de la Constitución se trata de culminar en esta legislatura los traspasos que están todavía pendientes y que esas comunidades solicitan. En este sentido, señoras y señores Diputados, el Gobierno, con los gobiernos de esas comunidades, llevará a cabo una lectura conjunta de sus estatutos que permita, a la luz de la Constitución y de la doctrina del Tribunal Constitucional, establecer el calendario de los traspasos. De este modo, la superación del bloqueo de los años pasados se convertirá en una de las prioridades del Gobierno.
La financiación de las comunidades autónomas recibió un nuevo impulso, en el año 1992, con la suscripción unánime del acuerdo quinquenal de financiación, en el que se avanza en materia de suficiencia económica, se reducen las diferencias entre comunidades en la financiación general y se mejora la disciplina financiera del sistema. Sin embargo, no ha sido posible hasta ahora dar pasos significativos en materia de corresponsabilidad fiscal, una cuestión que resulta indispensable en la actual configuración del Estado de las autonomías si no queremos que las insuficiencias en los recursos públicos de las comunidades autónomas se traduzcan en demandas de nueva financiación con cargo a los Presupuestos del Estado.
Como he dicho en varias ocasiones, la introducción práctica del principio de corresponsabilidad fiscal ha de hacerse compatible con el principio de solidaridad que exige nuestra Constitución e inspira la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y debe también legitimarse mediante el más amplio acuerdo posible en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que participan todas las comunidades autónomas. Antes del mes de octubre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera será convocado para cerrar un acuerdo en esta materia que, una vez conseguido, será trasladado a la ley de Presupuestos para 1994.
Las peculiaridades económicas de Canarias, señorías, han quedado salvaguardadas en su específico proceso de integración en la Comunidad Europea. En esta legislatura el Gobierno completará el régimen económico-fiscal de las islas. Este proceso habrá de incluir el establecimiento de instrumentos específicos de desarrollo y también la creación de una zona económica especial competitiva. Para ello, quiero contar, naturalmente, con el diálogo y el entendimiento del Gobierno autónomo de Canarias.
Además, señorías, esta legislatura debe ser la que haga posible, tras años de discusiones y desacuerdos, la aprobación de los estatutos de autonomía para las ciudades de Ceuta y Melilla (Rumores.--Un señor Diputado: !Oh!), conforme a lo aprobado en el último debate sobre el Estado de las autonomías, celebrado recientemente en el Senado.
Pero la descentralización del Estado no puede olvidar el papel que juegan las corporaciones locales y el que les ha de corresponder en esta nueva articulación del país, que se basa esencialmente en el acercamiento de los poderes públicos a los ciudadanos. Por ello, señorías, me propongo impulsar un debate político y los necesarios acuerdos institucionales que permitan definir en esta legislatura nuevas funciones para las entidades locales. Para ello, el Gobierno preparará un Libro Blanco y hará uso de su iniciativa legislativa para la modificación del régimen local básico de las grandes ciudades.
Todas estas transformaciones, señoras y señores Diputados, tienen que venir acompañadas de las oportunas modificaciones administrativas. La eliminación de las duplicidades, cuando las hubiera, y la simplificación de las administraciones públicas son exigencias del perfeccionamiento del Estado que el Gobierno habrá de impulsar mediante fórmulas de cooperación entre administraciones y mediante una nueva ley de organización de la Administración general del Estado, que afectará también a su organización territorial en lo que se refiere a su propia administración. Un esfuerzo de racionalización y de simplificación que espero sea acompañado por uno equivalente en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales.
Permítanme adentrarme ahora en la política exterior y en el necesario impulso europeo.
La anterior legislatura se inició en un marco ilusionante por lo que se refiere a la configuración de un nuevo orden mundial. El año 1989 fue, entre otros muchos acontecimientos de gran relevancia, el de la caída del muro de Berlín. Sin embargo, la caída del muro ha sido el mejor símbolo de los cambios que, aun siendo portadores de grandes esperanzas, plantean retos e incertidumbres que debemos despejar para construir un nuevo orden mundial más democrático y más justo.
Los vientos de libertad que han modificado profundamente los sistemas de relación y de cooperación entre las naciones han traído también inestabilidad e incertidumbre. Desde aquel 1989 el mundo ha cambiado radicalmente: en menos de cuatro años Alemania se ha unificado, la guerra fría se ha quedado en el pasado, la Unión Soviética ha desaparecido y el comunismo ha dejado de ser una ideología con fuerza en la esfera internacional. En Europa hay hoy una veintena de Estados más que entonces y, coincidiendo con estos fenómenos, que han traído nuevas oportunidades, se ha producido también una globalizacióon de la economía en numerosos ámbitos cuyos efectos todavía no se logra calibrar ni controlar en su totalidad.
No quiero detenerme hoy en el pasado, sólo esbozar la magnitud del cambio que se ha producido y señalar que creo que España ha salido bastante airosa de esta gran turbulencia. La pieza clave del orden internacional debe ser el sistema de Naciones Unidas y, en particular, la actividad del Consejo de Seguridad. Por eso, en su día, nos esforzamos por estar presentes en el Consejo de Seguridad durante este período de grandes decisiones y hoy defendemos un Consejo de Seguridad eficiente pero también más representativo de la realidad internacional. El sistema internacional reclama hoy

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no sólo legitimidad sino también operatividad, lo que implica reforzar la capacidad para llevar a cabo una diplomacia preventiva y misiones de paz y humanitarias. España no escatima sus esfuerzos en este sentido, como lo demuestra la presencia militar en misiones de paz y humanitarias en la antigua Yugoslavia, o en Angola, en Nicaragua o en El Salvador.
Deseo expresar en este punto mi profundo reconomiento, que estoy seguro comparten SS.SS. y todo el pueblo español, hacia nuestras Fuerzas Armadas por la labor que realizan en la antigua Yugoslavia. Quiero que estos españoles, que en algunos casos ya han ofrecido sus vidas protegiendo otras vidas y los derechos humanos en Bosnia, sepan que merecen nuestro mayor respeto y nuestro mayor apoyo, igual que sus familias merecen toda nuestra solidaridad.
En la redefinición de un nuevo orden mundial España debe impulsar también una renovada relación con los Estados Unidos, que se debe completar con un nuevo modelo de relaciones entre la Unión Europea y ese gran país. Debemos esforzarnos en dotar de mayor contenido esta relación y darle nuevo vigor desde el punto de vista económico, político, social y cultural. Ninguno de estos avances se puede hacer a costa de la dimensión iberoamericana de España. La progresiva construcción de la comunidad iberoamericana, a través de las conferencias de Jefes de Estado y de Gobierno, cuya tercera edición --espero que fructífera--celebraremos dentro de unos días en Brasil, está contribuyendo ya al asentamiento de la libertad, la democracia, el desarrollo y la paz en las naciones del continente, y ello justificaría, por sí solo, la presencia activa de España en este foro y su empeño en fortalecerlo.
Tampoco se puede olvidar la relación prioritaria de España con los países del Magreb y, en general, con los países del sur del Mediterráneo, cuya estabilidad y prosperidad económica también necesitamos. En relación con ellos, España tiene que realizar un esfuerzo de política de cooperación al desarrollo, como aportación a un nuevo orden mundial que debe basarse en la justicia y en la solidaridad. Pero en el marco inestable del panorama internacional pocos proyectos han sido capaces de resistir o de adaptarse a las nuevas circunstancias como el de la Unión Europea, e incluso éste ha padecido convulsiones como las que han significado las dificultades de ratificación del Tratado de la Unión o las tormentas monetarias que han amenazado gravemente la continuidad del Sistema Monetario Europeo y han presionado también, de forma muy importante, sobre nuestra moneda.
Pese a esas dificultades, el proyecto de Unión Europea sigue siendo factor de estabilidad, pacificación y progreso para todo el continente, constituyendo, además, una aportación inestimable a la estabilidad mundial y a la constitución de un nuevo orden multipolar de fuerte componente regional. Sin embargo, hemos asistido en los últimos años a un intenso debate, dentro y fuera de nuestro país, sobre las ventajas e inconvenientes de la Unidad Europea para el continente en su conjunto y para cada una de las naciones que lo integran. Este debate ha evidenciado la tentación que sienten algunos sectores europeos de ensimismarse, de que cada país se repliegue sobre sí mismo, de ceder a la tentación hipernacionalista. Hoy, más que ayer, necesitamos, a mi juicio, menos separación y más integración; más Europa. Para lograrlo, la construcción europea debe ser capaz de ganar legitimidad y respaldo, de generar crecimiento y empleo y de lograr una capacidad de iniciativa internacional. El camino para ello es el que se diseñó en el Tratado de la Unión Europea, que espero entrará en vigor en el otoño, una vez superadas las reticencias para su ratificación en algunos países.
La tarea más urgente será la de asegurar que avanzamos por la senda que conduce a la Unión Económica y Monetaria, a cuya primera cita España no debe faltar. Además, estoy firmemente convencido. como saben SS.SS., de que las políticas de convergencia necesarias para asegurar ese encuentro con la Unión Económica y Monetaria son las mismas políticas que España necesita para salir de su actual crisis económica. No se trata de sacrificar nada a un afán europeísta abstracto sino de fortalecer económica y socialmente a nuestro país practicando un europeísmo concreto, en el que por lo demás, y en buena parte gracias a nuestro esfuerzo, se han incorporado mecanismos de cohesión económica y social.
La Unión Europea no es un proyecto concluido; deberemos aprovechar estos años para el desarrollo político interno de la unión que le permita situarse como núcleo estabilizador y unificador de la nueva Europa, con la perspectiva de la ampliación a países como Suecia, Austria, Noruega o Finlandia y de las políticas de apoyo a los países de la Europa central y oriental. De todos estos desarrollos, señorías, internos y externos, el Gobierno mantendrá puntualmente informada a esta Cámara. En esta legislatura no sólo deberemos poner en práctica el Tratado de la Unión Europea sino que también tal y como está previsto para 1996, deberemos trabajar en su reforma. Asimismo hemos de ratificar el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y su protocolo de adaptación. Creo que nuestro Parlamento debe implicarse activamente en esas tareas y espero por ello la colaboración de SS.SS. reforzando la defensa de los intereses de España.
Los avances en el proyecto europeo incluyen una política exterior y de seguridad común. España se propone seguir participando activamente en la adaptación y transformación de la Alianza Atlántica, apoyar el desarrollo paulatino de la Unión Europea Occidental y seguir participando, como ya he señalado, en operaciones de paz bajo mandato de Naciones Unidas. Si este proyecto no contara con el apoyo de los ciudadanos, actores y destinatarios del mismo, resultaría vano.
Por ello me propongo fomentar el debate y reforzar la información sobre este proyecto histórico de manera constante y en especial con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1994. Entonces

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tendremos ocasión de contrastar la identificación de las fuerzas políticas y del electorado con este proyecto de futuro.
En los últimos años España, señorías, ha recuperado el lugar que le correspondía en Europa y en el mundo. Mantenernos en él, en un mundo en cambio, no será automático; requiere voluntad, esfuerzo y perseverancia. Por mi parte no los escatimaré, en el buen entendimiento de que ése es el interés de todos los españoles.
Y concluyo. Tras haberles señalado los grandes ejes y prioridades que configurarán la acción del Gobierno, permítanme, señor Presidente, señorías, que retome el sentido global de mis consideraciones iniciales.
Comparezco por cuarta vez a una sesión de esta naturaleza. En 1982 tratamos de interpretar el deseo de cambio de una sociedad que apostaba con confianza por la normalización y la estabilidad democrática, por la superación de una crisis económica profunda y por el desarrollo de nuestro Estado autonómico, además de por la inserción en el proyecto europeo.
En 1986, al inicio de un período de crecimiento que ya se manifestaba con claridad, nos propusimos profundizar en la modernización económica y social, sentar las bases de una sociedad más cohesionada y más solidaria, asegurando para todos unas prestaciones de bienestar, de las que muchos españoles habían carecido, y adaptar todas nuestras estructuras al marco comunitario al que acabamos de incorporarnos.
En 1989 afrontábamos un período de preparación para responder a las exigencias del Acta Unica y del mercado interior, así como de los retos específicos de 1992, en un debate que conicidió cronológicamente con la caída de las dictaduras del centro y del este de Europa, origen de una euforia para la que había muchas razones legítimas, pero que minusvaloraba las grandes dificultades y los muchos problemas que el nuevo escenario conllevaría.
En todas esas ocasiones obtuve el apoyo mayoritario de la Cámara para un proyecto de progreso. Pido hoy ese apoyo para cubrir un nuevo tramo del período entonces iniciado, pero, y sobre todo, para abrir con decisión una nueva etapa. Así lo exige el entorno, cada vez más abierto, en el que nos movemos, los grandes cambios que se están produciendo, la novedad de las respuestas que hemos de encontrar en un contexto de dificultad y de incertidumbre. Así lo reclama la propia transformación de nuestra sociedad, bien distinta hoy a la de hace apenas una década que ha dejado atrás muchos de esos problemas, largo tiempo enquistados, pero que muestra una lógica inquietud ante otras nuevas preocupaciones.
En las elecciones del pasado 6 de junio la sociedad española ha expresado de una manera clara su voluntad y su deseo de que se abra esta nueva etapa. Ha manifestado, además, mayoritariamente, que la acción y la decisiones políticas giren en torno a la oferta socialista y se perfilen con las fuerzas políticas que contribuyan a la estabilidad gubernamental y se articulentratando de encontrar el mayor apoyo y participación política y social.
He podido constatar ese mismo deseo de iniciar una nueva etapa en las conversaciones políticas que he mantenido con representantes de Grupos con presencia en esta Cámara, así como en las llevadas a cabo con los interlocutores sociales: sindicatos y empresarios.
La línea de acción que les he presentado y el Gobierno que me propongo formar han de responder a ese reto fundamental y descansan en una confianza profunda en la capacidad de nuestra sociedad para afrontarlo.
La sociedad española es hoy más libre, más plural, más heterogénea, más abierta y más cohesionada, social y territorialmente, que antes. Sus generaciones más jóvenes son las más formadas y hemos de ser capaces, por el bien de todos, de abrirles un espacio de oportunidad para que pongan en práctica sus muchas posibilidades. En este sentido no querría acabar mi intervención sin mencionar la necesidad de abordar una acción decidida y preferente para favorecer la incorporación activa de sectores sociales tradicionalmente relegados al quehacer de la sociedad española. Se trata, señorías, de los jóvenes y de las mujeres. Se trata no sólo de fomentar su incorporación al mercado de trabajo: se trata de su incorporación en plenitud a la vida social y política, se trata de incorporar sus sensibilidades y sus preocupaciones.
Todo ello forma parte de las mías personales y tendrá, obviamente, un reflejo en la acción del Gobierno que aspiro a presidir.
Toda nuestra sociedad, como conjunto, es cada vez más consciente de que tenemos que afrontar con valentía estos cambios que tenemos ante nosotros. La acción política de progreso consiste en la capacidad para articular respuestas eficaces, conjuntas y solidarias a través del diálogo, del acuerdo y de la participación.
Para este tipo de acción en esta nueva etapa comprometo la plena disponibilidad de mi Gobierno y del Grupo que represento. Para este tipo de acción que nos permitirá ganar el futuro recabo la participación activa de todos y cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas y solicito también el voto favorable de la Cámara.
Muchas gracias.