Discurso del debate de investidura de Mariano Rajoy de 2011

MADRID, 1 Mar. (EDIZIONES) -

Señor presidente, señoras y señores diputados, comparezco ante esta Cámara para solicitar la confianza de la misma en los términos que prevé el artículo 99 de nuestra Constitución. En el prólogo de esta intervención quiero, antes que nada, recordar a las víctimas del terrorismo. Siempre estaremos con ellas. Quiero también dejar testimonio de una sincera voluntad de diálogo y cooperación con las distintas fuerzas políticas que por voluntad de los españoles se encuentran aquí representadas. Deseo asimismo expresar mi respeto y consideración hacia quienes hasta hoy constituyen el Gobierno en funciones, y singularmente hacia su presidente, don José Luis Rodríguez Zapatero.

Señorías, los resultados de las elecciones del pasado 20 de noviembre señalan con claridad una voluntad de cambio en la conducción del Gobierno de la nación que nos corresponde administrar de acuerdo con lo que en ellas propusimos a los españoles.

Me toca exponer ante ustedes las líneas esenciales del programa que pretendo llevar al Gobierno, si cuento con el suficiente apoyo de esta Cámara. Es obvio que dicho programa no puede ser ajeno ni a las difíciles circunstancias que atraviesa nuestro país ni a los deseos que acaban de expresar los españoles en las urnas. Por su parte, la contundencia de los resultados electorales no permite ninguna duda sobre su interpretación: los españoles han establecido un punto y aparte. Nos reclaman que escribamos una nueva en la historia de nuestra democracia.

A esta gran voluntad de restauración de nuestra vida pública responde el programa de gobierno que pretendo exponerles, y que se puede resumir en dos directrices fundamentales. La primera, estimular el crecimiento y potenciar la creación de empleo. Señorías, un país en el que cada día que pasa se destruyen miles de empleos no puede permitirse vacilaciones a la hora de señalar prioridades.

Me propongo pues dedicar toda la capacidad del Gobierno y todas las fuerzas de la nación a detener la sangría del paro, estimular el crecimiento, y acelerar el regreso de la creación de empleo. Esto es lo que exigen las urnas, esto es lo que demanda Europa, esto es lo que España requiere con urgencia, y esta, señorías, es la piedra angular que puede sustentar la tarea de nuestra recuperación.

Que surjan empleos significa que aumente la actividad económica, que el Estado recupere ingresos, que la Seguridad Social ensanche su base y sus cotizaciones, que los pensionistas respiren tranquilos, que podamos mejorar la educación, financiar la sanidad, etcétera. No existe ninguna posibilidad de enderezar la marcha de la nación que no comience por crear las condiciones que permitan a los españoles que no tienen trabajo ponerse a trabajar. Y no estoy pensando únicamente en los beneficios materiales, señorías.

Cuando se crea empleo el país se estabiliza, se afirma la confianza, se reparte mejor la dignidad, los derechos se concretan, los sueños se vuelven accesibles, y cada individuo recupera la capacidad de administrar su propia vida. Cuando se crea empleo, señorías, crece la libertad. Empezaremos por aquí, por lo más importante y lo más difícil. Debemos sembrar con urgencia si queremos que brote lo antes posible la nueva cosecha de empleos en España. Yo les aseguro, señorías, que el Gobierno que forme, si obtengo la confianza la Cámara, no descansará hasta lograr este objetivo fundamental, y esto no está reñido con que la tarea del Gobierno deba proyectarse en una perspectiva más amplia.

Es obvio que no podemos ignorar lo que está ocurriendo en el mundo y lo que ya se nos anuncia para mañana. Por esa razón, la segunda tarea a que me he referido antes consiste precisamente en asegurar la plaza que corresponderá a España y a los españoles en el mundo que surja de esta crisis, y que no será ya el que hemos conocido hasta ahora. Importa mucho que España restaure su propia energía, importa mucho que nos veamos y que nos miren como una sociedad dinámica y como una economía solvente, porque España no está sola en el mundo, dependemos de los demás, y ese mundo está cambiando delante de nuestros ojos. A la salida de la crisis no habitaremos el mismo planeta que hemos conocido.

Habrán cambiado las reglas, habrán cambiado las condiciones de vida, habrá cambiado el peso relativo de los países y su cotización internacional, habrá cambiado hasta la manera de participar en el proyecto europeo. Tenemos que resolver qué lugar queremos que España ocupe en el mundo. Tenemos que resolver cómo insertarnos con ventaja en un escenario global más poblado, más competitivo y más exigente. Lo que propongo, señorías, es que España aproveche la presente oportunidad.

Hemos de hacer reformas, sí, grandes reformas, pero debemos hacerlas pensando en algo más que reducir el déficit, crear empleo, corregir nuestro modelo educativo o asegurar nuestra atención sanitaria. Tenemos que mirar más lejos y más alto, pensar en lo que España necesitará, no el año que viene ni el siguiente, sino en los próximos veinte años. Quiero decir que no se trata ya de recuperar lo que se fue, ni de regresar al lugar que ocupábamos, porque ese lugar ya no existe, señorías. La España que hemos dejado atrás no va a volver, y esta vieja nación tendrá que rejuvenecer su actitud, recuperar flexibilidad y fortalecer sus estructuras para competir por un puesto de primera fila en un mundo nuevo.

Tenemos pues una doble tarea ante nosotros. Vamos a demostrar que los españoles somos capaces de crear empleos, pagar nuestras deudas y sostener una sociedad civilizada, una sociedad en la que los valores que proclama nuestra Constitución -la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad- no se queden en nobles deseos o hermosos enunciados teóricos, sino que definan realmente la prosperidad que pretendemos, porque forman parte natural de ese paisaje civilizado en el que queremos habitar los españoles. Pero también deseamos hacernos sitio en el mundo. Queremos un hueco para un país con prestigio, con crédito, con empleo, con bienestar, con oportunidades.

Señorías, los propósitos que estoy señalando exigen un estilo de gobierno adecuado. Es cierto que los españoles nos han concedido, en una democracia parlamentaria como la nuestra, un amplio margen de maniobra para facilitar la tarea de gobierno en estas circunstancias especialmente desfavorables. Los resultados electorales constituyen sin duda la mejor garantía de que las decisiones se van a tomar y podrán aplicarse al ritmo que sea necesario. Podemos gobernar con eficacia.

Lo que no garantizan es el acierto. La mayoría es un instrumento excelente para ejecutar las decisiones, pero no forzosamente el mejor para diseñarlas. Incluso una mayoría tan generosa como la que se nos ha otorgado se queda muy corta en una tarea que exige el compromiso de toda la nación, y en el que cada español ha de sentirse involucrado. Porque han de ser los españoles, y no el Gobierno, los motores del cambio, los protagonistas de la reforma, los agentes de la recuperación.

El futuro de España es cosa de todos, y cada español debe tomarlo como cosa suya. La tarea del Gobierno no consiste en suplantar a la nación, sino en coordinar sus esfuerzos y facilitar sus tareas. Pues bien, señorías, no existe mejor instrumento para encauzar y coordinar la energía de la nación que el diálogo, un diálogo abierto a todos, dentro y fuera de esta Cámara, un diálogo basado en la transparencia que estimule la unidad, fortalezca los objetivos compartidos, y facilite el apoyo y la participación de todos los ciudadanos y de sus organizaciones. Esta quiero que sea, y necesito que sea, la principal característica del estilo del nuevo Gobierno.

Porque nos enfrentamos a una tarea que implica a cada ciudadano y nos reclama a todos al servicio de ese bien común que a todos nos iguala al que llamamos España. Esto es lo que les propongo, señorías: concentrar todos nuestros esfuerzos en la creación de empleo, reservar un lugar para nuestros hijos en un mundo que cambia, y gobernar desde el diálogo y la transparencia al servicio de unos objetivos compartidos.

El Gobierno que me propongo formar, si consigo la mayoría de la Cámara, debe dar contenido al mandato que hemos recibido, y hacerlo en circunstancias que, como está en la mente de todos, son las más difíciles a las que se haya enfrentado gobierno alguno desde la restauración de la democracia. No pretendo con este recordatorio atenuar en lo más mínimo el peso de la responsabilidad que nos toca asumir.

En la política no existe la herencia a beneficio de inventario. Sabíamos y sabemos lo que nos espera, y sabíamos y sabemos que se nos juzgará por lo que consigamos y no por lo que intentemos o por cómo nos hayamos encontrado las cosas. En el diagnóstico que expondré a continuación no hay ninguna voluntad de mirar atrás ni de pedir a nadie responsabilidades que ya han sido sustanciadas por las urnas hace un mes.

Pero me parece de la máxima importancia que compartamos una visión de dónde estamos y por qué estamos precisamente donde estamos, porque sin ese análisis no es posible que tracemos un plan adecuado para afrontar los problemas. Ese diagnóstico tiene que responder a un compromiso del que pretendo hacer bandera en mi Gobierno, si la Cámara me otorga su confianza: decir siempre la verdad, aunque duela. Decir la verdad sin adornos y sin excusas. Llamar al pan, pan, y al vino, vino.

Ese diagnóstico no puede empezar por otro lugar que por la cifra más dramática de las que definen hoy nuestra situación económica y social; me refiero, señorías, al paro. A día de hoy, tras los últimos datos conocidos, tanto de la oficina de estadística de la Unión Europea como del Servicio Público de Empleo Estatal, el número de personas que en nuestro país buscan un empleo sin encontrarlo ronda ya los 5.400.000, una tasa que roza el 23 por ciento de la población activa y que nos sitúa, por desgracia, a la cabeza de la Unión Europea, más que doblando la tasa media de la Comunidad. Si a esto añadimos que el índice de paro juvenil se eleva más allá del 46 por ciento, podremos hacernos una idea bastante ajustada del dramatismo de esta situación.

El número de desempleados en los últimos cuatro años se ha visto incrementado en más de 3.400.000 personas. Piensen, señorías, que hace cuatro años nuestro índice de paro era inferior a la media europea, y recuerden que mientras en España se producía ese incremento del desempleo, en Alemania por ejemplo la tasa se reducía desde el 7,9 al 5,2. Este incremento del paro en España se debe fundamentalmente a un profundísimo proceso de destrucción de empleo y de desaparición de empresas y trabajos autónomos. Más de 2.300.000 empleos destruidos y 250.000 empresas cerradas.

Como ya he dicho con anterioridad en esta Cámara, estas cifras vienen a expresar en toda su crudeza la auténtica realidad de la situación económica de nuestro país. Cuando se superan los cinco millones de parados pasan dos cosas. La primera, la más evidente y dramática, es que más de cinco millones de personas y sus familias sufren este drama humano del desempleo.

Pero además este brutal desempleo tiene consecuencias directas sobre la caída del consumo, el hundimiento de la inversión, el desajuste de las cuentas públicas, la expansión del desánimo en la sociedad, y la puesta en peligro de nuestro sistema de Seguridad Social. El número de cotizantes a la Seguridad Social ha descendido en los últimos cuatro años en 2.150.000 personas, y la relación entre cotizantes -personas que pagan- y pensionistas ha pasado de 2,6 a 2,1. Si no somos capaces de romper esta tendencia se estarán poniendo en peligro las pensiones públicas en nuestro país.

Señorías, por primera vez en los últimos cincuenta años la actividad económica ha disminuido en el conjunto de esta última legislatura en un 2,3. Dicho de otra manera, la producción del año que está a punto de terminar será menor en términos reales a la del año 2007. Como en este periodo la población en España ha aumentado en dos millones de personas, resulta evidente que nuestra renta per cápita ha caído en una mayor proporción. Hoy nuestra actividad económica crece por debajo de la mitad de lo que lo hace la Unión Europea.

Esto quiere decir que, por desgracia, nos estamos alejando del objetivo que siempre hemos perseguido: alcanzar los niveles de bienestar y riqueza de los países más avanzados de Europa. De hecho hemos retrocedido hasta los niveles del año 2002. El pasado trimestre la economía no creció; en el que hoy estamos todas las previsiones apuntan al decrecimiento, y las expectativas sobre los dos próximos trimestres no son nada halagüeñas. El panorama, señorías, no puede ser más sombrío.

Pues bien, a pesar de la atonía de nuestro crecimiento económico y la constante caída de nuestras inversiones, este año hemos necesitado apelar al ahorro proveniente del exterior, en una cifra que superará los 37.000 millones de euros para compensar el déficit de nuestra balanza de pagos. Bien es verdad que si no fuera por el déficit del sector público España tendría hoy un amplio superávit frente al exterior, porque al contrario de las administraciones públicas que mantienen un fuerte déficit en sus cuentas, familias y empresas ya están en superávit frente al exterior.

El desequilibrio entre ingresos y gastos del conjunto de las administraciones públicas se saldará este año, según las previsiones de la vicepresidenta Salgado, con más de 65.000 millones de euros de déficit, un 6 por ciento de nuestro producto interior bruto. Esta cifra -ojalá que no- puede verse superada; lo sabremos en su momento. Pues bien, señorías, con los actuales compromisos del Gobierno de España con la Unión Europea -que yo asumo-, y si se cumplen las previsiones del Gobierno para el año próximo, tendremos que reducir en 16.500 millones de euros el desfase entre ingresos y gastos para el conjunto de las administraciones públicas. Ese es el objetivo, ese es nuestro compromiso y a él nos vamos a atener: 16.500 millones de reducción de déficit en el año 2012.

Por otra parte, el consecutivo déficit público de estos últimos cuatro años elevará al final de este año el porcentaje de la deuda pública sobre el PIB hasta superar el 69 por ciento, desde una confortable cifra del 37 por ciento en 2007. No hace falta, señorías, que les señale los enormes problemas que representa esta cifra en las actuales circunstancias financieras internacionales.

Piensen que, dejando a un lado la partida de la Seguridad Social, el servicio de la deuda pública es el segundo capítulo de gastos -tras las prestaciones por desempleo- de los Presupuestos Generales del Estado. Define bastante bien nuestra situación el hecho de que las principales partidas de gasto en nuestros presupuestos sean las dedicadas al desempleo y al pago de los intereses de nuestra deuda pública.

Les recuerdo también que se mantiene la atonía del consumo de las familias -0,1 de crecimiento este año-; la inversión ha vuelto a caer en 2011 -menos 4,4-; pervive un altísimo stock de viviendas sin vender -en torno a 750.000- y se restringe cada vez más la financiación al sector privado, verdadero nudo gordiano para el crecimiento económico.

Con este panorama no es extraño que, tanto el índice de confianza del consumidor como la percepción que los españoles tienen sobre la situación económica del país, medidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas, presenten unos niveles tan alarmantes. Sin confianza, sin expectativas, sin financiación las inversiones caen, el consumo también, se destruyen puestos de trabajo, se desploman los ingresos públicos, y se cierra un círculo infernal del que es necesario salir cuanto antes.

Señoras y señores diputados, la grave situación que acabo de describir no es un ejercicio de masoquismo. Afrontamos enormes dificultades, nos esperan esfuerzos muy exigentes. Pero también tenemos enormes fortalezas y debemos ser conscientes de ellas, porque en esas fortalezas encontraremos los pilares que cimentarán nuestra recuperación.

Señorías, España es el cuarto país del área euro y el quinto de la Unión Europea, y estamos dentro de la docena de países con mayor peso económico del mundo. En el último medio siglo solo ha habido tres países en el planeta que hayan superado en crecimiento económico per cápita a España, y mientras que hace sesenta años los españoles teníamos el 17 por ciento de la renta de los norteamericanos, el pasado año estábamos en el 75.

Por otra parte, por muchas que sean las vicisitudes por las que hoy pasa el euro, tenemos una moneda de primera. Las inversiones españolas directas en el exterior representan el 46 por ciento de nuestro PIB, con empresas líderes en sectores tan importantes como concesiones de obra pública, el sector financiero y las telecomunicaciones. Y sobre todo, señorías, no hace tanto tiempo fuimos capaces de demostrar nuestra capacidad de afrontar retos que a casi todos, dentro y fuera de España, les parecían imposibles de superar. Me refiero a nuestra incorporación al grupo de países que hicieron nacer el euro en 1998, cuando en 1996 no cumplíamos ninguno de los requisitos establecidos en el Tratado de Maastricht.

Este país no habría alcanzado esas metas si la sociedad española no hubiese demostrado un alto grado de madurez, al que tendremos que volver a apelar. Se equivocan totalmente aquellos que piensan que España no será capaz de hacer las reformas que necesita para tener éxito en la Europa del euro. Insisto, se equivocan totalmente, porque no comprenden lo que los españoles en momentos de dificultad siempre hemos sabido hacer: unir nuestras fuerzas, superar las dificultades, y actuar con realismo y mirando al futuro. En definitiva, hacer bien lo que había que hacer en cada momento. (Aplausos.)

Siempre que los retos han sido suficientemente estimulantes los hemos sabido superar, y siempre que las metas han sido suficientemente claras las hemos conseguido alcanzar. Por eso todos sabemos lo que tenemos que hacer en esta legislatura, nadie duda de ello ni dentro ni fuera de España, lo que tenemos que hacer para volver a ser una economía estable con un crecimiento fuerte y sostenido, con capacidad de creación de empleo y garantía de su Estado del bienestar.

España debe ser parte de la solución del problema de la zona euro, para hacer de ella el marco de crecimiento y creación de empleo de la economía española. Este momento es una oportunidad histórica para volver a la senda que tanto éxito nos ha dado en el pasado. Cada vez que España ha tenido una economía estable, con apertura al exterior y liberalización y competencia en el interior, hemos mejorado nuestros niveles de vida.

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Señorías, tras este diagnóstico paso ahora a exponer las políticas que nos proponemos llevar a cabo en esta legislatura. El Gobierno acometerá con urgencia tres ámbitos de reforma para garantizar el encaje de España en la unión monetaria, disipar por completo las dudas y animar a la inversión, la creación de empresas, y la generación de oportunidades de empleo para los ciudadanos.

El primero es la estabilidad presupuestaria. Siempre ha sido bueno para nuestra economía tener las cuentas públicas en orden. Nunca han partido los periodos de crecimiento y mejora del bienestar de nuestra sociedad de los déficits, del exceso de deuda pública o de las facturas en los cajones. Todo lo contrario, la disciplina presupuestaria ha marcado siempre los inicios de momentos de expansión económica y progreso social. En este campo no partimos de cero.

La reforma constitucional aprobada en la legislatura pasada es el fundamento de la nueva forma de presupuestar y gastar que a partir de ahora aplicarán todas las administraciones. Nos hemos adelantado al resto de los países europeos. El último Consejo Europeo ha establecido la obligación de hacer lo que en España ya hemos hecho hace cuatro meses. Ahora debemos ir más allá. Por eso la primera ley que aprobaremos, la primera piedra de nuestro proyecto reformista será la ley de estabilidad presupuestaria.

En segundo lugar, es necesario culminar de forma efectiva el proceso de saneamiento del sector financiero. Mientras que el resto de los países han emprendido hace años esquemas de saneamiento de los activos tóxicos y adecuación de la valoración de los activos bancarios, en España todavía pesan serias incertidumbres sobre los balances, y el acceso a la financiación internacional de nuestras entidades, como todos ustedes saben, es extremadamente difícil.

Ello ha llevado a una escasez de crédito mayor en nuestro país que en la mayoría de los países de nuestro entorno y no será posible la recuperación de niveles adecuados de crédito y liquidez para las empresas y familias españolas sin el saneamiento y posterior reestructuración de nuestro sistema financiero.

El tercer ámbito de nuestro proyecto es el de las reformas estructurales. Nuestra economía ha de ser más flexible y más competitiva. Si con el tiempo nuestros productos y servicios se hacen más caros que los de los competidores, perderemos cuotas de mercado dentro y fuera de España, y menos ventas significan menos inversiones y menos puestos de trabajo.

Tenemos que moderar los costes y los precios y no nos podemos permitir una inflación más alta que la de nuestros socios europeos, y menos aún con las inaceptables tasas de paro que arrastra nuestro país. Por lo tanto, pondremos en marcha un paquete de reformas económicas, empezando por la del sector público, para primar la austeridad, lograr mayor eficiencia y evitar duplicidades, atendiendo a la premisa de "una administración, una competencia".

También es imprescindible llevar a cabo una profunda modernización de la legislación laboral al servicio de la creación de empleo que apueste por una mayor estabilidad, una mayor flexibilidad interna en las empresas y que considere la formación como un derecho del trabajador.

Junto a ellas, es esencial definir un marco fiscal más adecuado a las necesidades de los emprendedores, que tendrán un protagonismo esencial en la recuperación económica del país y una prioridad preferente en nuestro programa de reformas, un programa que no estaría completo si no abordara una estrategia integral para impulsar la competitividad de nuestra economía, que abarque todos los sectores de la misma, especialmente aquellos con más futuro, incluyendo sus órganos reguladores, el modelo energético o la necesaria apuesta por la innovación y la internacionalización de las empresas españolas.

Pues bien, señorías, estas son en general las líneas de actuación que permitirán el cambio de ciclo y el cambio en las expectativas de crecimiento que se desarrollarán a lo largo de los próximos cuatro años. Las reformas que planteamos son tan necesarias como urgentes y demandan la adopción de un calendario de actuaciones inmediatas que el Gobierno piensa abordar con la decisión, la voluntad y la coherencia que exigen las circunstancias en las que nos encontramos.

La primera tarea del Ejecutivo debe ser dar cobertura al vacío legal y a la inseguridad jurídica generados por la falta tanto de presupuestos para el año 2012 como de una prórroga explícita de los presupuestos de 2011. Por esta razón, en la reunión del Consejo de Ministros del 30 de diciembre, aprobaremos un real decreto-ley de medidas urgentes en materia económica y presupuestaria.

Este decreto-ley incluirá la prórroga de los presupuestos e irá acompañado de un acuerdo de no disponibilidad. Esto servirá para ratificar nuestro compromiso con el control del déficit público. En el marco de este real decreto-ley, además de garantizar las medidas necesarias para asegurar el buen gobierno y la coherencia de la política económica, el Gobierno dará cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales: la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012. (Prolongados aplausos.) Este sería, señorías, el único compromiso que me van a escuchar en el día de hoy (Rumores.), el único compromiso de aumento de gasto (Risas y aplausos.) que me van a escuchar en el día de hoy. Insisto, señorías: el único y exclusivo.

A continuación, y tan pronto como la Comisión Europea, en el mes de enero, dé a conocer su prospectiva anual de crecimiento, presentaremos el cuadro macroeconómico con unas previsiones de crecimiento basadas en aquella y traeremos a la Cámara para su autorización el techo de gasto. Sobre estas bases actualizaremos el programa de estabilidad del reino de España, marco esencial de nuestro compromiso.

A partir de este momento, con los datos definitivos del déficit público de este año y a la vista de la evolución de la economía, presentaremos en esta Cámara los Presupuestos Generales del Estado para 2012, antes del 31 de marzo. No renunciamos a hacer del presupuesto un instrumento fundamental de la política económica. Por eso nos proponemos hacer un análisis pormenorizado de todas y cada una de las partidas para garantizar que no se gasta ni un euro de más. Como acabo de decir, la única partida de gastos que se va a ver modificada al alza es la de las pensiones. Todas las demás partidas pueden ser revisadas, y por esa misma razón no podemos descartar tampoco la necesidad de adoptar en el futuro nuevas medidas en el ámbito presupuestario.

Quiero decirles también, señorías, que tanto el decreto-ley como los presupuestos entroncan con el mismo espíritu de lo que será la primera gran ley de política económica del Gobierno, la ley de estabilidad presupuestaria, que desarrollará la reforma constitucional en la que se incorporarán límites de gasto y endeudamiento vinculantes para todas las administraciones públicas.

En esta ley el Gobierno asumirá todos los compromisos de España con la Unión Europea. A partir de este compromiso y en atención a las bases del consenso que hizo posible la reforma constitucional, el Gobierno presentará esta ley en el próximo mes de enero, porque queremos hacer de esta norma la guía de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y porque entendemos que es tan necesaria como urgente. Si fuimos capaces de entender esa necesidad y esa urgencia a la hora de abordar la reforma constitucional, con mayor razón debemos hacerlo ahora que pretendemos darle efectividad.

Con estas premisas y en atención a los principios básicos pactados con el Partido Socialista, la ley recogerá, entre otros, los siguientes aspectos. Se establecerán los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda hasta el 60 por ciento en 2020. Para logar ese objetivo es obligado tomar medidas desde el presupuesto de 2012. Se fijará en un 0,4 el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020. Se regulará la distribución de los límites de déficit y deuda entre las distintas administraciones públicas, así como la responsabilidad de cada Administración pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En esta política de contención de gasto a la que los compromisos de estabilidad nos obligan, entendemos que el mayor esfuerzo no puede recaer en los ciudadanos, sino que tiene que provenir de las administraciones públicas, tanto a largo plazo como con carácter inmediato. Abordaremos por ello, señorías, con carácter urgente una serie de medidas que permitan reducir costes y mejorar el funcionamiento de la Administración, todo ello sin perjuicio de abordar en el curso de la legislatura una profunda reforma administrativa, a la que luego me referiré, que permita eliminar ineficiencias, solapamientos y duplicidades entre administraciones públicas.

Las medidas más urgentes que pondremos en marcha, sin perjuicio de lo que acabo de decir, son las siguientes. Redimensionamiento del sector público y del personal a su servicio. Inicialmente, en al ámbito de la oferta pública de empleo, se llevará a cero la tasa de reposición del personal del sector público, excepto en el ámbito de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios públicos básicos. Reestructuración y supresión de organismos autónomos, agencias y otras entidades públicas.

El Gobierno va a abrir un proceso de simplificación del sector público empresarial y fundacional del Estado con el objetivo de reducir sensiblemente este tipo de entidades. Reducción de los gastos de funcionamiento de la Administración mediante el recorte de los gastos corrientes de la Administración General del Estado, la gestión integral del patrimonio inmobiliario y de los alquileres, del recurso a centrales de compras, incluso entre administraciones de diferente ámbito, para conseguir mejores precios y la racionalización de los medios personales y materiales a disposición de la Administración.

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Paso ahora a un tema esencial como es el de la reestructuración del sistema financiero. Uno de los principales riesgos que se perciben de la economía española es la deuda privada que se canaliza a través del sistema bancario. El objetivo de la reestructuración del sistema financiero es que resulten entidades rentables, fiables y solventes.

La primera medida es el saneamiento de los balances, es decir, despejar las dudas sobre las valoraciones de determinados activos, especialmente inmobiliarios, que están impidiendo un acceso adecuado de las entidades financieras a los mercados y a la vez contaminan la credibilidad de la deuda pública. Para sanear los balances son necesarias entre otras dos actuaciones: la venta de los inmuebles terminados en manos de las entidades financieras y una valoración muy prudente de los activos menos líquidos.

Estas medidas supondrán la asunción de pérdidas latentes u ocultas en los balances, por lo que es inevitable una segunda ola de reestructuraciones con las siguientes características: más fusiones y cambio del mapa bancario hasta tener entidades suficientemente sólidas; más necesidades de capital para mantener la solvencia; cambio en el modelo de regulación de las entidades tenedoras de las acciones y cambio del sistema de supervisión y regulación del Banco de España que lo agilice y tecnifique, evitando las indecisiones y bloqueos que lo han caracterizado.

Impulsaremos, por tanto, la culminación del proceso de reestructuración del sistema financiero en los primeros seis meses del año como requisito imprescindible para que vuelva a fluir el crédito a empresas y hogares y, con ello, fomentar la recuperación del crecimiento y del empleo en nuestro país.

Señorías, paso ahora al ámbito de las reformas. En el ámbito fiscal planteamos una serie de actuaciones urgentes encaminadas a propulsar la recuperación económica y la cohesión social. Subrayo, señorías, la idea de la urgencia. Somos muy conscientes, absolutamente conscientes de que la consolidación fiscal y la austeridad son solo una parte de lo necesario para recuperar el crecimiento y el empleo -insisto, solo una parte-.

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También lo somos de que en su momento, cuando la situación económica se haya normalizado y el país haya retomado la senda del crecimiento, será preciso abordar una reforma fiscal de mayor calado que incremente la justicia y la equidad del sistema y que contemple incentivos adecuados a la inversión y el ahorro y el apoyo a las familias.

La política tributaria es una herramienta de primer orden para impulsar el crecimiento económico. En este sentido, definiremos un marco fiscal de apoyo a los emprendedores, pymes y autónomos que les permita hacer frente con mayor facilidad y holgura a sus obligaciones tributarias y dedicar una mayor parte de sus beneficios a la creación de empleo. En este marco adoptaremos de manera inmediata, entre otras, las siguientes medidas.

Compensación de deudas: estableceremos un procedimiento de compensación automática similar al de la cuenta corriente tributaria para cualquier tipo de deuda reconocida por una Administración pública.

Reformas en el impuesto sobre el valor añadido: modificaremos el régimen del IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas correspondientes. (Prolongados aplausos.) Igualmente, se mantendrá el tipo superreducido en la adquisición de vivienda, pero únicamente si se trata de la vivienda habitual y con un límite en el precio de su adquisición.

Ayuda fiscal al empleo: crearemos una ayuda fiscal por importe de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador. Reformas en el impuesto de sociedades: eliminaremos las limitaciones existentes en la actualidad para la aplicación en el impuesto sobre sociedades del tipo impositivo del 20 por ciento a las empresas con cifra de negocios inferior a 5 millones de euros. Ampliaremos hasta los 12 millones de euros la cifra de negocios que permite acogerse al régimen especial previsto para las empresas de reducida dimensión y aumentaremos a la vez hasta los 500.000 euros el límite de base imponible al que se aplica el tipo reducido del 25 por ciento.

Fijaremos una exención por modernización de los activos fijos de las empresas. Las empresas no tributarán por las plusvalías que obtengan en la venta de sus activos fijos cuando las reinviertan, para fomentar así que el capital invertido se reutilice en la modernización de la propia actividad empresarial. Modificaremos la fiscalidad de los beneficios no distribuidos, de manera que aquellos dedicados a la adquisición de nuevos activos tributen 10 puntos menos que los destinados a ser distribuidos a los accionistas.

En IRPF -insisto, en esta primera fase-, mejoraremos la tributación de las prestaciones de los planes de pensiones y recuperaremos la deducción en el impuesto por inversión en vivienda habitual. (Aplausos.) Algunas de estas medidas, junto con otras concretas en el ámbito de la financiación, la tramitación administrativa y la gestión laboral, se englobarán en la ley de apoyo a los emprendedores que el Gobierno enviará a la Cámara dentro de los próximos tres meses.

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Desde otro punto de vista, señorías, el Gobierno que me propongo formar plantea como una de las reformas prioritarias dotar al marco laboral español de unas nuevas reglas e instituciones modernas adaptadas a la economía global del conocimiento.

Nuestro objetivo es poner en marcha una reforma integral del mercado de trabajo, a la altura del reto planteado por más de 5 millones de desempleados, para garantizar un marco laboral justo, seguro y flexible. Nuestro deseo -y así lo digo aquí en la Cámara- es hacerlo desde el acuerdo con los agentes sociales, pero nuestra convicción es que esta reforma hay que hacerla cuanto antes. Hemos trasladado a los agentes sociales nuestras prioridades de cara a la reforma laboral. En la primera quincena de enero recibiremos sus propuestas y, en su caso, sus acuerdos y, una vez conocidos estos, remitiremos al Congreso de los Diputados un proyecto de reforma laboral en el primer trimestre del año 2012.

Hemos planteado como bases para esta reforma las siguientes: poner el acento en la creación de puestos de trabajo, la estabilidad en el empleo y la flexibilidad en el seno de la empresa; reformar la estructura y contenidos de la negociación colectiva, de modo que cada materia se negocie en un ámbito territorial o sectorial óptimo para asegurar la competitividad económica y la sostenibilidad del empleo; primar la resolución extrajudicial de conflictos para fomentar los acuerdos entre las partes y hacer más fluidas las relaciones laborales; hacer efectivo el derecho individual a la formación permanente y la recualificación mediante la apertura de la oferta formativa y la evaluación rigurosa -insisto, rigurosa- de la efectividad de las políticas activas de empleo; fomentar la eficiencia del mercado de trabajo: entre otras medidas, racionalizaremos el calendario laboral para hacer compatibles los derechos de los trabajadores con la competitividad de las empresas y, en concreto, abordaremos los costes que para nuestra economía suponen los puentes, de manera que se trasladarán las fiestas al lunes más cercano, con la excepción de aquellas fechas de mayor arraigo social. (Aplausos.)

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En orden a garantizar los derechos de los trabajadores, reforzaremos los mecanismos de control y prevención para evitar los comportamientos abusivos que supongan un trato discriminatorio contra los trabajadores o un absentismo laboral injustificado. Impulsaremos medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, incluyendo el desarrollo del teletrabajo.

Pondremos en marcha planes específicos de reinserción laboral reforzada para aquellos trabajadores que decidan reincorporarse al mercado de trabajo tras un periodo prolongado de inactividad por atención a la familia. Elaboraremos, por último, un plan especial a favor de la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito laboral, a fin de luchar contra la discriminación salarial entre sexos. (Aplausos.)

Del mismo modo que es nuestra voluntad alcanzar un acuerdo con los agentes sociales para abordar esta reforma laboral, es nuestra intención poner en marcha una mesa de diálogo social para elaborar un plan de empleo juvenil. Este plan incorporará tanto incentivos concretos a la inserción laboral de nuestros jóvenes como una reforma del sistema de formación profesional, de nuevas fórmulas que fomenten la empleabilidad de la juventud española, que, recuerden señorías, arrastra la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea. Entre estas medidas incluiremos incentivos concretos a la contratación de jóvenes mejorando las bonificaciones.

De esta forma garantizaremos una bonificación del cien por cien a las cotizaciones de la Seguridad Social durante el primer año en el caso de la contratación de menores de 30 años que accedan a su primer empleo. (Aplausos.)

Señoras y señores diputados, como hemos señalado, la pérdida de competitividad es uno de los más graves problemas estructurales que nos aquejan. Por ello pondremos en marcha un conjunto de reformas para mejorar la competitividad del país e impulsar la generación de valor añadido. Este es el sentido desde el que planteamos una profunda reforma de las administraciones públicas, tal y como hemos avanzado en el ámbito del control del déficit, para que respondan con solvencia a las necesidades de los ciudadanos, al tiempo que aseguren que la gestión de los recursos sea más austera y eficiente.

Hace unos momentos anticipé lo que serán algunos componentes de una reforma en el seno de la Administración General del Estado y que abordaremos en los próximos presupuestos: la necesidad de redimensionar el sector público y rebajar sus costes de funcionamiento. Pero esta reforma no se puede limitar a la Administración central. Vamos a negociar con el resto de las administraciones públicas un pacto por la austeridad y la eficiencia para extender a su conjunto estas medidas de control del déficit, que en algunos casos ya se han empezado a aplicar.

Es mi intención además traer a la Cámara un abanico de normas que incidan en el ámbito de la austeridad y la buena gestión de las cuentas públicas. Entre ellas quiero destacar el refuerzo por ley de los controles previos y de las responsabilidades de los gestores públicos para garantizar que nunca asumirán compromisos de gasto sin respaldo presupuestario. (Aplausos.) Vamos a acometer una reforma de la Ley de Subvenciones que con carácter general elimine las nominativas, incremente la trasparencia en su otorgamiento, ejecución y evaluación de su impacto y defina criterios homogéneos para su concesión. (Aplausos.) Presentaremos en el primer trimestre de 2012 una ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública, como un derecho de los ciudadanos y un principio básico de la actuación de las administraciones.

Señorías, cuando el conjunto de las administraciones están abocadas a la reducción del gasto es absolutamente prioritario revisar nuestro actual modelo de televisiones públicas. Por ello les anuncio que con carácter inmediato traeremos a esta Cámara la reforma legal necesaria para permitir nuevos modelos de gestión. (Aplausos.)

Señoras y señores diputados, si las administraciones públicas no son eficaces, nuestra economía no podrá ser competitiva. Las leyes tienen que servir para generar oportunidades y no para crear obstáculos. Necesitamos menos y mejores leyes, procedimientos administrativos más simples, con menos trámites y con plazos más ágiles.

No solo se trata de ahorrar dinero, también es necesario ahorrar tiempo. Por ello, en coordinación con las comunidades autónomas, me propongo impulsar un sistema de reconocimiento mutuo de autorizaciones y licencias que elimine obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional, así como un mecanismo rápido de resolución de conflictos en este ámbito. (Aplausos.)

Señorías, algunos de los sectores estratégicos de nuestra economía necesitan ser regulados, y de la buena regulación y supervisión de los mismos depende en gran medida la competitividad de nuestra economía. Por ello reduciremos el número de organismos reguladores y reordenaremos sus competencias, proponiendo un nuevo sistema de nombramiento de sus miembros con mayor intervención del Congreso de los Diputados. (Aplausos.) Para ello el Gobierno, en el primer trimestre del año 2012, remitirá a la Cámara una ley para el refuerzo de la independencia de estos organismos y mejora de la regulación de la actividad económica.

Señoras y señores diputados, les decía antes que con lo urgente tendremos que compaginar lo necesario. Para que la economía española gane competitividad frente al exterior, una de las piezas clave es la capacitación y cualificación del mejor de los recursos que tenemos en nuestro país para crear riqueza: nuestro capital humano.

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Pero la educación es mucho más, es el fundamento esencial para la libertad, para la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la convivencia democrática. La España del futuro dependerá de nuestro sistema educativo. No podemos permitirnos el lujo de replantear el modelo de nuestra educación al compás de cada cambio de Gobierno. Por lo tanto, buscaremos el más amplio consenso para abordar los cambios que requiere la situación actual: una tasa de abandono escolar inaceptable (alrededor del 30 por ciento) y unos resultados muy mediocres en las pruebas internacionales de conocimiento como el informe PISA.

España, que en otros ámbitos alcanza notables éxitos internacionales, no cuenta con ninguna de sus universidades entre las 150 mejores del mundo. Tenemos cosas que cambiar. Es preciso desarrollar en los alumnos los valores del esfuerzo, el gusto por aprender, el espíritu emprendedor, la exigencia y la responsabilidad personales. (Aplausos.) También debemos garantizar unas enseñanzas comunes en todo el territorio nacional. Tenemos que mejorar la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años para reducir el abandono educativo temprano y elevar la formación de los alumnos.

La educación secundaria debe tener una organización más flexible, con vías formativas distintas, de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos. Promoveremos un bachillerato de tres años, con el objetivo de mejorar la preparación de los futuros universitarios y elevar el nivel cultural medio de España. (Aplausos.)

En cuanto a los resultados del proceso educativo, tenemos mucho que mejorar. Para ello hay que poner en marcha una estrategia nacional de calidad de la educación. Tenemos que promover el bilingüismo español-inglés en todo el sistema educativo y favorecer la opción de educación trilingüe en las comunidades con lengua cooficial. Asimismo es preciso extender el uso de las nuevas tecnologías para alumnos y docentes.

Un sistema educativo, por otra parte, si queremos que sea eficiente, tiene que prestar atención a los profesionales que lo hacen posible. Para ello hay que establecer un nuevo sistema nacional de acceso a la función docente para atraer a la docencia los mejores profesionales, primando el mérito y la capacidad, y también hay que reconocer su autoridad e incentivar su labor. (Aplausos.) Una política ambiciosa de competitividad exige también una reforma de nuestras universidades. Tenemos que apostar por la innovación, la excelencia y la internacionalización de nuestro sistema universitario.

Señorías, otra reforma estructural imprescindible es la de nuestro sistema energético. La política energética debe buscar un equilibrio adecuado entre sus objetivos: competitividad, seguridad del suministro y efectos medioambientales. En los últimos tiempos no se ha prestado atención alguna al hecho de que la energía es un sector que determina parte de los costes de los demás sectores económicos. La energía es un factor clave en la competitividad de las empresas españolas. Hemos de ser muy conscientes de que España tiene un problema energético importante, especialmente en el eléctrico, con un déficit anual que supera los 3.000 millones de euros y una deuda tarifaria acumulada de más de 22.000 millones. Las tarifas eléctricas para consumidores domésticos son las terceras más caras de Europa y las quintas más elevadas para consumidores industriales.

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La solución a este problema, uno de los más complejos que hereda el próximo Gobierno, no puede ser simplista. Es evidente que no se puede aplicar una subida de las tarifas que recaiga íntegramente sobre los consumidores y que siga castigando la competitividad de la economía española por las malas decisiones regulatorias; más aún cuando el objetivo final es la liberalización del sector, algo que no es posible acometer sin la solución definitiva del déficit tarifario. Si no se emprenden reformas, el desequilibrio será insostenible y los incrementos de precios y de tarifas colocarían a España en la situación de mayor desventaja en costes energéticos de todo el mundo desarrollado.

Tendremos, pues, que aplicar una política basada en frenar y reducir los costes medios del sistema, en la que se tomen las decisiones sin demagogia, utilizando todas las tecnologías disponibles, sin excepciones, y se regule teniendo como objetivo primordial la competitividad de nuestra economía.

Señoras y señores diputados, apoyar a la empresa innovadora y ayudar a que sus bienes o servicios se vendan en el exterior será una prioridad para el próximo Gobierno. Como ya he señalado antes, España está mucho más internacionalizada de lo que lo estaba antes de nuestra entrada en el euro.

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Hoy España tiene invertido en el exterior el 46 por ciento de su producto interior bruto, 470.000 millones de euros; de los cuales casi la mitad en la Unión Europea, el 31 por ciento en Latinoamérica y el 11 por ciento en Norteamérica. El 30 por ciento de nuestro