Discurso íntegro de Mariano Rajoy en la Sesión de Investidura del 26 de octubre de 2016

MADRID, 26 Oct. (EDIZIONES) -

(Discurso íntegro de Mariano Rajoy en la Sesión de Investidura del 26 de octubre de 2016)

Señora presidenta, señoras y señores diputados,

Cinco días antes de que concluya el plazo fijado por la ley para que las Cortes Generales queden disueltas de forma automática, acudo de nuevo a esta tribuna para solicitar la confianza de la Cámara a mi investidura como presidente del Gobierno.

He aceptado el encargo de Su Majestad el Rey por las mismas razones que les expresé cuando comparecí ante ustedes el pasado mes de agosto.

La primera y la más importante, es que España necesita un gobierno con urgencia. Me dirijo a ustedes desde la convicción compartida de que España no admite más demoras.

No exagero ni un ápice si afirmo que la inestabilidad política se ha convertido a los ojos de cualquier observador en el mayor riesgo para nuestra economía. Hoy se alaban nuestros esfuerzos para dejar atrás la crisis; se valoran nuestras reformas para recuperar la competitividad; se reconocen los efectos de nuestra lucha contra el desempleo. Lo reconocen todos y en todas partes. Pero, a renglón seguido, se nos advierte que los nubarrones que empañan un horizonte esperanzador son la incertidumbre política y la parálisis institucional.

Afortunadamente, la inercia del trabajo bien hecho ha permitido que España haya atravesado el páramo infecundo de los últimos meses sin resentirse.

España, repito, por mucho que alguno se sorprenda, sigue siendo el país que más crece de entre las grandes economías desarrolladas. Lo fue el año pasado, lo será este año y todas las previsiones apuntan a que también lo será el año próximo. Estamos creciendo a un ritmo que duplica el crecimiento de la zona euro. Y, gracias a ese crecimiento, somos también el país que más empleo crea: medio millón de personas encontrarán trabajo este año de inestabilidades. Pero todo tiene un límite, señorías.

Afortunadamente, mi Gobierno fue previsor y en el otoño de 2015, aprobamos los Presupuestos Generales del Estado para este año. Hemos podido así mantener prestaciones, subvenciones, inversiones y subsidios, lo que, sin duda, ha permitido continuar la senda de crecimiento y preservar la atención social en este tiempo. Fue una decisión acertada, pese al torrente de críticas con que fue recibida. En España tenemos que acostumbrarnos a entender que aquellas medidas, que algunos rechazan de oficio como indeseables, son precisamente las que benefician a los españoles.

Tampoco hemos escatimado esfuerzos desde el Gobierno en estos diez meses para aprovechar el escaso margen de actuación que nos permitía la ley, a fin de evitar perjuicios y minimizar los daños que la interinidad podía causarles a los españoles.

Como saben, hemos obtenido de la Comisión Europea una senda de consolidación fiscal más compatible con nuestro crecimiento económico. Hemos sido capaces, después de un fructífero diálogo en esta Cámara, de dar los pasos necesarios para cumplir este año con el déficit comprometido. Hemos garantizado, tras un franco entendimiento con las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios, que pasase lo que pasase, autonomías y entes locales podrían ver actualizados sus objetivos de déficit y de deuda para aprobar sus cuentas y preservar los servicios esenciales que todas ellas gestionan.

Por lo demás, y lo reconozco con orgullo, en estos meses de gobierno restringido, hemos podido comprobar que España es una democracia madura, capaz de seguir en marcha, siempre que las responsabilidades del gobierno estuvieran atendidas con antelación, como ha sido el caso.

Desde las Fuerzas de Seguridad a las organizaciones sociales, desde la sanidad a las oficinas de empleo, desde la Judicatura hasta los municipios, España en ningún momento ha estado en funciones.

En suma, señorías, España —hasta ahora— ha mantenido su rumbo, pero, como decía, todo tiene un límite. Está en juego la piedra angular de nuestra prosperidad: la confianza, ese ingrediente sustancial de las relaciones humanas, sean personales, políticas, comerciales o diplomáticas, del que depende el empuje de nuestra recuperación.

Hemos acumulado un buen caudal de confianza, y eso se nota dentro y fuera de nuestras fronteras. Tanto los españoles como los extranjeros confían más en las posibilidades de nuestro país. Y porque confían más, gastan más e invierten más. España es fiable y esto se traduce en los intereses que paga nuestra deuda o en el crédito que se nos concede ante el déficit.

La confianza, señorías, cuesta mucho conquistarla, pero muy poco perderla. Bajo ningún concepto deberíamos correr el riesgo de que se tuerza el rumbo y se malogren los titánicos esfuerzos que han hecho los españoles para representar una historia de éxito que todos reconocen.

Nuestros ciudadanos tienen, pues, el derecho, -que es nuestro deber-, a exigir que no seamos nosotros, sus representantes, los responsables de su bienestar, quienes malogremos los frutos de su esfuerzo. España no admite más retrasos e incertidumbres.

Mi propósito de hoy, señorías, es que podamos ya salir al paso de cualquier recelo de inestabilidad, afirmando que España tiene un gobierno que puede gobernar, que mantiene un rumbo previsible, y se apresura a borrar hasta la última brizna de incertidumbre que, como una mala hierba, haya brotado en estos meses.

Señorías, ésta es la razón más importante por la que he aceptado el encargo de Su Majestad el Rey, pero hay más.

Los españoles han mostrado en dos ocasiones, tanto en diciembre como en junio, su clara preferencia por el Partido Popular. No pretendo recordar lo que ustedes sobradamente conocen, ni blasonar aquí de los resultados de las últimas elecciones. Tampoco hacer ostentación de los mismos. Pero parece razonable que, en una democracia consolidada como la nuestra, gobierne aquella formación política que tiene más apoyos entre los ciudadanos.

Y más razonable parece si, como sucede en este caso, la diferencia con la segunda fuerza política supera en votos los dos millones y medio. señorías, esta afirmación es tan evidente como lo acredita el hecho de que en España desde el año 1977 siempre ha gobernado la fuerza política que ha contado con más apoyos populares.

Y si para algunos no fuera suficiente razón, a esta circunstancia hay que añadir el hecho de que la alternativa que mi grupo plantea es, hoy por hoy, la única razonable de gobierno, como el tiempo se ha encargado de demostrar.

Señorías, no voy a entrar en más detalles sobre estas razones, porque no hace al caso, porque no ha pasado tanto tiempo desde que me oyeron exponerlas, y porque nada ha cambiado desde entonces en mi argumentación.

Pero permítanme que en mi intervención de hoy añada a estas consideraciones otras dos, muy poderosas, que me reafirman en la decisión que adopté en su día cuando sometí a esta Cámara mi candidatura a la Presidencia del Gobierno.

La primera es que, como todo el mundo sabe, en los dos meses transcurridos desde la última sesión de investidura se han producido cambios muy relevantes, que mejoran la situación política y abren la posibilidad de que este debate finalice de manera diferente al anterior. No me corresponde a mí –y, por tanto no lo voy a hacer- valorar los motivos ni los pormenores de esos cambios, pero sí reconocer que estamos en unas circunstancias nuevas que alientan la esperanza de que España pueda disponer en breve plazo de un gobierno en plenitud de sus funciones.

La última razón por la que comparezco hoy aquí es que hoy no decimos solamente sí o no a una propuesta de gobierno. Decimos sí o no a unas elecciones inaplazables. El agotamiento de los días y de las oportunidades nos sitúa hoy en la disyuntiva de tener que elegir, exclusiva y definitivamente, entre ofrecer un gobierno a los españoles o pedirles que regresen a las urnas por tercera vez en poco más de 360 días.

Yo defiendo —y mi presencia en esta tribuna lo demuestra— que evitemos a toda costa volver a las urnas. Y lo defiendo desde la convicción de que es lo que más conviene a España y a los españoles. Unas terceras elecciones serían, como casi todos ustedes han reconocido, muy perjudiciales para nuestro país; un descrédito para la imagen de España en el exterior; una decepción para los ciudadanos y su confianza en el sistema político; un serio quebranto, en fin, para la economía, que se vería lesionada por la prolongación de la incertidumbre. Un daño objetivo, se mire como se mire, a España y a los españoles.

Señorías, no quiero ni entrar a considerar qué pudiera ser más interesante o más perjudicial para los intereses particulares de unos o de otros partidos representados en esta Cámara. Todos somos muy conscientes de cuál es la situación. Sería una frivolidad que hoy primaran las conveniencias particulares. Estamos hablando de España, y la repetición de elecciones no es lo que desean los españoles ni lo que más les beneficia.

Estos son los motivos, Señorías, por los que comparezco hoy aquí para solicitar su confianza.

España necesita un gobierno, como ocurre en el resto de los países del mundo. No podemos estar indefinidamente en funciones, ni repitiendo elecciones cada seis meses. Esto no es vivir en una situación de normalidad. No conviene a nadie y acaba por lesionar los derechos y los intereses de todos.

Señoras y señores diputados, España necesita un Gobierno, pero no es igual cualquier Gobierno. El pasado día 30 de agosto, afirmé aquí, ante todos ustedes, lo siguiente:

* Nos estaríamos engañando, peor aún, engañando a los españoles, si les dejáramos creer, que basta con elegir no importa qué Gobierno, sea el que fuere, para resolver la papeleta, o como dicen algunos, para desbloquear la situación. Lo que España reclama es, obviamente, un Gobierno que pueda gobernar, que atienda eficazmente los problemas, lo cual exige un gobierno que sea estable, duradero, sólido y tranquilizador.

Es el mismo criterio que sus señorías me han oído defender desde el pasado día 21 de diciembre: un gobierno estable, capaz de gobernar y de inspirar confianza. Un gobierno fiable y previsible.

Y, también, como dije en agosto:

* un gobierno basado en acuerdos, porque así lo exigen los resultados electorales, y porque nos enfrentamos a desafíos a los que ningún partido político puede hoy responder en solitario. Esto, cuando no se dispone de una mayoría parlamentaria, exige o bien un gobierno de coalición o cuando menos alguna clase de acuerdos que eviten una legislatura estéril.

Esa es la propuesta que vengo haciendo de manera ininterrumpida desde el pasado mes de diciembre, no he cambiado de opinión. Llevo hablando desde el pasado mes de diciembre de un gobierno de amplia base parlamentaria, capaz de realizar, por consenso y con vocación de permanencia, las grandes reformas que España necesita. Esa es, al menos en mi opinión, la mejor manera de interpretar la voluntad que los españoles expresaron con sus votos, y la mejor manera de atender sus necesidades. Un modelo de gobierno inédito aún en España, pero similar al que rige en las instituciones comunitarias y a los que funcionan en muchos países de la Unión Europea desde hace muchos años.

Señorías, aquel 30 de agosto volví a plantear, como ustedes recuerdan, una gran coalición de fuerzas constitucionalistas, que podría conformarse de distintas maneras, ya fuera una coalición de gobierno, un amplio acuerdo de legislatura, o bien un compromiso de gobernabilidad.

Pues bien, como todos ustedes saben eso no fue posible, pero al menos conseguimos dar pasos en la buena dirección. Tras el 26 de junio, alcanzamos los compromisos de gobierno con Ciudadanos, que ustedes conocen y que expusimos en aquella sesión de finales de agosto el señor Rivera y yo mismo. Son compromisos de gobierno en muchas de las cuestiones que más importan a los españoles y que estamos seguros redundarán, cuando se lleven a buen término, en beneficio de todos.

A esos acuerdos se suman los alcanzados con la Señora Oramas y su partido, Coalición Canaria, también después de las elecciones del pasado 26 de junio, así como los preelectorales con Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y Partido Aragonés. A todos les reitero, una vez más, mi agradecimiento y el de mi grupo. Sinceramente pienso que, como dije en su día, están haciendo lo que más conviene a los españoles.

Son acuerdos con una significación política evidente, y suponen un avance en el camino hacia ese gran objetivo que necesita España: un gobierno que pueda gobernar, es decir, que atienda eficazmente los problemas y pueda responder ante los compromisos contraídos.

Soy muy consciente de la importancia de esos acuerdos. Y mi voluntad es mantenerlos y cumplirlos. Y no tengan ustedes ninguna duda de que lo haré.

Señorías, a la hora de exponer el Programa de Gobierno que ofrezco a su consideración, les ahorraré la tarea de volver a escuchar cada una de las palabras que, sobre esta materia, pronuncié el pasado 30 de agosto en la anterior sesión de investidura. A estos efectos, me parece más razonable remitirme al Diario de Sesiones donde está recogida de manera pormenorizada la exposición que ustedes escucharon, en la que se incluían también las medidas acordadas con los otros partidos y grupos parlamentarios que apoyan esta investidura, y de manera muy especial los “150 compromisos para mejorar España” que pactamos con Ciudadanos.

Hoy tan solo quiero recordar que nuestro proyecto político contiene dos objetivos básicos que, además, son inseparables: el empleo y el mantenimiento de los pilares de nuestro Estado de Bienestar.

Nadie debería dudar, ya que el empleo es la meta de toda nuestra política económica y el presupuesto necesario de cualquier política social. El empleo ha sido siempre mi primera preocupación y mi máxima prioridad.

Cuando asumí por primera vez las responsabilidades como presidente del Gobierno, a finales del año 2011, en España se destruían cada día 1.400 empleos. Hoy, cada día encuentran trabajo más de 1.400 personas. Sencillamente, señorías, se ha invertido la situación para bien; se ha dado la vuelta completamente a la tendencia. De ser el país de la Unión Europea donde más empleo se destruía, hoy lideramos la creación de puestos de trabajo en la Eurozona.

Hemos cambiado la tendencia, pero no podemos abandonar el objetivo, porque nos queda mucha tarea que atender. Todavía son demasiadas las personas que en España buscan una oportunidad. Ahora, a medida que la situación mejora, tienen más esperanza de encontrarla. Esa esperanza es la que dicta las exigencias de nuestro deber prioritario.

Insisto, señorías, el empleo es la meta de nuestra política económica, pero además es un requisito imprescindible para poder mantener y mejorar nuestro Estado del Bienestar que, vuelvo a recordar en esta Cámara, es uno de los más avanzados del mundo.

Piensen que en España más de 14 millones de personas, repito, más de 14 millones de personas, reciben cada final de mes, algún tipo de prestación pública en concepto de pensiones, atención a la dependencia, prestaciones por desempleo, rentas mínimas Y a esto hay que añadir que casi la cuarta parte de nuestro gasto público se dedica a sanidad y a educación públicas. Por eso, no es de extrañar que el 63% de nuestro gasto público total sea gasto social.

Pues bien, señorías, sin empleo, atender esas necesidades, por muy buenas intenciones que todos tengamos, que evidentemente las tenemos, es una quimera. Porque son aquellos que trabajan, cotizan a la Seguridad Social y pagan sus impuestos quienes sostienen y permiten mejorar nuestro sistema del bienestar.

Por eso es tan importante priorizar la creación de empleo. Y, como ustedes saben, ese gran objetivo no depende sólo de que apliquemos buenas políticas de empleo. Depende principalmente de que sepamos mantener el crecimiento económico y consolidemos la recuperación. Depende, en consecuencia, de perseverar en la política económica que nos ha permitido un cambio de rumbo y no dar marcha atrás en aquellas reformas que nos están permitiendo crear medio millón de empleos al año.

Señoras y señores diputados, el objetivo principal es, pues, la creación de empleo, pero en España quedan muchos problemas que atender y podríamos hacerlo de manera mucho más eficaz si fuéramos capaces de compartir las prioridades.

Les invito, a partir de ahora mismo, a que abordemos en común algunas materias que reclaman imperiosamente el consenso de todos por afectar directamente al interés general de los españoles.

Es imprescindible que nos pongamos de acuerdo en lo que hay que hacer para llegar a entendimientos en los principales asuntos de Estado. Estoy hablando de esas grandes cuestiones cuya vigencia excede, con mucho, de un periodo de sesiones o de una legislatura, y que marcan la vida de un país durante generaciones.

Se abre ante nosotros la oportunidad de dar una solución compartida y estable a grandes retos como los que suscitan el envejecimiento de la población, el futuro de nuestros jóvenes, la gestión de las migraciones, la plena igualdad entre hombres y mujeres —incluida la conciliación y la erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer—, el cambio climático o la incorporación de los nuevos avances científicos y tecnológicos.

La primera de esas cuestiones de Estado se refiere a la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. No tengo que decir que su garantía depende muy especialmente de que sepamos transitar hacia el objetivo primordial de 20 millones de personas trabajando en el año 2020, y de que dejemos atrás esas épocas en que por cada nuevo pensionista se iban al paro tres trabajadores. Hoy, cada nuevo pensionista se ve compensado por la entrada de seis nuevos cotizantes en el sistema.

Todos los grupos de este Parlamento, todos, han manifestado su preocupación por el sistema de pensiones. Yo les propongo que hagamos de esa preocupación común el marco de un diálogo para fortalecerlo, con el objetivo de dar tranquilidad a los pensionistas presentes y también a los futuros. Por eso les anuncio que, si obtengo su confianza en esta investidura, pediré a los grupos parlamentarios la convocatoria inmediata del Pacto de Toledo antes de final de año.

Me propongo también dar un giro y un impulso al diálogo social. En los últimos años mi gobierno ha alcanzado acuerdos importantes con los agentes sociales para fortalecer el crecimiento económico y el empleo. Su participación sigue siendo elemento clave para impulsar la recuperación de nuestra economía.

Por eso, si esta Cámara me da su confianza, convocaré de inmediato a los interlocutores sociales para compartir nuestros análisis sobre la situación económica y social y abordar nuevas medidas que fortalezcan la creación de empleo y su calidad, la asistencia a los desempleados de larga duración, la implantación de la Garantía Juvenil, así como la sostenibilidad, en el marco del Pacto de Toledo, de nuestro sistema público de pensiones.

Y lo mismo puedo decir del modelo educativo. Desde la Educación Primaria a la propia Universidad se abre ante nosotros la oportunidad de lograr, definitivamente, un pacto nacional por la Educación. Les invito a que trabajemos con ánimo constructivo por un modelo estable, que atienda a las necesidades de cada uno de los alumnos, que garantice la igualdad de oportunidades pero, sobre todo, que ponga el acento en la eficacia y en la calidad.

Con esos objetivos, en el primer mes de gobierno tal y como acordé con Ciudadanos, propondré a esta Cámara la creación de una subcomisión parlamentaria que permita la elaboración de un acuerdo consensuado en el plazo de seis meses.

Un acuerdo que debe contar además con el consenso y la colaboración de la comunidad educativa y debe atender, entre otras, a cuestiones como estas:

• Un estatuto del personal docente.
• La reforma del sistema de gobernanza de nuestras Universidades.
• Un programa de refuerzo educativo para luchar contra el fracaso escolar.
• El impulso de la Formación Profesional, de manera que 100.000 alumnos puedan acceder al sistema de FP dual que tan buenos resultados está dando.

Necesitamos también un acuerdo sobre financiación autonómica. Educación, Sanidad, Dependencia y otros servicios sociales prestados por las comunidades autónomas son, junto con las pensiones, las bases de nuestra política social. Los ciudadanos nos demandan, de manera creciente, un óptimo nivel de calidad de servicios públicos básicos a los que puedan acceder en condiciones de igualdad.

Por ese motivo, sugiero a todos los grupos de esta Cámara y muy singularmente al Partido Socialista —que, al igual que el Partido Popular, gobierna en buena parte de las comunidades autónomas— abramos la negociación de un sistema de financiación territorial estable y suficiente. Un modelo que asegure la igualdad y la solidaridad entre los españoles, y preserve los servicios públicos de contingencias, como puedan ser los ciclos electorales y las épocas de bonanza o de recesión económica.

Evidentemente, esta reflexión no se puede hacer a espaldas o al margen de las administraciones directamente implicadas.

Por ello, mi gobierno abordará de inmediato los trabajos preparatorios para la convocatoria de una Conferencia de Presidentes Autonómicos en el Senado. De ese foro deberá salir un diagnóstico compartido sobre la situación de nuestro modelo autonómico y su suficiencia financiera, así como una puesta al día de los principios de solidaridad y cooperación que han marcado su desarrollo hasta el día de hoy. 

Señorías, el compromiso con la limpieza de la vida pública y el buen funcionamiento de nuestras instituciones nos atañe a todos los presentes. Hoy, los ciudadanos pueden comprobar sin lugar a dudas que en España no existe impunidad para la corrupción. Les ahorraré la enumeración de las muchas mejoras legislativas que ha aprobado mi gobierno en este campo. Son instrumentos que están haciendo ya más eficaz la prevención de los delitos y la tarea de los jueces, pero, como me han oído en más de una ocasión, en este empeño nunca podemos sentirnos plenamente satisfechos, y menos aún dar por concluida la tarea.

He estado siempre abierto a promover cuantas reformas sean necesarias para reforzar la confianza de los ciudadanos en la política, y hacer de ella una actividad cada vez más transparente y cada vez más ejemplar. Como saben, acordamos con Ciudadanos un conjunto de medidas en materia de lucha contra la corrupción que les planteé ya en el debate del pasado mes de agosto.

El compromiso de entonces sigue vigente ahora. Como sigue vigente también mi oferta al resto de grupos para que enriquezcan el acuerdo con sus aportaciones. Realizo esta invitación desde la humildad y el reconocimiento de los casos que han protagonizado personas de mi partido, pero también desde la certeza de que en este campo, como en ninguno en la vida, nadie puede presumir de infalibilidad.

Señorías, soy consciente de que ninguno de estos acuerdos será sencillo. Exigirán un gran esfuerzo, no inferior a la dimensión de las tareas ni menor que su importancia para el bienestar de los españoles.

Afortunadamente no partimos de cero, señorías. Contamos en España con la experiencia de haber sido capaces de entendernos en asuntos y en momentos excepcionales para nuestra propia arquitectura democrática, nuestra pertenencia y compromiso con la Unión Europea, o la defensa de nuestro sistema de derechos y libertades y la lucha contra el terrorismo yihadista.

Ahora es tiempo de reforzar estos acuerdos que ya existen. Y, llegados a este punto, permítanme que me detenga en el reto más grave que tiene España en estos momentos y que afecta a su unidad, a la soberanía nacional y a la igualdad de todos los españoles. Me refiero al desafío secesionista que algunos están planteando en Cataluña.

Es de sobra conocida mi posición. La expuse con claridad en el debate del 30 de agosto. Les recordaré algunas cosas que dije entonces y que defenderé siempre:

1. Que el único pueblo soberano en España es el que conforma la totalidad de los españoles.

2. Que nadie —ni el gobierno, ni las Cortes Generales, ni ningún otro poder del Estado, ninguno— puede privar al pueblo español de su derecho exclusivo, repito, exclusivo, a decidir sobre su futuro ni sobre su territorio.

3. Que mi primera obligación como representante, al igual que todas sus señorías del pueblo español, y como presidente del Gobierno si obtengo la confianza de la Cámara, es defender esa soberanía nacional y, con ella, la unidad de España, la igualdad de los españoles y el respeto a la ley y a los derechos fundamentales.

Y les aseguro, señorías, que cumpliré con esa obligación, y que lo haré buscando en todo momento el entendimiento entre los grupos que comparten la defensa de los principios que recoge la Constitución.

En estos años he mantenido y mantengo mi disposición al diálogo y a la cooperación con la Generalitat de Cataluña. He procurado dar respuesta a las necesidades reales de los catalanes, porque lo que les atañe me incumbe y me importa.

He valorado siempre su capacidad de acogida, su dinamismo y su diversidad como un elemento que conforma y enriquece la nuestra. Y estoy dispuesto a buscar fórmulas que acomoden mejor la necesaria solidaridad interterritorial. Pero el primer paso hacia soluciones que sean más justas pasa por el respeto a la legalidad y a los derechos de todos los españoles.

Señoras y señores diputados, no tenemos tiempo que perder, tenemos retos por delante, muchos, y además hemos de superar los efectos del bloqueo político de estos meses y ponernos al día, cuanto antes, en el cumplimiento de nuestras obligaciones con los españoles y con nuestros socios europeos.

Los asuntos que no eran urgentes han acabado siendo apremiantes y los que ya lo eran, lo son aún más. Por eso, en los próximos días, si ustedes me otorgan su confianza, remitiremos a ambas Cámaras los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como el límite de gasto no financiero del Estado.

Estas materias reclamarán también nuestro acuerdo, pero el ciclo presupuestario no acaba ahí. Se ha de completar en su totalidad con la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2017.

No necesito explicarles que las cuentas del Estado son la pieza clave de la política económica de nuestro país. Primero, porque determinan, en última instancia, el destino del 43% de la riqueza que somos capaces que generar entre todos cada año (Producto Interior Bruto). Segundo, porque resumen en cifras la orientación de la política económica que nos asegure el crecimiento y la creación de empleo.

Tampoco necesito explicarles que es mi obligación velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Europa, respetar la senda de consolidación fiscal pactada con la Unión Europea, y controlar el déficit público; porque es lo mejor para España y porque ya conocimos lo peor de sus consecuencias en términos de pérdida de confianza y destrucción de empleo. La estabilidad presupuestaria debe seguir siendo un compromiso que se respete desde el Gobierno y no se ignore desde el Parlamento.

Señorías, estos son, en mi opinión, asuntos en los que, si fuéramos capaces de trabajar de manera conjunta, daríamos un paso adelante muy importante en defensa de los intereses de todos los españoles.

Como habrán comprobado, no he querido desgranar en este discurso un detallado programa de gobierno ni un prolijo catálogo de medidas. En cualquier caso, estoy a disposición de todos ustedes para profundizar mañana en cualquier aspecto sectorial o territorial que sea de su interés.

Hoy he preferido referirme a los grandes objetivos nacionales, los de hoy y los de mañana, porque, como he señalado antes, es imprescindible que nos pongamos de acuerdo para abordarlos conjuntamente. Repito que se trata, además, de materias que en algunos casos no sólo exceden un periodo de sesiones, sino la capacidad de cualquier gobierno y que son determinantes para el futuro de un país durante generaciones.

Señora presidenta, señores y señores diputados, soy perfectamente consciente de que entramos en una nueva etapa política. Sé que cualquier ley, cualquier reforma, cualquier proyecto que pueda venir a esta Cámara en el futuro tendrá que ser fruto del acuerdo, de la negociación, de la cesión y del entendimiento.

Debemos asumir la necesidad de diálogo, no como un peaje incómodo, sino como una oportunidad de consolidar reformas amplias y duraderas; dejar también al lado las consignas propias de la pugna electoral para avanzar en el diseño de las soluciones a los problemas de nuestros compatriotas.

No se me ocultan las dificultades y los previsibles escollos que esta tarea ofrece, ni a mí ni a mi Grupo. Somos también conscientes de la gravedad del compromiso que estamos adquiriendo, pero no he subido a esta tribuna para buscar un beneficio personal o partidario, sino para cumplir con mi responsabilidad, tal y como yo la considero.

Quizás algunos pudieron pensar que las dificultades para gobernar y el horizonte de poder mejorar nuestra posición en unas nuevas elecciones nos podrían llevar a eludir nuestra responsabilidad, pero no lo vamos a hacer. En este momento, en las circunstancias que atraviesa España, ninguna consideración sobre conveniencias de partido me parece lícita.

Los españoles no nos dieron su voto para hacer política pequeña, sino para que lo empleáramos de la mejor manera posible en su servicio, es decir, para llevar a cabo lo que prometíamos y lo que los ciudadanos confiaban que éramos capaces de hacer.

Estamos para eso. El Partido Popular no es un fin, sino un medio, una herramienta al servicio de la sociedad.

Si yo preguntara hoy a los españoles qué les gustaría hacer con esa herramienta, su respuesta sería, sin duda, diáfana: queremos aprovechar este instrumento para formar un gobierno ya y sin más demoras.

Esto -que desean ya un Gobierno- es todo lo que yo necesito saber, y esto -formar ese Gobierno- es lo que trato de hacer. Tengo el deber de poner fin a esta situación, de evitar unas nuevas elecciones, y lo hago tan pronto como he percibido que las circunstancias han cambiado.

Señorías, ese es mi deber, pero no es sólo mío, lo comparto con ustedes.

Parece justo y razonable que quienes de verdad no desean repetir las elecciones apoyen esta solución.

Esto no supone que se fuerce la voluntad de nadie, ni que nadie tenga que renunciar a sus principios. La excepcionalidad de las circunstancias exige que se dejen a un lado todas las confrontaciones ideológicas y se sumen los esfuerzos, de manera excepcional, porque se trata de una situación inédita que no conoce precedente. Y si no lo hiciéramos así, esta Sesión de Investidura no se hubiera celebrado o fracasaría, y estaríamos abocados, todos, a repetir las elecciones.

Señorías, si esta Sesión de Investidura sale adelante, deberíamos abrir una nueva etapa de contribución responsable a lo que es competencia de todos y necesita la colaboración de todos.

Lo que tenemos entre manos es algo muy serio, porque las consecuencias de nuestras decisiones afectan al bienestar de todos, diseñan además la imagen de España en el mundo y son siempre decisivas para el destino de la nación entera.

Hablamos del bien común y, por evitar vaguedades, permítanme que lo concrete. Hoy, estos días, este mes, el bien común se llama que España cumpla cuanto antes sus compromisos con Europa para mantener, dentro de ella, la posición que los españoles se merecen. Todo ello para mejor atender sus compromisos con los ciudadanos, en concreto los más urgentes, los que están en la base de todos los demás, porque son su fundamento y su garantía: el crecimiento económico y la creación de empleo. En esto se concreta hoy el bien común, el interés general: en dar ya los pasos que España reclama con urgencia para retomar con vigor la senda de la recuperación y dejar atrás las consecuencias del tiempo perdido.

Esta es una responsabilidad compartida, señorías. No se entendería bien que alguien pretenda volverle la espalda o, menos aún, desee obstaculizarla.

Tengo muy claro que, dada la composición de la Cámara y los apoyos previsibles, el gobierno que pretendo formar puede estar lejos de cumplir las condiciones de solidez, gobernabilidad y estabilidad que yo reclamaba en el pasado debate de investidura y desde el día 21 de diciembre. Esto será así salvo que la propia Cámara y los Grupos que la conforman, asuman que, no sólo el interés de los españoles, sino el suyo particular, reclama un gobierno estable y capaz.

Señorías, que no existan pactos de legislatura no significa que podamos conformarnos con un gobierno en el que no importe el cómo ni el para qué. Flaco favor haríamos a los españoles dejándoles creer que basta con cubrir la vacante del gobierno para que todo quede resuelto.

El Gobierno del Reino de España no puede ser un mero trámite. Ha de servir para que los españoles resuelvan sus problemas.

Supongo que todos deseamos para nuestro país un gobierno que pueda inspirar confianza, que sea fiable, que disponga de capacidad para tomar decisiones al ritmo que lo exijan las circunstancias, tanto en España como en Europa. Supongo que no hay nadie aquí que desee lo contrario.

A España no le benefician ni las sorpresas, ni las improvisaciones, ni las incertidumbres. Si no sabemos despejarlas, estaremos perdiendo el tiempo.

El empleo, como la economía, no se resuelve en 24 horas, ni basta, señorías, la buena voluntad. Cualquiera de las tareas que aguardan al gobierno, exige una labor sostenida y perseverante. En el pasado debate señalé lo siguiente: o somos capaces de aplicar un esfuerzo persistente o será imposible alcanzar lo que todos deseamos; o actuamos responsablemente o estaremos engañando a los españoles, haciéndoles creer que en España nos podemos apañar con un Gobierno efímero.

Pues bien, esto significa que, si el gobierno está en minoría y no dispone por sí mismo ni de la fortaleza ni de la estabilidad que España necesita, tendrá que buscar colaboraciones para conseguirlas.

Tengo asumido que cada día tendremos que construir una mayoría para la gobernabilidad. Para eso necesitamos un gobierno abierto al diálogo. Eso es lo que ofrezco. Estoy dispuesto a negociar cuanto sea necesario todas las decisiones. Haré cuanto esté en mis manos para que podamos trabajar de forma conjunta por el bien de los españoles. No me faltará tiempo para escuchar ni atender las inquietudes de sus señorías. Tengan la total y absoluta certeza de que sabré interpretar lo que han dicho los españoles.

Lo que espero de todos es que, estando sujetos como diputados a la misma responsabilidad de mirar por el bien de los españoles, asuman el mismo compromiso.

Y termino ya, señora presidenta.

Hemos dejado escapar diez meses que no serán inútiles del todo, si es que hemos aprendido algo. Afortunadamente, no es demasiado tarde. No hemos atravesado la barrera de lo irremediable. España conserva su impulso y estamos a tiempo de reforzar la confianza, inyectar nuevas energías y barrer hasta la sombra de la inestabilidad. Confío en que sepamos dar a los españoles el gobierno que la sociedad reclama, y los apoyos que la dimensión de las tareas exige.

Para todo ello, solicito el voto de sus señorías a mi candidatura.

No sé qué dificultades surgirán en el camino del futuro gobierno. Sin duda, no serán pocas ni pequeñas. Mi Grupo, mi partido y yo mismo, estamos dispuestos todos a afrontarlas y a soportar los sacrificios que sean necesarios.

No sé si es lo que más nos conviene como Grupo o lo que más nos perjudica. No sé si nos convendría más aguardar mejores coyunturas. No me interesan estas consideraciones. Me basta con saber que España lo necesita ya. Y esa es para el Partido Popular suficiente razón.

Si hemos de pagar un precio, por ninguna otra causa lo haremos con mayor orgullo que por el bien de España.

Nada más, señora presidenta, señorías, y muchas gracias.