Discurso de sesión de investidura de Adolfo Suárez del 30 de marzo de 1979

MADRID, 1 Mar. (EDIZIONES) -

Muchas
gracias, señor Presidente. Con su venia. Se-
ñoras y señores Diputados, por designación
de S. M. el Rey comparezco ante SS. SS. en un
acto cuya significación y alcance se delimitan
en el artículo 99 de nuestra Constitución.
Me propongo, pues, en estricto cumplimiento
del mandato constitucional, formular los principios
programáticos básicos, trazar las coordenadas
de actuación y fijar los objetivos y
inedidas fundamentales que perfilarán durante
la presente Legislatura nuestra acción de
Gobierno si la Cámara expresa su aprobación.
El cambio polftico realizado en nuestro país
ha sido profundo y sincero. Pero ahora comienza
un nuevo período; comienza una etapa
de transformación profunda de la sociedad.
Se trata, por consiguiente, de saber realizar
el cambio social con sinceridad, conjugando
¡prudencia y audacia y eligiendo también
el camino de la reforma responsable y
gradual que conformd la realización del cambio
político y tal es, ni más ni menos, la expresión
última de la voluntad política del pró-
ximo Gobierno de UCD.
El cambio político se verificó en tomo a
un eje de sensatez consistente en ajustar los
ritmos de tiempo sin regatear o eludir los
contenidos. Nos proponemos ahora realizar el
cambio social en una búsqueda constante de
la justicia, demostrando en el terreno de los
hechos que la vía reformista es la más adecuada
(para la transformación de la sociedad.
Con esta voluntad, me permito invitar a
SS. SS. a avanzar en la definitiva institucionalización
de una democracia a la altura de
nuestro tiempo y a vivir la gran ilusión colectiva
de la progresiva modernización de la sociedad
española.
La cuestión, en la realidad, una vez más,
consiste en averiguar si, a uno y otro lado
del espectro, se aceptará el grado de cambio
razonable y posible exigido por las transformaciones
sociales y por el objetivo de justicia
o se desatará el radicalismo para hacerlo
inviable.
En síntesis, éste es el cuadro y en este
gran marco se inscribe la gran tarea que tiene
que cumplir el pueblo español y de la que
el Gobierno de la Nación se esforzará en ser
impulsor. Somos un país viejo que no tiene
sus nuevas fronteras fuera de sf, sino dentro
de lo que a lo largo de los siglos ha sido la
dificil y terca voluntad de convivencia entre
CONGRESO
- 40 -
30 DE MARZO DE 1979,-NÚM. 3
lenguas y culturas diferentes. El reto actual
consiste en admitir que somos como somos,
en empeñarnos en mejorar cada día y en levantar
el país a base de trabajo, capacidad
autocrítica y espíritu de sacrificio. La nueva
frontera, en una apalabra, no está lejos de nosotros,
sino dentro de todos y cada uno de
nosotros mismos. Hemos de saber encerrarnos
en esta identidad definitoria para plantar
sólidamente las raíces del gran pueblo que
todos juntos podemos ser.
Y tenemos voluntad, fortaleza y exiperiencia
política para serlo. La oportunidad histó-
rica para lograrlo se conjuga ciertamente con
una serie de dificultades económicas y sociales
que podrían tratar de impedirlo. Mas lo
que importa es elegir correctamente y apostar
por la justicia y la equidad con tenacidad
y con eficacia en vez de turbamos por el verbalismo
y la frivolidad.
Nos enfrentamos con una situación nueva
porque iniciamos una nueva legislatura en el
contexto de una de las constituciones más
jóvenes y progresistas del mundo, desde la
que hemos de afrontar viejos problemas en
no pocos casos seculares. No basta, por tanto,
para definir la nueva realidad española con
decir que España ha sido capaz de darse un
régimen democrático. Hay que añadir que los
españoles estamos decididos a consolidar una
democracia cuyos contenidos reales estén perfectamente
sintonizados con los valores sociales
de nuestro tiempo.
Hemos de alcanzar una democracia social
fiel a los acentos de modernidad de un sistema
político que inicia su andadura en el
último tercio del siglo xx. Por eso la etapa
que aparece ante nosotros no ofrece treguas
ni ocasiones para la comodidad. Exige, bien
al contrario, llevar la mentalidad de cambio
a nuevos ámbitos y requiere una actitud clara
e inequívoca para interpretar y asumir los
deseos de progreso que existen en las zonas
más extensas y vivas del pueblo español.
Nuestro verdadero compromiso está, pues,
identificado con el futuro. Vamos a esforzarnos
para que, ipor primera vez en nuestra
Historia, la Constitución no sea únicamente
una solemne declaración de derechos, sino el
fundamento efectivo de una democracia estable
y justa.
Entendemos por ello que el sistema de derechos
y libertades que perfila la Constitución
es el obligado punto de referencia para
la modernización de nuestro país, para la
consecución de una sociedad libre de viejas
ataduras y de los privilegios y desigualdades
que han caracterizado la estructura social española.
Creo que la profundidad, la serenidad
y el rigor con que se ha realizado en España
el cambio político constituyen suficiente garantía
de que podemos efectuar la modemización
de la sociedad española sin convulsiones
ni sobresaltos.
Durante estos próximos años es nuestra
pretensión recrear el tejido del cuerpo social.
Es necesario que fluya la creatividad social,
que se multipliquen los centros de decisión y
las iniciativas. No queremos en modo alguno
imponer desde el poder un modelo preconcebido
de organización social, sino establecer
un cuadro institucional que garantice la- libertad
y la participación ciudadana y estimule
la aportación de todos a la vida colectiva.
Para nosotros, la persona es el fundamento
primario y el objetivo último de toda acción
política y la sociedad el espacio en el que
naturalmente se desarrolla la libre iniciativa
personal que engendra el verdadero progreso.
Creemos, en una [palabra, que la política debe
ser una parte noble de una sociedad viva y
actuante, no su condicionante o el inicio de
su disolución en el seno de una organización
burocratizada y deshumanizante.
A la vista de este propósito, quisiera enmarcar
la política que pretendemos desarrollar
bajo la vigencia de dos grandes presupuestos
implícitos en la esencia misma de la
democracia:
Primero. La necesidad de que todas las
fuerzas políticas contribuyan al planteamiento
y resolución de los grandes problemas nacionales
desde su respectiva órbita ideológica
y desde la responsabilidad que les corresponda
en función de la posición que asuman en
el sistema institucional.
El firme criterio de UCD co8mo
primera fuerza política de no pretender en
modo alguno un papel exclusivo de cara al
desarrollo de la Constitución, pero sí de hacer
valer el imprescindible condicionamiento
democrático de que semejante desarrollo sea
afrontado básicamente desde los planteamientos
contenidos en su programa electoral porSegundo.

- 41 -
CONGRESO 30 DE MARZO DE 1979.-NÚM. 3
que tal ha sido el mandato surgido de las
urnas.
Pienso que estas precisiones iniciales pueden
contribuir a centrar el enfoque que queremos
dar a la gestión política durante la
actual legislatura. Y hacerlo, además, como
expresión de nuestra identidad política, nunca
como negación de la identidad de los demás.

Con estas palabras, por consiguiente, no
sólo quiero señalar que el consenso ha terminado,
sino expresar el reconocimiento que
merece su importante contribución al proceso
constitucional. Quizá el consenso ha producido
decepciones en ciertos sectores. Y ello
requiere que a la ingratitud de las incomprensiones
demos la gratitud de la certeza de que
la Historia juzgará el consenso constitucional
como uno de los pilares básicos de la España
moderna. Fue una solución excepcional
para un momento igualmente excepcional de
nuestra evolución política, una 'prueba de la
madurez y responsabilidad de los partidos políticos
a la hora de defender los verdaderos
intereses del pueblo y del Estado.
Nos encaminamos a la realización de un
programa de Gobierno concebido bajo la óp
tica de un programa de partido y coherente
con la palabra comprometida ante el electorado,
pero que pretende servir honestamente
a la totalidad de los españoles y a los intereses
generales del !país.
Se trata de un 'programa centrista, a través
del cual queremos que Ehpaña se incorpore
plenamente a la vida europea de hoy.
La defensa del modelo de sociedad occidental,
la inspiración en la ética y en los valores
del humanismo cristiano y la asunción del sistema
de economía de mercado, corregido por
unos objetivos sociales que le sitúan al servicio
del hombre e impiden hacer del hombre
un engranaje al servicio de fuerzas deshumanizadas,
constituyen los fundamentos imprescindibles,
los fundamentos que nosotros asumimos,
en la búsqueda de un adecuado equilibrio
entre progreso, libertad, igualdad y solidaridad
entendidas como dimensiones de la
justicia.
Creo que es impropio decir que, ganada ya
la libertad, es preciso plantearse nuevos objetivos.
La libertad nunca se alcanza plenamente.
Es ,preciso afianzarla, promoverla y
extenderla a nuevas parcelas, y así como hay
quien teme y recela que son posibles retrocesos
de la libertad iporque siempre están ipredispuestos
a confundir el ejercicio de la autoridad
con el retorno del autoritarismo, algunos
pensamos que frente a la tentación dirigista
en áreas impropias de la correcta formulación
de una sociedad libre, frente a la abdicación
de la capacidad de autodefensa de la
sociedad en áreas de un paternalismo providente
que considera al pueblo en penpetua
situación de minoría de edad, se requiere la
potenciación de la capacidad autoorganiza-
íiva de los entes sociales, la transferencia de
funciones, la descentralización de competencias
y el ejercicio pluralista del lpoder y de la
responsabilidad. Y a todo ello, lógicamente,
hay que aplicar la necesaria atención en la
próxima etapa, no sólo ,para cerrar o erradicar
situaciones anacrónicas, sino para evitar
desviaciones que habna que lamentar.
Y, sin embargo, desde la libertad, desde su
ejercicio responsable y desde el despliegue y
la reivindicación de las libertades concretas,
hay una gran tarea que nos aguarda a los
españoles. Hemos modernizado la institución
estatal al instaurar un Estado de Derecho y
ahora nos corresponde modernizar la sociedad
mediante el inipulso del cambio social.
De la misma manera que en el proceso político
negamos la razón de ser de la dialectica
de las dos Españas, en el orden histórico
y político vamos ahora a tratar de destruir
la rígida separación entre la España de la riqueza
y la España de la miseria, entre las
regiones ricas y las regiones atrasadas, entre
la ostentosa opulencia de unos pocos y la
inarginación y la pobreza de miles de familias
a la espera de seguridad, de trabajo, vivienda
y educación.
El programa de gobierno que pretendemos
poner en práctica busca poner las bases de
una sociedad más próspera y radicalmente
más justa que la sociedad anterior, que la propia
sociedad actual. No vamos a hacer, por
consiguiente, una política tímida ni a poner
parches o paños calientes. Y a tal fin imiporta
[menos escarbar en el pasado, recrearse en
la crítica y en el pormenor de los fracasos,
que imaginar el porvenir y tener la audacia
necesaria para hacerlo posible. El Gobierno
3e UCD no va a hacer, desde luego, una po-
CONGRESO
lítica revolucionaria, pero realizará reformas
profundas y rigurosas que modificarán seriamente
las estructuras de nuestro país.
A la incomprensión de quienes no entienden
lo que es un partido de centro, de raíz
(popular, interclasista, surgido en el seno de
una sociedad industrial y ajeno, por tanto, a
una concepción bipolar del antagonismo social,
contestamos con la coherencia de un
programa de gobierno progresista y reformista
que supondrá, si el acierto preside nuestras
decisiones, un progreso social cierto. No
vamos a hacer una [política al servicio de un
sector de la sociedad, ni tampoco en beneficio
exclusivo de nuestros afiliados o votantes.
El Gobierno realizará una ipolítica al servicio
de todo el pueblo español, procurando
que ninguna pretensión legítima deje de ser
defendida ni ninguna causa desoída.
Nos duelen las injusticias de España y negamcs
que nadie nos aventaje a la hora de
procurar su corrección. Lo que ocurre es que
una cosa es rechazar lposiciones de principio
que niegan, contra toda evidencia, las posibilidades
reales de una sociedad interclasista,
integrada y sólidamente afincada en la dignidad
de la persona, y otra muy diferente dar
por buenas las lacerantes desigualdades que
es necesario y urgente erradicar.
No haremos, en consecuencia, ni una política
débil, ni acomplejada, ni timorata. Tenemos
perfectamente claros los objetivos que
perseguimos, tenemos una palabra inequívoca
empeñada con el pueblo y vamos a cumplir
una vez más lo que prometemos. Podemos
quedamos cortos en el acierto o errar
en la ejecución, pero no lo seremos en la sinceridad
de los planteamientos y de las decisiones.

Creo que no es aventurado afirmar que el
pueblo español y las fuerzas reales que lo articulan
socialmente o encauzan las corrientes
de opinión nos piden hoy que procedamos
entre todos a una tarea de clarificación.
Clarificación para comprender globalmente,
más allá del problema vital e inmediato de cada
uno, la situación en que se encuentra España,
sus problemas reales y concretos y
nuestras propuestas para afrontarlos, Clarificación
también para saber con certeza, más
allá de las formulaciones generales de una
campaña electoral, hacia donde vamos y hasta
donde queremos llegar, es decir, en suma,
para despejar y aproximar un horizonte, que
las exigencias de un proceso de transición singuiar
y el asentamiento previo e inevitable de
unas bases para la convivencia democrática
han impedido proyectar con toda nitidez.
Esta exigencia de'clarificar la vida pública
nos lleva inexorablemente, como paso preliminar,
a asumir con plenitud la realidad tal
y como creemos que es, a reconocer en toda
su dimensión la magnitud de los problemas
existentes y a afrontar exigentemente su solución
en el marco de una concepción realista
tan alejada de un conservadurismo que subordina,
desvirtúa o elude los requerimientos
de la justicia, como distante del idealismo
utdpico que ignora los imperativos y obstáculos
de una realidad testaruda que la mera
fuerza de las ideas o de los propósitos
bien intencionados no puede por sí sola diluir,

Pienso que la realidad en que hoy estamos
inrr;ersos podría definirse como una acumuls.
cióri de cuestiones y problemas que hacen
enormemente compleja la acción de gobierno.
Pero pienso, asimismo, que nuestra rcalidad
es hoy también una amplia puerta abiPrts
a la esperanza, porque todos ellos, todos
esos problemas y cuestiones, después de haber
asentado las bases de nuestra convivencia
democrática encuentran un adecuado cauce
de solución desde y a través de la Constitución
y mediante una firme actuación POlítica
que sólo tambieui ahora pwede desarnoILirse
bajo el imperio dt In certeza y seguridad
jurídica de que antes cnrecizmos por res?i!tar
inaplicables o inadecuddns las leyes entonces
vigentes o por ser es:,is: contradictcrias
e incompatibles con los propósito.; y objetivos
que perseguíamos.
Esta compleja realidad, reducida a síntcsis
conceptual y programática, puede insertarse
en el marco de seis grandes coordenadas dentro
de las cuales habrá de desenvolverse la
política general del Gobierno durante los pró-
x:nios cuatro años:
La definición y ejecución de una
política exterior que asuma los factores geopolíticos
que la condicionan inexorablemente
sin perjudicar pr ella la independencia da
nuestra acción internacional en ciertos ámbitos.

Primera.
Segunda. La realización de una polítics
d? defensa nacional en la que las Fuerzas Armadas
constituyan por sí mismas un factor
de disuasión determinante con capacidad de
reacción mediata, de respaldo de nuestra
acción exterior y de defensa del ordenamiclito
constitucional.
Tercera. La intensificación y ampliaciói
de la acción destinada a garantizar en mayor
medida la seguridad ciudadana y hacer más
eficaz la lucha contra el terrorismo de toda
índole.
Cuarta. La búsqueda permanente de un
equilibrio social dinámico y de progreso que
fortalezca y vitalice el Estado de Derecho y
que confiera cada vez más contenido real a
los grandes valores de libertad, igualdad y
solidaridad entendidos, en definitiva, como
expresiones distintas de la justicia.
El desarrollo de la Constitución,
es decir, la concreta institucionalización legal
de todas las dirnensioiies sutint:vs del Estado
Social y Democrático de Derecho como
forma de organización política de una sociedad
pluralista y libre concebida para hombres
libres.
La distribución territorial del poder
del Estado a través del proceso autonómico
para consagrar legalmente la diversidad
real de la comunidad española en el marco
irrenunciable de la unidad nacional de Espa
ña y bajo el imperio de la soberanía única
del pueblo español.
En el ámbito internacional, el Gobierno SE
propone llevar a cabo una política realista
activa e independiente que, partiendo de la:
transformaciones internas operadas en Espa
ña, sea capaz de potenciar nuestra accióin 1
defender nuestros intereses, en un mundo ca
da vez más interdependiente y en rápido pro
ceso de transformación.
Esta política estará encaminada a gara?
tizar nuestra seguridad y nuestra independen
cia, a restablecer con la recuperación de Gi
braltar nuestra integridad territorial, a ase
gurar el suministro de materias primas y pro
ductos energéticos, a mejorar las condicio
nes de vida y los niveles de bienestar de lo
españoles y a contribuir a la construcciói
de un mundo más libre, más pacífico, má
seguro y más justo.
Por conviccih profunda somos partidaria
Quinta.
Sexta.
del mantenimiento de la paz y contrarios al
Uso de la violencia y estamos dispuestos, en
la medida de nuestras posibilidades, a favorecer
el entendimiento, la solución pacífica de
13 conflictos y la .distensión internacional.
ero esta decidida vocación de paz nuestra
D puede hacernos olvidar que vivimos en
n mundo donde todavía persisten confroniciones,
conflictos y tensiones.
España está incluida en el dispositivo es-
*atégico occidental a través del Tratado Biiteral
con Estados Unidos. Este Tratado deerá
rcdactarse a su vencimiento para adeuarlo
a la nueva realidad.
Unión de Centro Democrático -es conocilo
de todos- es partidaria de la adhesión de
:spaña a la Alianza Atlántica por coherencia
on su vocación euncpea y occidental. (Protesas
de varios señores Diputados.) Pero entienle
que nuestro ingreso en la NATO debe planearse,
en su caso, teniendo en cuenta los
:ondicionamientos que derivan .de nuestras
)eculiaridades y de nuestras exigencias de seguridad,
así como la necesidad de un amplio
-espalda parlamentario. A esta Cámara co-
*responderá en su día debatir el tema, anaizando
con rigor e imaginación las condicioles
y modalidades de esa eventual adhesión
:n la forma en que resulte más favorable pa-
-a nuestros intereses políticos y estratégicos.
Porque, en verdad, son múltiples los factores
ie tipo económico, militar y político que tienen
que ser adecuadamente sopesados y .nuy
variadas las soluciones posibles a que puede
llegarse en cada uno de estos terrenos.
España quiere estar presente con plenitud
de derechos en las Instituciones europeas Pur
eso negociamos la incorporación en las L'3-
munidades con el propósito de aportar nuectras
ideas y nuestro esfuerzo a la realización
de las finalidades políticas previstas ,zn los
Tratados Fundacionales y para la mejor defensa
de nuestros intereses.
La inserción de España en Europa es plenamente
compatible con nuestra identidad
iberoamericana, que habrá de adquirir nuevris
dimensiones. El capital que supone nuescrd
comunidad cultural, histórica y lingüfstica nos
permitirá hacer ver a las Comunidades Ewopeas
que, en nuestra opinión, quedan mutiladas
si abdican de establecer una estrecha relación
de colaboración con Iberoamérica. Pa-
- 41: -
CONGRESO 30 DE MARZO DE 1979.-NÚM.
-
3
ra cumplir con esta misión y reforzar en todos
los órdenes las relaciones con los países
hispanoamericanos, el Gobierno, superando
definitivamente posiciones retóricas, se popone
impulsar el Centro Iberoamerican:, ¿e
Cooperación y potenciarlo al máximo, asegiirándole
los medios suficientes para hacer frente
a las necesidades de cooperación con los
más diversos sectores iberoamericanas.
Nuestra situación geográfica, que ha narcado
durante tantos años el interés español
por los acontecimientos en el Mediterráneo
y en el norte de Africa, nos exige adoptar cn
esta zona geográfica una posición imaginativa
y abierta para contribuir al logro de una
solución pacífica que tenga en cuenta todos
los intereses de la región. La proyección norteafricana,
sin embargo, no puede limitar
nuestra acción en el resto del continente africano
ante la complejidad de los intereses españoles
y de aquellos que puedan nacer como
consecuencia de nuestra incorporación a
las Comunidades Europeas y por virtud de
los acuerdos firmados por la Europa Comunitaria
con ciertos países africanos. Mientras
avanza nuestro proceso .de adhesión a las Comunidades,
el Gobierno, para facilitar los contactos
con países árabes y africanos y con
otras zonas afectadas por los problemas tí-
picos del subdesarrollo, presentará a esta Cá-
mara una Ley de Cooperación Técnica que
pueda encauzar hacia los Estados más necesitados
no sólo la ayuda financiera que España
pueda aportar a su desarrollo, sino la
contribución de sus profesionales y de su tecnología.

Otra preocupación básica del Gobierno será
la protección de nuestros nacionales en el
extranjero, porque ningún objetivo más noble
puede pretender nuestra acción en el exterior
que la defensa y protección de los intereses
de aquellos españoles que, alejados de
su tierra, tienen que desarrollar su actividad
fuera de su país. El Gobierno defenderá con
todo el esfuerzo de que sea capaz los intcreses
de los emigrantes y residentes fuera de
España para ofrecerles la adecuada protección,
asegurar sus derechos políticos, laborales
y sociales y facilitarles la adecuación y la
asistencia social necesaria para ellos y para
sus hijos.
Proponemos en suma una actitud positiva
y constructiva en los grandes tenias que tiene
planteados la Comunidad Internacional,
donde, por nuestra singularidad y nuestro papel
de potencia intermedia, podemos desempeñar
una función de acercamiento entre las
distintas posiciones hoy divergentes. Estos temas
incluyen nuestra aportación a los esfuerzos
en favor de un desarme general y completo
bajo adecuado y eficaz control intemional;
nuestros esfuerzos para el establecimiento
de un nuevo orden económico internacional
más justo, basado en el desarrollo integral
de la persona; nuestra firme actitud a favor
de la salvaguarda y protección de los derechos
humanos, convencidos como estamos
de que el orden político y la paz social no pueden
tener otros fundamentos que la dignidad
de la persona humana y el respeto a los derechos
inviolables que le son inherentes.
En resumen; una política abierta a todos los
problemas de nuestro tiempo, liberada de
cualquier servidumbre, enmarcada por los
principios de pleno respeto a nuestra soberanía
e independencia y de no injerencia en los
asuntos internos de otros países y una polí-
tica, en fin, al servicio del pueblo español y
de los intereses permanentes de España.
Quiero subrayar ante Sus Señorías que la
Defensa Nacional es responsabilidad de todos
los españoles y objetivo prioritario para
el Gobierno. Por ello confiere la máxima importancia
a cuanto concierne a las Fuerzas
Armadas.
Aunque en el programa de UCD están claramente
expuestos los criterios fundamentales
sobre la Defensa Nacional y les objetivos
que se pretenden alcanzar, querría afirmar en
este momento nuestra decisión de cumplir dicho
programa, limitándome ahora a subrayar
los aspectos siguientes:
lPor su urgencia, el Gobierno concederá
prioridad a la acción social, a la regulación
de escalas y a la determinacih del objetivo
de fuerza conjunto.
La acción social será mejorada y potenciada
en todos sus aspectos, se completará
la dotacidn del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas -ISFAS-, de reciente creación,
y el plan de viviendas, en el presupuesto
pendiente de aprobación por las Cortes.
La regulación de ascensos y escalas, ya ini-
- 45 -
CONGRESO 30 DE MARZO DE 1979.-NÚM. 3 -
ciada, que remedie situaciones anómalas existentes,
se plasmará en disposiciones que, en
plazo breve, seiráni sometidas a la consideración
de esta Cámara. Con ellas, respetando
siempre derechos adquiridos, se tratará de lograr
un rejuvenecimiento progresivo de los
cuadros de mando y dar un esperanzador. sentido
de carrera a todos los escalones de los
inismos.
La determinación del objetivo de fuerza
conjunto traerá consigo la adopción de la más
idónea estructura orgánica, la potenciación
de sus efectivos y el logro del factor disuasorio
que han de constituir nuestras Fuerzas
Armadas. La Junta de Jefes de Estado Mayor,
el Gobierno y el Parlamento, cada uno
en la esfera de sus respectivas competencias,
serán responsables de la consecución
de este objetivo.
Quiero destacar también, por su importancia,
que en esta materia pretendemos conseguir,
entre otros, los siguientes objetivos:
La adecuada cobertura de inversiones y
gastos.
El necesario plan de infraestructura, apoyo
y sostenimiento.
Una industria para las necesidades de la
defensa que garantice el suministro necesario
a nuestros Ejércitos y actúe como eficaz
impulsor de la economía y la investigación
nacionales.
Y como base imprescindible de todo ello
se prestará especial atención a mejorar constantemente
la formación de sus hombres, tanto
de los cuadros profesionales como del personal
en filas. Se adecuarán las retribuciones
a la dedicación efectiva, se regulará el régimen
del voluntariado especialista y se mejorará
el haber en mano de soldados y marineros,
dentro de un conjunto de medidas que
contemplen prioritamente al componente humano
de los Ejércitos.
En el momento de comparecer ante esta
Cámara soy consciente de que al pueblo español
no le inauieta Únicamente la situación
de crisis que vive el país o su prosperidad
económica y social. Entiendo que, en esta
hora, la paz ciudadana, la seguridad de las
personas, el mantenimiento de un orden pú-
blico que garantice el ejercicio de las libertades,
es también en su ánimo cuestión prioritaria.
Asegurar la tranquilidad de nuestros
pueblos y de nuestras ciudades, de nuestros
domicilios y de nuestras familias, es un prhcipio
que insertamos como eje básico del programa
del nuevo Gobierno. La democracia se
basa en la libertad y la justicia como valores
superiores realizados bajo el imperio de la
keiy entendida copo expresión de la voluntad
popular. Por tanto, el acatamiento de sus reglas
y de sus leyes, aprobadas en el Parlamento,
es una obligación de todos que el nuevo
Gobierno hará cumplir del modo más enérgico
e inexorable.
Nuestra meta ha de mr, pues, el fustalecimiento
del Estado de Derecho. Pero para
conseguir tal objetivo es preciso rodearle de
todos los dispositivos necesarios para que nadie
pueda poner en peligro su autoridad y
estabilidad. El Estado de Derecho ha de ser,
en efecto, capaz de prevenir y, en su caso,
reprimir las agresiones que atenten contra sus
fundamentos o contra la conveniencia de los
ciudadanos.
Independientemente de los proyectos legislativos
que el nuevo Gobierno presentará para
regular el régimen de libertades diseñado en
la Constitución, resulta imprescindible formular,
y es nuestro propósito llevar a cabo,
una serie de programas de reformas en el campo
de la seguridad ciudadana. En este sentido,
junto a la garantía jurisdiccional de las libertades
públicas, realizaremos una eficaz polí-
tica de protección de la seguridad ciudadana
y una decidida lucha contra el terrorismo.
En el ámbito de la seguridad ciudadana, el
Gobierno proseguirá su tarea de conseguir
una mayor profesionalidad de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad; una más intensa especialización
de los mismos para lograr un
alto grado de operatividad en todos los campos
en los que el delito es más frecuente o
atenta en mayor medida contra la convivencia,
y, finalmente, la coordinación de todos
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a través
de un órgano director de la Seguridad del
Estado. La extensión de los servicios de radiopatrulla
y de patrulla urbana y la ampliación
de los centros operativos de servicios de
la Guardia Civil y de los Grupos Especiales
Operativos de la Policía Nacional, no serán
más que ejemplos singulares de la firmeza y
amplitud con que el Gobierno pretende afron-
- 46 -
CONGRESO 30 DE MARZO DE 1979.-NÚM. 3
tar sus responsabil#idades en materia de orden
público y de seguridad ciudadana.
El tratamiento de la lucha contra el terrorismo
-que ha rendido ya sus frutos innegables-
nos está exigiendo a todos reforzar
una estrategia y un planteamiento global en
el que, una vez vigente y en fase de desarrollo
la Constitución, adquieran particular importancia
las medidas de índole policial. El
fenómeno terrorista, su complejidad creciente
y su alto grado de profesionalización reclama
una labor de formación de unidades
especializadas en la información y en la acción.
Y esto es ya, y seguirá siendo, uno de
los objetivos fundamentales del Gobierno con
el fin de erradicar esta lacra que se cierne
sobre muchos países democráticos, entre los
que España no es desgraciadamente una excepción.

Los problemas de la economía española y
las posibilidades de resolver la crisis actual
han de examinarse en el contexto de la economía
internacional. Nuestra economía está
cada vez más vinculada a los intercambios
mundiales, y han pasado ya los tiempos en
que cabía pensar en la elaboración de un prck
grama econ6mico al margen de los condicionamientos
'impuestos por la situación ecunómica
internacional.
Nuestra crisis es parte de la crisis econó-
mica mundial. Las grandes economías industriales,
y especialmente las europeas, no acaban
de encontrar un camino firme de expansión
tras la grave recesión de 1974-75. Las
tensiones inflacionistas, con su resistencia a
ceder y su disposición a recrudecerse en cualquier
momento, limitan las posibilidades de
políticas económicas más expansivas. Los
desequilibrios de las balanzas de pagos por
cuenta corriente y las consiguientes alteraciones
en los mercados de cambios fomentan
las prácticas proteccionistas, reducen la expansión
del comercio mundial, agravan los
problemas de los -países en vías de desarrollo
e introducen importantes elementos de incertidumbre
y riesgo en los mercados financieros
internacionales.
Este es el marco en que hemos de movernos
y no cabe esperar que de él vayamos a
recibir estímulos favorables en los próximos
años. Olvidar esto sería incurrir en un voluntarismo
sin futuro. Recordarlo equivale a
asumir algunos de los condicionamientos primarios
dentro de los que ha de desarrollarse
nuestra política económica.
Pero no sólo pesa sobre nosotros la crisis
económica mundial. Tenemos que afrontar,
además, la existencia de problemas procedentes
de un prolongado tiempo en que se
mantuvieron latentes y ocultos en la gran expansión
mundial de los años 60, pero que han
aflorado a la superficie con la crisis econó-
mica y el cambio de sistema político.
Toda la problemática del paro, prácticamente
desconacida en España hasta hace unos
años, era una realidad oculta. El recurso a la
emigraci6n masiva escondía la incapacidad
del sistema productivo español para ofrecer
regularmente puestos de trabajo a los hombres
y mujeres que anualmente llegaban a la
edad laboral.
Los desequilibrios regionales y los desequilibrios
industriales, caracterfsticos de una fase
de expansión acelerada, estaban solapados
tras las cifras de un desarrollo cuantitativo;
pero se han manifestado en toda su gravedad
cuando la crisis mundial ha puesto de relieve
la importancia de un crecimiento equilibrado.

Finalmente, hay que subrayar la gran rigidez
en el sistema de relaciones laborales como
contrapartida de la negación del derecho
de huelga y de los derechus sindicales, rigidez
incompatible con el normal funcionamiento
de una economia moderna, flexible y progresiva
y de una sociedad en proceso de integración
en Europa y en la que la Democracia
está institucionalizada y las libertades garantizadas.

Hemos de afrontar así una situación en la
que las dificultades actuales se ven considerablemente
agravadas por la magnitud de los
problemas antmiores ahora patentes; una situación
también en la que el adverso contexto
internacional condiciona estrechamente el
marco real de posibilidades para superar la
crisis.
En estas circunstancias, constituye una tentación
enunciar programas cargados de promesas
de imposible cumplimiento: rápidas
soluciones al problema del paro, una pronta
eliminación de la inflacion y sencillas reestructuraciones
industriales. Un planteamiento
responsable no puede caer en esa tenta-
- 47 -
CONGRESO 30 DE MARZO DE 1979.-NÚM. 3
generar en. la sociedad expectativas que no se
pueden satisfacer, y segundo, porque es preanacronismos
en el sistema económico-social.
Apoyar decididamente el desarrollo de las
ciso apelar a esfuerzos todavía importante
que la sociedad española ha de realizar par
remontar los problemas actuales.
Nadie va a regalarnos el futuro. Tendrf
mos que conquistarlo con un esfuerzo solida
rio de todos los españoles, encauzado PO
una política ambiciosa pero realista.
Esa política económica ambiciosa y realis
ta a la vez ha de elaborarse con una dimen
sión temporal a medio plazo; porque la infla
ción sób puede reducirse desde sus altos ni
veles actuales hasta los vigentes en la mayoríi
de los países industriales, mediante un esfuer
zo continuado y persistente; porque la crea
ción de los cientos de miles de puestos dc
trabajo necesarios para situarnos en un nive
mejor de empleo debe plantearse mediantc
un esfuerzo constante para que sea un pro.
ceso firme y sin retroceso, y finalmente por
que los problemas de reestructuración exiger
tiempo para que puedan resolverse sin gra.
ves traumas. Esa programación a medio plazo
ha de estar inspirada, al mismo tiempo
en el objetivo de facilitar el ingreso de Espa-
ña en la Comunidad Económica Europea, tema
al que el Gobierno prestará una atención prioritaria.

El ingreso en la CEE hab.rá de significar la
modernización definitiva de la economía española.
Nuestra adhesión a la Comunidad supondrá,
sin duda, unas negociaciones difíciles
en las que el Gobierno tratará de combinar
adecuadamente los intereses de todos los
grupos y sectores sociales.
Durante los próximos cuatro años, la polí-
tica económica habrá de dar una respuesta
duradera a las grandes cuestiones que tiene
planteadas la economía española en la perspectiva
del ingreso de España en la OEE.
Nuestro programa tiene coma preocupación
fundamental conseguir que se incremente pro-'
gresivamente el nivel de empleo durante los
cuatro años venideros. Ello exige una polí-
tica en varias direcciones:
Reducir la inflación a tasas compatibles con
un crecimiento elevado y estable.
Eliminar las trabas que obstaculizan la efiregiones
en las que el paro estructural tiene
mayor incidencia.
Reformar los sectores económicos afectados
más gravemente -por la crisis y potenciar
otros estratégicamente necesarios.
Revitalización del ahorro y fomento de la
inversión.
No hay que ocultar la magnitud del esfuerzo
que es precisso realizar y que se deberá hacer
frente a las demandas de empleo derivados
de: 1, el crecimiento de la población activa;
2, el trasvase previsible de población activa
agrícola a otros sectores productivos, y 3, la
ileKlucción gradual del actual nivel de demplm.

Para conseguir mejorar el nivel de empleo,
la acción del Gobierno se orientará a los siguientes
objetivos básicos:
Crecimiento sostenido de la economía espaiiola
a un ritmo lo más cercano posible u
su tasa potencial de expansión. Este crecimiento,
apoyado en la inversión y en las exmrtaciones,
será el motor fundamental de la
:reación de puestos de trabajo y su consecu-
:ión atraviesa por el logro de un entendimieno
básico entre las distintas fuerzas sociales.
Reducción paulatina de la edad de jubila-
:ión -una de las más elevadas de Europa-,
lue permitirá, por un lado, un tratamiento
usto que asegure una dignidad en la penión
de jubilación a los sectores de población
lue han dedicado su vida activa a Ia sociedad
r, par otra parte, un mayor nivel de ocupaión
de las nuevas generaciones.
&fuerzo de escolarización de los jóvenes
ntre los catorce y los dieciséis años de edad,
rientado especialmente hacia la formación
rofesional. De esta manera se obtendrá una
iejor adecuación, tanto cualitativa como
uantitativa, de la oferta de trabajo a las deiandac
cambiantes de un sistema productivo
n plena transformación.
En el campo del empleo, el Gobierno se
ropone actuar específicamente, a través, en-
.e otras, de las siguientes acciones:
Potenciación de la inversión privada creawa
de puestos de trabajo especialmente a
cacia del sistema. 1 diante una política monetaria y financiera
- 48 -
CONGRESO 30 DE MARZO DE 1979.-NÚM. 3
adecuada y prioridad a la inversión pública
dentro de los gastos del Estado.
Realización de programas de empleo específicamente
destinados a favorecer la colocación
de los trabajadores en paro y de los j6-
venes que acceden por primera vez al trabajo
e iniciación de nuevas formas de contratación
de trabajo a tiempo parcial.
Estas medidas de fomento de la creación
de puestos de trabajo irán, además, acompa-
ñadas de un conjunto de actuaciones encaminadas
a atenuar las consecuencias sociales
del desempleo. Se procederá a una nueva regulación
del seguro de desempleo con arreglo
a los siguientes principios:
Mantenimiento de la prestación del seguro
de desempleo más allá del tiempo in.icialmente
establecido en aquellas situaciones en
que se justifique socialmente.
Perfeccionamiento de los mecanismos de
asignación de fondos para el desempleo temporal
agrícola.
Mejor coordinación y control de las prestaciones
de desempleo a través del Instituto
Nacional de Empleo.
Roporcionalidad entre el tiempo trabajado
y la recepción del subsidio.
Lucha contra el fraude en la percepción del
seguro de desempleo.
Es preciso insistir que el elemento básico
de una política económica que mejore el nivel
de empleo consiste en acercar el crecimiento
real de la economía española a su tasa potencial,
para lo cual es necesario garantizar el
respeto de los grandes equilibrios, tanto interno
como externo, de la economía. De no ser
así, los desequilibrios inducidos (inflación y
balanza de pagos) anularían muy pronto los
progresos realizados y arrancarían a la postre
la esperanza de transformar nuestro país
en una democracia progresiva y moderna.
Esta política deberá instrumentarse mediante
una política presupuestaria que allegue
los recursos necesarios -para hacer frente
a las necesidades sociales que acompañan al
crecimiento y mejore sustancialmente la calidad
del gasto y, por su parte, la política monetaria
deberá velar constantemente por el
respeto de los grandes equilibrios, en particular
el equilibrio interno de la economía, asegurando
al mismo tiempo que la instrumentación
cotidiana de la misma no introduzca
bruscas modificaciones en las expectativas
de los diferentes agentes económicos.
La consecución de los objetivos de política
económica a medio plazo y la resolución
de los problemas básicos aue hoy día tiene
planteados la economía española no pueden
concebirse sin el acompañamiento de una política
de reformas que prolongue las actualmente
emprendidas e inicie algunas otras tan
apremiantes como necesarias.
Con inde-pendencia de recwdar que en el
programa ehtoral de UCD figura detallado
el conjunto de reformas que en los distintos
sectores del orden social y econOmic0 se piensan
adoptar, voy a hacer referencia a alguna
de las más significativas.
En el campo fiscal se concluirá la reforma,
manteniéndose los proyectos de ley actualmente
presentados en las Cortes y, en especial,
los relativos a los impuestos indirectos,
con la finalidad de reducir las tarifas del Impuestos
de Tratwmisiones Patrimoniales y de
sustituir la diversidad actual de impuestos indirectos
por el Impuesto suhre el Valor Añadido.
Las tarifas del Impuesto sobre el Valor
Añadido deberán permitir el traslado hacia
este impuesto de una parte de los costes que
hoy comporta la Seguridad Social para las
empresas y que frenan la creación de puestos
de trabajo.
Continuará la lucha contra el fraude fiscal
y la transformación de la Administración Tributaria,
que han ofrecido resultados positivos
en 1978. Asimismo se regulará el régimen
financiero de las Comunidades Autónomas y
de las Entidades Locales, bashdose en los
principios de solidaridad, justicia, suficiencia
y flexibilidad.
En lo que se refiere a las relaciones lab
rales, se adoptarán las medidas legislativas
necesarias para homologar nuestro sistema
com el que hoy prevalece en !los paises de la
CEE, especialmente con el de aquellos que
han demostrado un mayor grado de eficacia y
conseguido un mayor bienestar social. Se tramitará
por el procedimiento de urgencia el
proyecto de ley de Negociación colectiva, que
el Gobierno ha depositado en las Cortes. Asimismo,
en cumplimiento del mandato constitucional,
el Gobierno presentará un proyecto
de ley que regule el ejercicio del derecho de
- 49 -
CONGRESO 30 DE MARZO DE 1979.-NÚM. 3
_____________
huelga y las situaciones de conflicto colectivo
y el Estatuto de los Trabajadores.
Las empresas públicas deberán mejorar sustancialmente
su gestión, que deberá llevarse
a cabo con. mayor eficacia y transparencia.
El Gobierno continuará su política de contención
de los déficit en estas empresas, exigiendo
austeridad y racionalidad en su gestión y
profesionalidad en su gerencia.
También deberán proseguirse las acciones
emprendidas en el ámbito de la reforma del
sistema financiero, con objeto de lograr un
mejor equilibrio entre el ahorro y la inversión.

El sistema bancario privado funcionari en
un marco de libertad v coinpetencia, pero el
Gobierno mantendrá el1 principio de igualdad
de loportunidades de acceso al crédito, reforzando
este principio mediante el control de
la actuación de las Cajas de Ahorro y mediante
el eficaz funcionamiento de un crédito oficial
que confiera mayor prioridad a las necesidades
de la pequeña y mediana empresa. Se
realizarán también las reformas necesarias
del sistema financiero vara aumentar la importancia
de la financiación a medio y largo
plazo. Asimismo el Gobierno pondrá en práctica
las necesarias medidas para perfeccionar
la operatividad y transparencia del mercado
de valores y reforzar la seguridad y garantías
de los accionistas.
En materia de Seguridad Social la acción
del Gobierno se centrará en tres vertientes:
Primera. Riguroso control y transparencia
de los Presupuestos de la Seguridad Social
con asunción gradual gor los Presupuestos del
Estado de un mayor porcentaje de la, carga
financiera que comporta la misma, hasta asumir
un 20 por ciento en 1983.
Promover la participación de los
beneficiarios en el control y vigilancia de las
entidades que componen el sistema de la Seguridad
Social, especialmente a través de los
sindicatos y organizaciones de empresarios.
Mejorar la eficiencia de la Seguridad
Social, introduciendo criterios de descentralización,
1)otenciación de la medicina
pneventiva, mejora de la calidad de los servicios
hospitalarios y acercamiento de la Sanidad
a los beneficiarios, tanto en el mundo rural
como en los barrios de las ciudades.
Segunda.
Tercera.
En los próximos años deberá acometerse el
proceso de reconversión industrial, in.iciado
con objeto de aproximar la creación de bienes
y servicios a la demanda, tanto interna
como externa. Este proceso deberá considerarse
en la perspectivas del gran reto que representa
para nuestra industria la integración
en. la Comunidad Económica Europea. Las acciones
que se emprendan deberán contemplar
las situaciones específicas de cada sector,
otorgándose prioridad a la de aquellos que
han sufrido modificaciones irreversibles en su
capacidad productiva por la incidencia de la
crisis. Las medidas que se adopten deberán
situarse en un marco de concertación con las
fuerzas sociales afectadas.
En relación con el sector energético, que
constituye uno de los puntos más vulnerables
de nuestro sistema económico, y con independencia
de acelerar el debate y la aprobación
del Plan Energético Nacional, las actuaciones
en los próximos años irán encaminadas
a conseguir un mayor grado de autonomía
e independencia de nuestro país en este
campo. Así, pues, éstas se encaminarán a la
máxima puesta en valor de nuestra potencialidad
hidráulica, a una explotación adecuada
de los recursos carboníferos nacionales, a un
empleo racional de la energía nuclear y la
consiguiente reducción de la dependencia del
petróleo, para así disminuir los riesgos de
eventuales crisis en el futuro. También se
promoverá un fuerte desarrollo de la investigación
energética y de forma especial los
proyectos relativos a la energía solar.
En los próximos años nuestra agricultura
deberá hacer frente al desafío que representa
la integración en la Comunidad Económica
Europea, y de su respuesta dependerá en buena
medida el futuro económico del país. El
Gobierno adoptará las medidas necesarias
para:
Dotar a la población agraria de un nivel de
renta creciente y de un status social justo,
reduciendo las desigualdades entre sectores
y regiones.
Dotar al medio rural de servicios de sanidad,
educación, vías de comunicación, transportes,
electrificación rural y, en general,
equiparar servicios entre las comunidades rurales
y las urbanas.
CONGRESO
- 50 -
30 DE MARZO DE 1979.-NÚM. 3
Estabilizar la población joven en el campo,
facilitando el acceso a la propiedad de los
jóvenes agricultores, apoyando tanto las explotaciones
familiares agrarias como las cooperativas
o sociedades agrarias de transformación.

Conseguir unas explotaciones rentables y
una mejora en los circuitos de comercialización.

Se adoptarán las medidas para aplicar la
política de vivienda aprobada en diciembre
del pasado año, con objeto de que alcance
unos niveles de construcción del orden de
300.000 viviendas anuales.
Esta política se complementará con una serie
de actuaciones de carácter urbanístico y
fiscal que movilicen la oferta de suelo y recuperen
para la colectividad las plusvalías
que correspondan.
En el avance hacia el futuro que suponen
los próximos años no podemos descuidar por
más tiempo la investigación científica y técnica.
En el terreno de las actitudes básicas
nuestra sociedad ha proporcionado pruebas
constantes de su a-wtura hacia la innovación,
si bien durante muchos años hemos vivido
de espaldas al progreso en la ingeniería
y en las ciencias. Ello nos ha conducido a la
utilizaci6n de tecnologías desarrolladas en
otros países y acomodadas a otras necesidades.
Sin un esfuerzo de investigación para
desarrollar nuestros recursos, para encontrar
y aplicar soluciones más acordes con nuestros
problemas, nuestro futuro será mucho menos
brillante de lo que hubiera podido ser y sin,
duda mucho más dependiente de tecnoIogías
ajenas. El esfuerzo en este terreno nos colocará
en una posición privilegiada, puesto que
las tecnologías de los países más desarrollados
son cada vez menos aplicables en los
países en vías de desarrollo y la demanda de
técnicas intermedias en el mundo será muy
fuerte en los próximos años.
Los Dróxhos cuatro años van a ser decisivos
para la economía de nuestro país. Superado
el impacto inicial de la crisis económica
mundial y la fase de transición política,
nuestra sociedad deberá acometer con energia
la tarea de consolidar su posición entre
las princi-pales naciones industriales del mundo.
Ello implicará cambios importantes en el
comportamiento de los agentes económicos,
que deberAn concebir sus estrategias en un
marco que cun frecuencia superará el de nuestras
fronteras. En un mundo incierto, nuestra
gran oportunidad consiste en afianzar todos
aquelIos mecanismos que faciliten nuestra
adaptación al cambio. Debemos incrementar
la movilidad social, favoreciendo las iniciativas
individuales y la asunción de riesgos,
pues entiendo que, en el marco de la economía
de mercado, definido por la Constitución,
un empresario dinámico y progresivo es
la mejor garantía para que la sociedad alcance
cotas cada vez más altas de bienestar
social y progreso. El Estado debe organizar
un sistema eficaz que permita proteger a
quienes sufren las consecuencias del cambio.
Una sociedad en movimiento necesita asegurar
constantemente un puente entre la innovación
y la tradición, entre el futuro y el pasado.
En el ámbito económico, la prosecución
del proceso de reformas es la principal
garantía de que nuestra suciedad avanzará
con ilusión hacia el futuro haciendo compatibles
mayores grados de libextad y seguridad
para todos los ciudadanos.
En la configuración de un orden social tienen
también gran importancia aquellos aspectos
que afectan decisivamente al desarrollo
de la persona. Entre ellos se encuentra, como
algo anterior al Estado mismo, la institución
familiar. En efecto, los derechos y obligaciones
que surgen de las relaciones de la familia
pdrán ser reconocidos y armonizados por
el Estado, pero de ninguna manera encuentran
su fundamento primero y excluyente en
la organización estatal. Se trata bdsicamente
de poner en juego los modos concretos mediante
los cuales la familia pueda afrontar
con éxito los profundos cambios en que, con
ritmo cada vez más acelerado, tiene que rnw
verse. En este punto, lo más adecuado es acertar
a dar respuesta a las preguntas claves que
una sociedad en cambio suscita. Pretendemos,
pues, adecuar la regulación juridica de esos
derechos y obligaciones familiares a las exigencias
del tiempo presente.
El Gobierno realizará bajo esta óptica una
reforma en profundidad del derecho de familia
vigente para adaptarlo a la realidad social
de la familia española de nuestros días.
Por otra parte, el Gobierno, en cumpiimiento
del programa con el que UCD concurrió
- 91 -
CONGRESO 30 DE MARZO DE 1979.-NÚM. 3
n las elecciones, adoptará un conjunto de medidas
destinadas a la protección económica
y social de la familia como ámbito natural inmediato
del desarrollo de la persona humana
y de sus valores básicos. Se llevará a cabo
una reforma del régimen de ayuda familiar
con un plan gradual que coordine y racionalice
la multitud dispersa de disposiciones y de
sistemas de avuda actualmente existente, elevando
las prestaciones de forma especial en
los casos en que ello sea vital.
En la esfera educativa partimos del principio
de que toda la sociedad ha de estar comprometida
en el proceso educativo, que la enseñanza
es un servicio básico a la comunidad
en el que todos tienen el derecho y el deber
de participar y que la elevación del nivel cultural
de los españoles constituye objetivo fundamental
-para la construcción de una sociedad
de hombres realmente libres.
De conformidad con tales principios, los
objetivos de nuestro programa, en síntesis.
son los siguientes:
Hacer efectivo el principio constitucional
de que todos tienen derecho a la educación.
Ello se traduce en una política tendente a:
tender a la plena escolarización hasta los dieciséis
años de edad en condiciones de garantizar
una enseñanza de calidad; lograr la gratuidad
efectiva de la enseñanza general bá-
sica; sentar las bases para extender la edad
de la enseñanza obligatoria y gratuita hasta
los dieciséis años; garantizar que sean los mé-
ritos, aptitudes y vocación y no la situación
económica familiar de los escolares los criterios
básicos para el acceso a los restantes niveles
educativos mediante una política de expansión
de becas y de mayor control en su
concesión y aplicación.
Defender la libertad de enseña ni^ concebida
en un doble plano: por una parte, como
reconocimiento a los grupos sociales y enti.
dades privadas del derecho al libre establecimiento
de centros docentes, libertad enmarcada
en el respeto a los principios deniocráticos
y en control de los resultados acadhicos que
ha de ejercer la Administración pública. De
otro lado, el derecho de los padres a elegir libremente
la educación de sus hijos.
Desde otra perspectiva, defendemos un modelo
de centro educativo como el que rige en
los países democráticos occidentales, es decir,
participativo y concebido como una comunidad
integrada por profesores, alumnos y padres,
en la que a cada uno corresponda su
papel específico y en la que la responsabilidad
debe estar compartida.
El Gobierno prestará es-pecial atención a la
formación del profesorado como factor esencial
en el sistema educativo y le conferirá en
tdo momento una atención prioritaria procurando
pcir todos los medios la dignificación
profesional, social y económica que reclama
la justa apreciación de su cometido en beneficio
de la sociedad.
El Gobierno, asimismo, tomará medidas
concretas para intensificar la educación permanente
como medio de realización personal
y profesional, así como la educación especial,
fijándose como objetivo una mayor escolarización
de los niños deficientes en edad escolar.

Finalmente, en cumplimiento de lo previsto
en la Constitución, el Gobierno remitirá
las normas legales precisas para configurar la
autonomía de la Universidad.
En el ámbito de la cultura entendemos que
debe ser concebida como el campo de la creación,
el saber y la expresión. Consecuentemente,
la política cultural consiste en el fomento
de la comunicación cultural en libertad.
El Gobierno se propone luchar por abolir
el elitismo y el pater