Un documento incautado al juez Vidal incluía "insurrección popular": cortar Sants, huelga general o desobediencia civil

Admitían que podía haber violencia, "fatal para la causa" porque "el Govern podría perder el control", según un informe de Guardia Civil

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil incautó al juez y exsenador de ERC Santiago Vidal un documento denominado "La rebelión tranquila: la estrategia de la no colaboración", en el que se contemplaban, entre otras posibilidades para lograr la independencia en Cataluña, "que se optase por la insurrección popular". No obstante, admiten que esto podría desatar violencia, algo que podría ser "fatal" para la causa porque el Govern podría perder el control.

Así consta en un reciente informe de la Guardia Civil aportado al Juzgado número 13 de Barcelona --que investiga la organización del referéndum ilegal-- al que ha tenido acceso Europa Press. Entre las opciones que contemplan los independentistas como "insurrección popular", estarían las "manifestaciones de la sociedad civil, actos de boicot al funcionamiento de las instituciones del Estado, desobediencia civil, cortar la frontera de la Jonquera, el tráfico del aeropuerto del Prat o a la estación de Sants" en Barcelona.

El objetivo de estas actuaciones sería el de "llamar la atención internacional", y a estas acciones se uniría el de "parar la economía mediante una huelga general".

De hecho, el propio texto de "La rebelión tranquila" admite que con la insurrección popular, se podría provocar "un accidente" y la posibilidad de que apareciera violencia era "alta". Una circunstancia que sería "fatal para la causa" porque quienes sufrirían los daños serían los catalanes, así que se precisaba en el documento que "la insurrección puede ser contraproducente" y "tampoco está claro que resultase eficaz".

Además, creen que podría ser un error desde el punto de vista de la eficacia política porque "el Govern perdiera el control de la situación y se incrementaría la tensión social".

Según el informe policial entregado en el Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, Vidal tenía "perfecto conocimiento" del contenido de dicho documento, lo que vendría a constatar que sabía que los "brotes de violencia" no serían descartables porque sabían que "el conflico con el Estado estallaría".

ESTRATEGIA DE NO COLABORACIÓN

En el documento "La rebelíón tranquila" también se contemplaba otra opción, que era la "no colaboración", es decir, la negativa a que funcionasen las instituciones democráticas y romper así el "vínculo entre legalidad y legitimidad para forzar que el Estado autorice la consulta".

Esta opción contemplaba buscar obtener el máximo de votos y de representación pero negarse sistemáticamente a ocupar ningún cargo de responsabilidad hasta que el Estado autorizara la consulta. "Es lo que denominan la rebelión democrática o tranquila", exponen los investigadores.

Este documento le fue intervenido en los registros que practicó la Guardia Civil a Santiago Vidal, que ejerció de magistrado en la Audiencia Provincial de Barcelona, pero fue inhabilitado por tres años en 2015 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por participar en la elaboración de una Constitución para Cataluña.

Tras concluir este periodo solicitó reingresar en la Carrera, pero el pasado enero el Consejo le advirtió que no resolvería este asunto hasta que el Tribunal Supremo estudie el recurso que el juez presentó contra su sanción.

SÁNCHEZ Y CUIXART ACONSEJARON A VIDAL ANULAR SUS APARICIONES PÚBLICAS

El informe policial destaca también que Vidal optó por anular sus apariciones públicas en febrero de 2017 siguiendo los consejos e instrucciones de los líderes sociales Jordi Sánchez --Asamblea Nacional Catalana (ANC)-- y Jordi Sánchez --Ómnium Cultural--; y también de la secretaria general de ERC huída de la justicia Marta Rovira, así como del que fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver.

Se lo pidieron para "evitar que el procés se viese perjudicado", según la Guardia Civil, que destaca que las cuatro personas antes mencionadas aparecen como integrantes del Comité Estratégico en el documento denominado EnfoCATs que fue intervenido al que fuera número dos del exvicepresident Oriol Junqueras, Josep María Llové.

FINANCIADO CON DINERO PÚBLICO CAMUFLADO

En otro punto del informe, la Guardia Civil señala que no se han podido determinar las cantidades dinerarias destinadas al desarrollo de las 19 estructuras de Estado para una eventual República de Cataluña y a la celebración del referéndum.

Asimismo, el informe señala que la documentación incautada y analizada evidencia cómo el referéndum del 1 de octubre "se financió con dinero público y tal como predijo Santiago Vidal, de forma camuflada" pues la Generalitat de Cataluña nunca admitió que se gastase ni un solo euro en su preparación. "Sin embargo se ha podido determinar que el gasto comprometido y/o pagado por la Generalitat para la preparación del referéndum ascendió a más de 3,2 millones de euros, como mínimo".

La documentación incautada acredita según la Guardia Civil no sólo el conocimiento por Vidal de la estrategia secesionista "sino también su participación en la misma junto a otros ideólogos del 'procés' como Carles Viver.

En este punto sitúa la Guardia Civil el conocimiento por Vidal de "detalles más técnicos acerca del desarrollo de los elementos necesarios para llevar a cabo la independencia" como, por ejemplo, la información que disponía sobre el registro de catalanes en el exterior y la posibilidad de que fuese usado para el referéndum. Su alusión pública a estos datos es lo que mereció, precisamente, la incoación de este procedimiento judicial.

Otros indicios en su contra son, según el Instituto Armado, las conferencias organizadas precisamente por ANC y ÓMNIUM. Entre otras cosas afirmó que disponían de los datos fiscales de todos los contribuyentes, aunque de forma ilegal, y que los utilizarían para poner en marcha el nuevo sistema tributario.

AFIRMABA TENER 400 MILLONES DE EUROS "CAMUFLADOS"

También afirmaba en estas charlas que conocían la ideología de los 801 jueces españoles que trabajaban en Cataluña y "cuáles, con nombre y apellidos, se quedarían y cuales se irían en caso de independencia", que "tenían perfectamente diseñada la estructura judicial de Cataluña" y disponían de "400 euros camuflados destinados a la celebración del referéndum y a tener preparadas las 19 estructuras de estado".

Mas allá de esas charlas sin embargo, la Guardia Civil reconoce en su informe que la investigación no ha podido confirmar distintos puntos de las afirmaciones que abunden en la veracidad de sus manifestaciones.