Los dos acusados de consumir y difundir propaganda yihadista en redes reconocen los hechos y se declaran culpables

Uno de ellos pide disculpas y da "gracias a Dios de haber entrado en la cárcel" para darse cuenta de sus errores

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Los dos acusados de consumir propaganda de Estado Islámico (DAESH) y de difundir contenidos yihadistas en redes sociales han reconocido este lunes en el juicio que se ha celebrado contra ellos en la Audiencia Nacional los hechos y se han declarado culpables, aceptando un año y tres años de prisión respectivamente.

"No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pido disculpas; ignorando lo que estaba haciendo, ignorando las consecuencias, aquí estoy. Gracias a Dios de haber entrado en la cárcel para saber que lo que estaba haciendo era incorrecto", ha asegurado Mohamed B., que finalmente ha aceptado tres años de cárcel en lugar de los siete años y medio que la Fiscalía pidió inicialmente por un delito de captación y adoctrinamiento terrorista.

En su turno de última palabra el propio Mohamed B. ha explicado que en los 32 años que lleva en Cataluña nunca había utilizado las redes sociales porque su trabajo no le dejaba tiempo libre para tal fin. Sin embargo, en los últimos años le "vino la idea de entrar" a distintos grupos de Facebook para "pasar tiempo hasta" que le diera sueño.

El segundo condenado, Francisco C., también ha reconocido los hechos que se le imputaban en el escrito de acusación del Ministerio Público y se ha conformado con un año de prisión, una rebaja respecto de los tres años y medio de cárcel solicitados en principio por un delito de auto adoctrinamiento terrorista.

EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación tuvo su punto de partida en 2018 al detectar la Policía Nacional un grupo denominado "El Califato permanecerá" en la aplicación de mensajería Telegram. La Comisaría General de Información descubrió que estaba enfocado a la difusión de propaganda en castellano sobre la organización terrorista DAESH.

En dicho grupo de Telegram, los agentes de la Policía se percataron de que uno de los usuarios, con pasaporte cubano, planeaba, según el escrito fiscal, atentar contra una cafetería en Bogotá, la capital colombiana, entre cuya clientela estaba el personal de la Embajada de Estados Unidos en el país sudamericano.

La Policía dio aviso tanto a Colombia como a Estados Unidos y, en una operación a tres bandas, se efectuó el arresto de esta persona en Bogotá. A partir de ahí es cuando la Fiscalía General de Colombia comunicó a España la existencia de una célula vinculada a DAESH que estaría coordinada para llevar a cabo atentados en suelo español.

CONTACTO DESDE COLOMBIA

El análisis de los efectos incautados al detenido en Colombia reveló que había pedido por Telegram colaboración para sus planes y que mantuvo contactos con Mohamed B y Francisco C., con quien se habría mensajeado por primera vez el 19 de febrero de 2018, cuando Francisco C. le contó "de forma espontánea" que vivía en España.

Un año después, el 30 de abril de 2019, el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional dio su autorización para que un policía, operando de forma encubierta, se registrara en Telegram para conversar con Francisco C. y descubrió que éste estaba suscrito a un grupo, con nombre en árabe y más de 4.000 miembros, dedicado a la compraventa de armas y material militar, además de teléfonos, coches, motocicletas, muebles, ordenadores o tabletas.

Días después, el 9 de mayo, el policía encubierto entabló una conversación con el acusado "acerca del Islam en general y de temas intrascendentales en un inicio". En el intercambio de mensajes, Francisco C. aseguró "ser converso" al credo musulmán desde "hace un año" y dijo que prefería no tener una estética salafista "para poder pasar desapercibido entre sus conocidos", describe la Fiscalía.

En el transcurso de las conversaciones, el agente encubierto le preguntó si había pensado alguna vez en pasar a la acción, a lo que Francisco C. respondió que quería "acabar con católicos y judíos" e invitaba "abiertamente" a atentar contra una sede del colectivo LGTBI en Las Palmas, para lo cual solicitaba "ayuda material".

Las pesquisas llevaron a la entrada y registro en la vivienda del acusado, donde la Policía intervino su teléfono móvil, en el que se encontraron una serie de audios e imágenes sobre ejecuciones del DAESH, juramentos de lealtad a la organización terrorista o sobre armas, material de guerra o accesorios de la "yihad virtual". Todo giraba en torno a una "visión radical" de la religión islámica.

Por su parte, Mohamed B. fue localizado en 2019 y posteriormente detenido a raíz, también, de la infiltración de un policía en las redes. Una vez registrado su teléfono móvil, se descubrió que consumía "regularmente abundante material adoctrinador" disponible en una página web de tintes yihadistas que después el acusado difundía "de manera masiva" por sus perfiles en Facebook y WhatsApp.

"DEJAR EL ISLAM ES LA MUERTE"

Lo hizo, según el escrito del Ministerio Público, "tras haber filtrado, seleccionado y traducido al español los fragmentos que aquel considera idóneos dentro del equilibrio entre material radical para adoctrinar en la yihad y cumplir con las medidas de seguridad que eviten su detección".

Además, la Fiscalía consideraba "constatado" que Mohamed B., como seguidor de la ideología 'takfirí', "la rama más radical del yihadismo", realizó desde las redes sociales y en grupos privados "reiterados llamamientos" a unirse al DAESH y a la yihad, "llegando incluso a justificar las ejecuciones y atentados terroristas".

Entre las publicaciones de Mohamed B., el escrito fiscal incluía algunas como: "El castigo por dejar el Islam es la muerte"; "Los lazos del Islam y las bases son tres (...): Quien abandone a uno de ellos se convierte en un 'kaffir' y está permitido su sangre", o: "El terrorista es el luchador por la libertad de otro hombre".