El emérito asiste al funeral de Isabel II en Reino Unido, único país donde aún tiene un frente judicial abierto

La Justicia británica tiene en sus manos una demanda de Corinna Larsen contra Juan Carlos I por presunto acoso

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rey emérito, Juan Carlos I, atenderá la invitación cursada por la Casa Real británica para asistir al funeral de la reina Isabel II previsto para este lunes en Reino Unido, el único país donde aún tiene un frente judicial abierto debido a la demanda presentada por su ex amante, Corinna Larsen, que le acusa de haberla acosado y le reclama una indemnización económica por ello.

La empresaria acudió a la Corte Suprema de Londres en diciembre de 2020 para formular una demanda donde acusa al ex monarca y a los servicios secretos españoles de hostigarla desde 2012 mediante amenazas, difamación y hasta una "vigilancia ilegal".

Según el relato de Larsen, el acoso habría comenzado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido, primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios.

Asegura que esta situación le provocó "gran angustia, ansiedad, privaciones de sueño y preocupación por su propia seguridad física y la de sus hijos" y un daño reputacional, de ahí que exija al ex jefe de Estado una reparación por los gastos médicos en los que incurrió por salud mental y por los costes de contratar "medidas de seguridad personal" y expertos en comunicación para reparar su imagen pública.

Los abogados del rey emérito no solo negaron las acusaciones vertidas por Larsen sino que advirtieron a la Justicia británica de que carecía de competencia para conocer de cualquier procedimiento relativo a Juan Carlos I, alegando que gozaba de inmunidad por razón del cargo.

En un primer movimiento, el juez Matthew Nicklin dio vía libre para que la demanda continuara su curso, al rechazar los argumentos de Don Juan Carlos determinando que no posee inmunidad alguna desde su abdicación.

Nicklin razonó que, si bien "ha disfrutado de cierto estatus y privilegios" y sigue formando parte de la Familia Real española con el "estatus especial y sin precedentes de rey emérito", es igualmente claro que "solo hay un rey y jefe de Estado en España y, desde el 19 de junio de 2014, ese es su hijo, el rey Felipe VI".

PODRÁ APELAR POR LA PRESUNTA IMPLICACIÓN DEL CNI

El equipo jurídico de Juan Carlos I manifestó entonces su deseo de recurrir la decisión de Nicklin, propiciando así una nueva vista que se celebró el pasado 18 de julio. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones británico autorizó al ex jefe de Estado a impugnar pero solo en base a tres de los cinco motivos que esgrimía.

El juez Peter Jackson descartó que el rey emérito sea inmune como miembro de la Casa Real porque "no juega ningún papel" de apoyo al trabajo de Felipe VI, pero observó que, de la presunta implicación del CNI en los hechos denunciados por Larsen, podía deducirse alguna maniobra de Don Juan Carlos por su "capacidad pública".

En este contexto, resta ahora que el ex monarca presente formalmente su apelación, si bien Jackson ya avisó de que aunque tenga éxito no tiene por qué ser "fatal" para Larsen, ya que ésta pone encima de la mesa "actos de acoso posteriores a la abdicación" respecto a los cuales no cabría apreciar inmunidad.

Con todo, el proceso se encuentra en una fase embrionaria donde aún hay que dilucidar si el rey emérito es inmune ante la Justicia británica y, en su caso, respecto a qué hechos antes de que la demanda pueda avanzar.

INVESTIGACIONES ARCHIVADAS

La acción judicial de Larsen es el último asunto pendiente de Juan Carlos I en los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción archivó las tres líneas de investigación que mantenía abiertas sobre su patrimonio personal, las referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, al supuesto uso de tarjetas 'black' sufragadas por un empresario mexicano, y a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey.

En la primera línea, Anticorrupción indagaba si Don Juan Carlos cobró en 2008 una comisión de unos 65 millones de euros por intermediar para que el AVE a La Meca recayera en un consorcio español, pero concluyó que los posibles delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y cohecho estarían prescritos o amparados por la inviolabilidad de la que el ex monarca disfrutó hasta su abdicación.

En Suiza, el fiscal Yves Bertossa también archivó sus pesquisas por presunto blanqueo contra cinco personas --ninguna el rey emérito-- por los 65 millones de euros depositados en la Fundación Lucum. En su caso, consideró acreditado que Juan Carlos I recibió ese dinero vía Lucum y que después se transfirió a Larsen, advirtiendo en este trasiego una "voluntad de ocultación".

Sin embargo, Bertossa acordó cerrar el caso explicando que sus averiguaciones no habían permitido establecer "un vínculo suficiente" entre el dinero depositado y los contratos para la construcción del tren de alta velocidad a la ciudad saudí.

REGULARIZACIONES FISCALES

Con la segunda línea, la Fiscalía puso el foco en el dinero que Allen Sanginés Krause, empresario mexicano amigo de Juan Carlos I, usó entre 2016 y 2019 para costear "gastos particulares" del otrora jefe de Estado "o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados". El Ministerio Públicó determinó que no hubo contraprestación alguna por esos pagos, por lo que los calificó de donaciones.

No obstante, Anticorrupción indicó que tras la regularización efectuada por el rey emérito ante el fisco español no cabía apreciar ilícito porque "la cuota de cada una de las donaciones es notablemente inferior a los 120.000 euros, elemento inexcusable del delito contra la Hacienda Pública".

Posteriormente, el antiguo soberano una segunda declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria por el dinero usado por la Fundación Zagatka --propiedad de Álvaro de Orleans-- para pagar gastos suyos, especialmente viajes en aviones privados, un asunto que el Ministerio Fiscal no llegó a investigar.

Por último, sobre el 'trust' creado en 2004 en la isla británica de Jersey con 10,2 millones de euros, la Fiscalía estableció que, si bien el dinero tiene "una indudable conexión con quien fuera jefe del Estado", porque bebe de otros constituidos en los años 90 por personas próximas a él, "no existe indicio alguno" que permita vincular a Don Juan Carlos con dicho fondo porque no consta que haya sido beneficiario ni que haya tenido capacidad de gestión sobre el mismo.