La empresa de armas DEFEX asegura en el juicio que el Estado apoyaba los presuntos contratos irregulares en Camerún

Destaca su papel en la estrategia de defensa nacional aprovechando la presencia en el tribunal del magistrado y exministro Campo

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa semipública de armamento DEFEX ha pedido este miércoles no estar entre los acusados del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades para conseguir adjudicaciones en Camerún, al considerar que estaría exenta de culpa porque los contratos investigados son anteriores a la introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas en el Código Penal, a la par que ha asegurado que el Estado apoyaba esas ventas.

Su abogado ha solicitado la nulidad del auto de apertura de juicio oral señalando que DEFEX, en proceso de disolución desde 2017 por supuestos casos de corrupción, está "exenta de responsabilidad en el momento de la vigencia de los hechos sometidos a acusación".

Para DEFEX, de los cinco contratos objeto de acusación en este primer juicio, tres fueron previos a finales de 2010, cuando entró en vigor la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El abogado ha añadido que los otros dos contratos fueron antes de 2015, año en el que se dio una nueva redacción al artículo en cuestión y que hasta entonces libraba al Estado, las administraciones públicas y las sociedades mercantiles estatales que ejecutaran funciones públicas de interés para la economía general.

Su defensa, en el trámite de cuestiones previas, ha hecho hincapié precisamente en su papel como "sociedad estatal mercantil que ejecuta políticas públicas de interés para la economía general".

"Contaban con la garantía del Estado español, que estaba detrás de estos contratos, apoyaba a obtener los seguros y la financiación necesaria para el desarrollo de estas ventas y de estos proyectos, daba apoyo logístico y, lo que es fundamental, la imagen de que el Estado estaba detrás de esa comercialización", ha señalado.

SEGURIDAD NACIONAL

La defensa de DEFEX ha argumentado en el inicio del juicio que la empresa semipública participaba en "impulsar la industria nacional armamentística y de material de defensa, dinamizando e incentivando la actividad comercial" en un "sector estratégico", lo que "redunda", ha dicho, "en beneficio de la propia seguridad nacional".

Además, ha aprovechado que en el tribunal está el magistrado Juan Carlos Campo, ministro de Justicia entre 2020 y 2021, para recalcar la repercusión de esta empresa en la estrategia española de defensa desde 1972, logrando contratos como la iluminación y seguridad de las pirámides de Egipto, bajo investigación en otra pieza del caso.

"Contamos en esta sala con un ilustre magistrado que ha participado de las deliberaciones del Consejo de Ministros y bien conocedor, observador cualificado, de lo que representa para un Estado en política exterior e interior lo que es la estrategia de defensa nacional", ha expuesto al mencionar al exministro.

Y ha incidido en que dentro del consejo de administración de esta empresa tienen cabida ministerios como Exteriores, Industria, Defensa o Interior, y ha interesado que se la retire del banquillo y pueda ejercer como acusación particular, como perjudicada, indicando que una nueva dirección descubrió los presuntos hechos delictivos.

Como petición alternativa para el caso de que el tribunal no acepte la nulidad completa, DEFEX ha solicitado que se excluyan los tres contratos previos a la reforma del Código Penal de 2010.

Su abogado ha reclamado a su vez que se elimine la acusación de blanqueo de capitales, subrayando que la ley "excluye o limita" la responsabilidad penal a las organizaciones criminales. "El resto de personas jurídicas, como DEFEX, están excluidas", ha defendido.

ENTRE 18 Y 23 AÑOS DE CÁRCEL

La Audiencia Nacional sienta desde hoy en el banquillo a la empresa semipública y a su ex director comercial Manuel Iglesias por la presunta contratación y facturación desarrollada para conseguir contratos públicos de forma irregular en Camerún a través del pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios de ese país.

Por estos presuntos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicita que sean condenados a penas de entre 18 y 23 años de cárcel el antiguo director comercial de DEFEX y otros dos procesados, el presidente de la mercantil Grupo Aresa Internacional, Óscar López, y el director comercial de Deimos Space SLU, Francisco Luque.

Son juzgados por presuntos delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y falsedad documental en esta pieza del denominado 'caso Defex', que tiene pendiente la celebración de otros juicios por prácticas corruptas en Angola o Arabia Saudí.

Como en otros capítulos del 'caso DEFEX', se habría implantado el pago de comisiones, dádivas y regalos a intermediarios y funcionarios del país para asegurarse la adjudicación de contratos. Esto en un contexto en que la compañía carecía de "cualquier sistema interno de organización, supervisión y control de las actuaciones de sus directivos que conllevaban un compromiso de ingreso o gasto económico para la mercantil pública", según el Ministerio Fiscal.

Aquí se trata de los contratos firmados en Camerún entre 2005 y 2013, cuando el agente comercial de DEFEX Philippe Bourcier, con la participación "principal y determinante" de Manuel Iglesias como director comercial, hacía de intermediario para abonar las presuntas mordidas a través de siete empresas 'fantasma' con cuentas en Suiza, Reino Unido y la república africana con tal de lograr los contratos.

Según Anticorrupción, Bourcier, fugado de la Justicia, movía así el dinero tanto a su propio bolsillo como a autoridades y funcionarios de Camerún y otros países como Senegal, Gabón y Argelia, y lo ocultaba mediante contratos de prestación de servicios y de representación entre DEFEX y sus sociedades instrumentales.

El escrito destaca el papel "decisivo" que tuvo para la obtención y ejecución de los contratos públicos con las autoridades de Camerún el contralmirante Pierre Njine Djonkam, "destinatario de regalos, viajes, estancias hoteleras y gastos de cirugía estética" para su mujer que Iglesias definiría en un correo electrónico como "recauchutado", todo a cuenta de la empresa semipública.

Uno de los contratos, que fue para un servicio de vigilancia costera por 99,3 millones de euros, se habría aprobado en un acuerdo entre Iglesias y el ministro de la Presidencia y responsable de la defensa de Camerún, Alain Mebe Ngo'o, con la intermediación del mencionado contralmirante, que es quien habría negociado la letra pequeña. Sólo en uno de los tramos del proyecto, Iglesias habría acordado con Bourcier comisiones superiores a los cinco millones.

Fue en enero de 2019 cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propuso juzgar a la empresa de venta de armamento y a los citados acusados. Los hechos investigados se centran en contratos sobre repuestos para vehículos, sistemas de vigilancia, material antidisturbios y armamento de patrulleras.