Un empresario dice que era normal que Rato facturara con una sociedad como conferenciante porque contaba con un equipo

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El propietario de una agencia de conferenciantes con la que estuvo vinculado el exministro de Economía Rodrigo Rato ha señalado este martes ante el tribunal que si bien les facturaba por medio de la sociedad denominada Arada, de la que Fiscalía sospecha que tenía un papel importante en el entramado societario para "difuminar" el origen de su patrimonio, esto era habitual en personalidades que contaban con un equipo de apoyo para preparar sus intervenciones en foros por todo el mundo.

Pedro Díez, administrador de esa agencia denominada BCC, ha razonado así a preguntas de la defensa Rato en esta 11 sesión del juicio contra el que fuera vicepresidente del Gobierno de José María Aznar por el incremento presuntamente ilícito de su patrimonio. El testigo, que llegó a estar imputado en instrucción, ha apuntado que fue la secretaria de Rato, Teresa Arellano, quien les contactó a finales de 2007 para que llevaran todo el asunto de conferencias del que había sido también director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Díez ha explicado que en torno al 50 por ciento de las personas que contratan con su agencia, que se dedica a ofrecer a esos conferenciantes a los distintos eventos que se organizan, suelen facturar sus charlas por medio de sociedades interpuestas y no de forma personal. "Antes se hacía más, ahora en torno al 50 por ciento", ha explicado.

Al hilo, ha señalado que le consta que en el caso de Rato tenía un equipo de apoyo porque mantuvo varias reuniones con ellos para hablar de propuestas de conferencias en multitud de países como México, Perú, Turquía o Qatar. "Piense que Rato en aquellos años no era invitado a impartir conferencias por ser político español sino por haber sido director gerente del FMI, y tenía gran conocimiento del mundo económico (...) en todos los países y sectores", ha apostillado.

Así, ha indicado que estaba justificado que contara con un equipo y que por tanto facturara a través de esa sociedad, Arada, porque "sería imposible que pudiera preparar conferencias tan dispares en ubicaciones geográficas tan distantes sin un equipo que hiciera trabajo previo de elaboración de contenido y continente de esa conferencias".

Cabe recordar que Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que las comisiones que podría haber cobrado Rato fruto de los contratos de publicidad de Bankia habrían sido recibidas en una cuenta de la sociedad Kradonara y posteriormente transferidas a las cuentas de Bagerpleta --empresa relacionada con el hotel de Berlín del que en parte era propietario-- y de Arada.

Sobre esa sociedad, Díez ha aclarado que en ningún momento llegó a firmar contrato con ella porque el exministro se negó a darles la exclusividad de su representación como conferenciante.

Por otro lado, Díez también ha sido preguntado por una sociedad británica en la que él aparecía junto a Rato como propietario. Ha indicado que surgió la oportunidad de asesorar a un fondo de inversión inmobiliaria inglés junto al exministro y que les obligaban a tener esa mercantil. Pero esa sociedad duró días, ha señalado, porque estalló el caso de 'las tarjetas black' y Rato decidió no seguir con ese asunto porque su imagen no ayudaría al fondo.

AUDITORÍA INFORMÁTICA

Este martes también han declarado dos funcionarias de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria que estuvieron presentes en las entradas y registros en 2015 en varios domicilios y sedes relacionadas con la causa.

A preguntas de las partes, han explicado que su trabajo era meramente técnico y consistió en auxiliar como auditoria informática en el volcado de los diferentes dispositivos que se consideraron relevantes por parte de los investigadores. Las defensas de Rato y del asesor fiscal Domingo Plazas han tratado de buscar posibles fallos en su trabajo y en el cumplimiento del protocolo de incautación o en la cadena de custodia sobre lo intervenido.

En este sentido, ambas han coincidido en explicar que siempre se trató de volcar lo intervenido en el propio lugar del que se tomaba el dispositivo y que cuando no fue posible se lo llevaron incautado, pero siempre con conocimiento del Letrado de la Administración de Justicia.

La primera de ellas ha indicado reiteradamente que su función era hacer un volcado total y en ningún momento debía seleccionar o segregar los archivos que se llevaban porque ese expurgo era posterior a su trabajo. "Solo nos limitamos a quitar archivos de programa y librerías, ficheros que no son creados por el investigado, porque nosotros no tenemos acceso al expediente", ha subrayado.

Sobre el proceso que siguen los archivos volcados, ha explicado que una vez en poder de los informáticos, los archivos se tratan con una "herramienta forense" --"esa herramienta lee la información, extrae los ficheros y los indexa para poder hacer búsquedas"-- y luego se pasa a la Oficina de Peritación Judicial.

En principio, en el día de hoy se iba a tomar declaración en calidad de testigo a la inspectora jefe de la Oficina nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, si bien no ha podido comparecer por enfermedad y su interrogatorio tendrá lugar el 30 de enero.