El empresario gallego Gerardo Crespo creó una red de "sedes fantasma" en España para captar ayudas públicas

A través de sus asociaciones, se compraban listados de autónomos por Internet para lograr "representatividad"

LA CORUÑA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El empresario coruñés Gerardo Crespo, imputado, junto a otras seis personas, en una supuesta trama de fraude en cursos para captar subvenciones públicas, creó una red de "sedes fantasma" en todo el territorio español para captar subvenciones públicas, según concluyen los investigadores de la denominada 'Operación Zeta'.

Así se recoge en el sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se señala que, en la mayoría de las asociaciones creadas por Gerardo Crespo, y vinculadas con la discapacidad, "no existen afiliados reales".

"Se compran listados de datos de autónomos por Internet para sumar afiliaciones, se le dota de un engranaje que le da apariencia de legalidad y se crean sedes ficticias por todo el territorio nacional", resumen los investigadores sobre el funcionamiento, entre otras, de la Asociación de Trabajadores de Discapacitados de España (Atrade) que, al igual que Fundefo, Azetanet o AED, presidía Crespo.

En concreto, señala que esta asociación contaba con 27 contratos de alquiler de sedes en distintas ciudades españolas. De ellas, en unos casos, no había contrato y, en otros, pagaba 300 euros anuales a otras academias para que el centro figurase como sede de la asociación, según se recoge en el sumario.

Al respecto, los investigadores señalan que constaban "teléfonos y personas de contacto gestionados desde una misma oficina de la nave de Azetanet -empresa de consultoría y formación de Gerardo Crespo con sede en A Coruña-, todo para recaudar fondos a través de subvenciones públicas estatales y autonómicas", recalca.

"REPRESENTATIVIDAD NACIONAL"

En el sumario, se apunta también a la "falsificación de facturas" para justificar estos alquileres, todo con el objetivo, según insiste, de obtener "representatividad nacional". Como dato, señala que Atrade tenía "12.000 socios", aunque empleados de Crespo, en conversaciones telefónicas intervenidas durante la operación, admiten que este número es "mentira".

Para incrementar las afiliaciones, indican también que "en otras ocasiones se opta por la firma de convenios de colaboración con asociaciones de autónomos de reducido tamaño, dirigidas por amigos o conocidos".

Una de estas asociaciones cuenta solo con dos personas dadas de alta en la Seguridad Social, según señalan también los responsables de la investigación. En concreto, apuntan que se trata de la mujer de Crespo y de la persona que tienen como empleada de hogar.

"INFLUIR" EN AUTORIDADES O FUNCIONARIOS

El sumario recoge también, a través de las escuchas telefónicas, los contactos de Crespo con miembros del PP o con responsables de la Consellería de Traballo e Benestar.

Así, en base a estas conversaciones, afirman que queda "patente" que el empresario "ha intentando influir en autoridades o funcionarios públicos para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico", dice sobre las planes de formación subvencionados y otros programas.

Entre otros casos, cita conversaciones con personas cercanas al alcalde de A Coruña, Carlos Negreira. "Parece que tras las presiones efectuadas por Gerardo en el ayuntamiento, se ha dado orden para que en Cultura se le vuelva a invitar a los procedimientos de adjudicación", señalan los investigadores, quien inciden en el "peso" del empresario en el PP.

SUBVENCIONES DE FUNDEFO

Solo Fundefo, -otra de las empresas vinculadas al empresario coruñés, imputado por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones y/o estafa, malversación de caudales públicos y otros delitos conexos-, recibió un total de 8 millones de euros de subvenciones públicas en seis años.

En concreto, obtuvo de la Xunta 3,1 millones de euros en "subvenciones/adjudicaciones". A esta cuantía, se suman cantidades recibidas de las comunidades autónomas de Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Asturias, Castilla-León, Navarra, Canarias o Madrid "en otros cinco millones" entre 2008 y 2012.