ERC pide la devolución al Gobierno de la nueva Ley de Memoria Democrática

Quiere reconocer el derecho a la "reparación" a las víctimas, con compensaciones económicas y anular todos los juicios políticos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana, habitual aliado del Gobierno en el Congreso, ha presentado una enmienda de totalidad a la Ley de Memoria Democrática por considerar que la norma que busca ampliar la norma vigente desde 2007 es manifiestamente insuficiente y ha presentado un texto alternativo para que sea el que se tramite.

El grupo que ahora capitanea Gabriel Rufián, ya votó en contra entonces de la ley auspiciada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y sostiene que la decisión del Ejecutivo de coalición de modificar aquella norma les ha dado la razón.

Pero el nuevo texto, redactado bajo mandato de la exvipresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, aunque el Consejo de Ministros lo aprobó tras su cese el pasado de julio, tampoco convence a los miembros de ERC, que intentarán sea sustituido por su propia norma.

COMPENSAR A LOS REPRESALIADOS

En concreto, en su texto alternativo, al que ha tenido acceso Europa Press, ERC plantea reconocer a "cualquier perjuicio económico o patrimonial sufrido por personas físicas o jurídicas" y el derecho a su "reparación".

Así, abogan por obligar al Gobierno a "restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales, requisados a las personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones, a cuyo favor se reconozca la reparación, o a sus familiares", ya sea mediante la devolución del bien o compensando su valor económico en la actualidad.

HOMENAJES A REPRESALIADOS HASTA 1982

También cuantifican en 135.000 la indemnización que quieren que se pague a las personas beneficiarias de quienes "fallecieron o desaparecieron por la represión franquista, a manos de funcionarios del Estado u organizaciones paramilitares, hasta el 27 de diciembre de 1978".

Además, da un año al Gobierno para presentar un estudio sobre la represión contra las "personas y colectivos que lucharon por los valores democráticos y los derechos nacionales, entre los años 1975 y 1982, perpetrada por funcionarios el Estado y organizaciones paramilitares" y que después estudie hacerles homenajes y posibles vías de reparación.

La ley también obliga a la celebración de homenajes personas quefueron "perseguidas por destacarse en la lucha democrática a favor de un Estado descentralizado y de la afirmación nacional de sus territorios", así como a otros colectivos como los fusilados, presos, exiliados o las mujeres por su especificidad como víctimas de la represión.

ERC demanda, asimismo, reconocer jurídica y moralmente la "lucha por la democracia" de los 'maquis' y de todas las personas que formaron parte de organizaciones y guerrillas antifranquistas, con indemnizaciones económicas incluidas. Para los brigadistas internacionales reclama distinciones oficiales.

RECONOCER LA TRICOLOR COMO PROPIA

El texto de los independentistas persigue reconocer por ley a la II República como "un Estado democrático y de derecho, precursor del presente sistema político", así como reconocer "sus leyes y símbolos como propios e históricos", y dejar claro que lo que ocurrió el 18 de julio de 1936 fue una sublevación de parte de "un grupo de oficiales, jefes y generales del ejército contra sus manos y el Gobierno de la República".

Además, incluyen un artículo para que, "en virtud de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad, el Gobierno dé "apoyo económico y jurídico a las reclamaciones que por este motivo formulen ciudadanos, entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la dictadura franquista".

La ley que defienden los republicanos también contempla declarar ilegales los tribunales creados durante la Guerra Civil para imponer condenas por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, así como todas su resoluciones, en especial las sentencias de los consejos de guerra, del Tribunal de Orden Público, entre otros.

CERTIFICADO ESPECÍFICO SOBRE COMPANYS

En el caso del presidente de la Generalitat Lluis Companys fusilado tras un consejo de guerra, la norma prevé que el presidente del Gobierno entregue la certificación correspondiente de nulidad al presidente catalán.

ERC propone la aprobación de "sentencias de nulidad" por parte de tribunales militares, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de Justicia y otorgar derecho a pedirlas a los afectados, sus familiares o las administraciones públicas si los represaliados habían desempeñado una actividad o cargo relevante en las mismas.

El texto incluye otro artículo para que en un año las administraciones invaliden todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de adeptos al régimen, así como de condecoraciones concedidas por "hechos de colaboración con el franquismo" o vulneración de los derechos fundamentales.

ENMIENDAS DEL PP Y VOX

Por todo ello, ERC pide la devolución del texto al Gobierno, algo que también han hecho Vox y el PP, aunque por motivos diametralmente opuestos.

TOTALITARIA Y REVANCHISTA

En su enmienda, recogida por Europa Press, Vox señala que el proyecto del Gobierno es una ley "totalitaria" que "impone una versión sectaria y distorsionada de la Historia y "divide a los españoles --tanto a los de 1936 como a los de 2021-- en buenos y malos".

También alega que esta norma alienta "un espíritu revanchista que suprime el de magnanimidad y perdón recíproco que presidió la Transición" y que, además, "pone en peligro derechos fundamentales , como las libertades de pensamiento, expresión, asociación, educación y religiosa".

El presidente del PP, Pablo Casado, ya había anunciado también su intención de derogar la Ley de Memoria si llega al Gobierno y de sustituirla por una Ley de Concordia que, al parecer, ya tiene redactada, pero que no ha presentado como texto alternativo.

En coherencia con esa tesis, el primer partido de la oposición ha registrado también enmienda de totalidad para que el Congreso no tramite la ley del Gobierno de Pedro Sánchez. Los 'populares' justifican su decisión en que se trata de una norma "innecesaria" y guiada por "un espíritu de confrontación entre españoles".