MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha propuesto a sus homólogos europeos la revisión de las sanciones de la UE a Venezuela a la luz de los avances registrados en el diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
Albares ha formulado esta propuesta durante el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado en Luxemburgo, planteando que los Veintisiete estudien "la revisión de las sanciones de la Unión Europea a Venezuela en línea con las recientes decisiones de Estados Unidos en ese sentido y vista la evolución positiva del diálogo entre venezolanos".
El ministro se refería con ello al acuerdo alcanzado la semana pasada en Barbados por el Gobierno y la Plataforma Unitaria que aglutina a los principales partidos opositores de cara a la celebración de elecciones presidenciales en la segunda mitad de 2024, el cual entre otras cosas recoge "el derecho de todo partido político a elegir a su candidato para las elecciones presidenciales de forma libre y conforme a sus mecanismos internos".
A raíz de dicho acuerdo, Estados Unidos anunció el levantamiento temporal de algunas sanciones impuestas al sector petrolero venezolano, tras lo cual Caracas procedió a la liberación de cinco prisioneros políticos, entre ellos el exdiputado Juan Requesens y el periodista Roland Carreño.
Según ha dicho Albares, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, "ha estado de acuerdo" con su solicitud y ha avanzado que llevará "ese estudio de revisión" a un próximo Consejo de Asuntos Exteriores.
Ya en julio, durante la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), Borrell ya había hecho saber que la UE estaría dispuesta a aliviar las sanciones siempre y cuando se produjeran avances hacia la celebración de unos comicios "inclusivos" y "democráticos".
Actualmente, la UE mantiene un embargo de armas y de todo material que pueda emplearse para la represión interna en Venezuela así como la prohibición de viaje y la congelación de bienes a 55 responsables venezolanos de abusos de los Derechos Humanos y de haber lastrado la democracia y el Estado de derecho en el país